Sierra de las Nieves
José Miguel Marín • 16 de diciembre de 2025
Sierra de las Nieves adapta sus estatutos a la nueva realidad del Parque Nacional.
Istán. -
Cuando la Sierra de las Nieves fue declarada Parque Nacional, el reconocimiento no sólo elevó el valor ecológico de uno de los últimos refugios del pinsapo en Europa; también obligó a repensar la manera en que sus pueblos se organizan para convivir con un espacio natural de máxima protección.
Esta semana, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves dio un paso decisivo en esa dirección al aprobar una actualización jurídica que busca adaptar la institución a la nueva realidad del parque y convertirla en una herramienta clave para el desarrollo sostenible de la comarca.
La Mancomunidad, que agrupa a ocho municipios —Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera— abre ahora la puerta a la incorporación de otras localidades vinculadas al Parque Nacional o a su zona periférica de protección, entre ellas Ronda, Benahavís, Igualeja o Parauta.
La ampliación, además de territorial, también es política ya que se busca construir una gobernanza común para un espacio que trasciende los límites municipales.
Para José Miguel Marín, presidente de la Mancomunidad y alcalde de Istán, la declaración del Parque Nacional impulsó el que nos adaptemos a su marco estatutario para estar a la altura del reto ambiental, social y económico que se presenta como comarca.
Los nuevos estatutos, reunidos en 48 artículos, establecen como ejes estratégicos la promoción de un desarrollo económico compatible con la conservación, el impulso de un turismo de calidad y bajo impacto, y la protección de actividades tradicionales —como la ganadería extensiva o el aprovechamiento forestal sostenible— que han contribuido durante siglos a preservar el paisaje.
Más allá de los objetivos económicos, la reforma refuerza los mecanismos de cooperación institucional y participación ciudadana.
El texto incorpora fórmulas para coordinar a las administraciones locales con los niveles autonómico, estatal y europeo, y para integrar en la toma de decisiones a asociaciones, empresas locales y propietarios de terrenos dentro del espacio protegido.
“No es solo una actualización administrativa”, resume su presidente. “Es una hoja de ruta para el futuro”.
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