Primera modificación presupuestaria
Isabel Pérez • 4 de diciembre de 2025
El Gobierno de Marbella aprobó una modificación presupuestaria para pagar obras de la Junta con informes desfavorables de Intervención.
Marbella. -
La disputa política en Marbella vuelve a girar en torno a quién paga realmente las infraestructuras esenciales y cómo se comunica a la ciudadanía.
Isabel Pérez (PSOE) ha reabierto la crítica al equipo de gobierno del Partido Popular, ahora centrado en una modificación presupuestaria de casi 5MM€ para destinarlos a actuaciones como el aparcamiento del Albergue África o la climatización de los colegios, obras que deberían ser asumidas por la Junta de Andalucía, porque es su competencia.
La portavoz socialista acusa al Ayuntamiento de “falta de rigor y transparencia” y sugiere que el anuncio de nuevas inversiones es más un ejercicio de marketing que una disponibilidad real de recursos.
El Ayuntamiento presume de que ahora hay más dinero para obras, pero la realidad es que ese dinero no está disponible, se trata de una venta de humo a la ciudadanía”.
El fondo del argumento es sencillo: el Consistorio está asumiendo obras que corresponden a la Junta de Andalucía. Se trata de un conflicto de competencias que no es nuevo: aparcamientos, climatización de colegios y la futura sede del SAE son actuaciones que, según la líder socialista, deberían financiarse desde Sevilla.
En este sentido, Pérez ha recuperado declaraciones de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, para subrayar incoherencias, señalando que en 2009 la señora Muñoz exigía el traslado de los colegios Gil Muñiz y El Carmen al Albergue África, “un proyecto que ahora mismo ha olvidado”. La propia Muñoz reclamó estas infraestructuras educativas en el Parlamento andaluz, “y fue también la propia alcaldesa quien pidió la climatización de los centros al ejecutivo autonómico”.
El episodio también pone de relieve un tema más estructural: la supervisión técnica. El señalamiento a “informes desfavorables de Intervención” introduce una dimensión institucional relevante.
Las advertencias de los órganos de control no son vinculantes, pero sí marcan los límites entre una gestión prudente y una que bordea la elasticidad presupuestaria.
Que el equipo de gobierno las ignore —o les reste importancia— es un gesto que puede leerse como confianza en su hoja de ruta… o como un riesgo calculado.
El clima general es el de una confrontación previsible: la oposición denuncia improvisación y propaganda; el gobierno municipal se presenta como impulsor de obras necesarias. Pero detrás del litigio dialéctico late un problema más profundo: la falta de una estrategia interadministrativa coherente que evite que cada proyecto se convierta en arma arrojadiza. Y en ese terreno, la ciudadanía queda atrapada entre relatos contrapuestos mientras observa cómo los plazos, los costes y las responsabilidades se desplazan de un despacho a otro.
En última instancia, el debate en Marbella no es excepcional; es un microcosmos de la política territorial española, donde las competencias compartidas o difusas son terreno fértil para el conflicto, y donde la narrativa —más que la contabilidad— suele determinar quién gana la batalla del día.
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