En 2026 se concluirá la segunda fase del Poligono de San Pedro
Ángeles Muñoz y Javier García • 16 de diciembre de 2025
Marbella anuncia un convenio de colaboración para urbanizar la segunda fase del polígono industrial de San Pedro Alcántara.
San Pedro Alcántara. Marbella. -
El acuerdo para culminar la segunda fase del Polígono Industrial de San Pedro Alcántara es el resultado de un proceso largo, marcado por la desconfianza mutua y la presión acumulada de más de cien empresarios que durante años han operado en un entorno sin recepción municipal ni servicios completos.
El convenio aprobado por el Ayuntamiento de Marbella representa, más que una solución técnica, un punto de inflexión político y económico.
El primer encuentro formal entre los empresarios y el Consistorio se produjo cuando ambas partes asumieron que el bloqueo ya no era sostenible. El pasado 25 de septiembre se constituyó en un serio intento de llegar a un acuerdo, pero estuvo marcado por los empresarios reclamando la recepción inmediata del polígono y una mayor implicación económica municipal, mientras que el ayuntamiento no fue a una negociación sobre el “si”, sino sobre el “cómo” y, sobre todo, el “quién pagaba”.
Para los propietarios, el limbo jurídico era una anomalía intolerable, un freno directo a la inversión, al acceso a la financiación y a la transmisión de activos, mientras que para el ayuntamiento, la existencia de un polígono industrial inacabado desde los años noventa erosionaba el discurso institucional de ordenación y modernización urbana.
El punto de giro llegó cuando ambas partes coincidieron en un diagnóstico compartido: sin una entidad que representara a los propietarios, cualquier solución sería inviable. La constitución de una entidad urbanística se convirtió así en la condición previa para desbloquear el proceso.
Para los empresarios, suponía aceptar una mayor corresponsabilidad financiera y de gestión; para el ayuntamiento actuar como interlocutor único y garantía de ejecución ordenada.
La inversión, cercana a los tres millones de euros, se reparte de forma proporcional entre los propietarios, con el ayuntamiento asumiendo su parte como titular de suelo y comprometiéndose además a inversiones estratégicas en saneamiento y abastecimiento. No hay rescate público ni delegación total en el sector privado, sino un modelo híbrido que reparte riesgos y responsabilidades. Desde el punto de vista empresarial, el pacto implica asumir costes ganando seguridad jurídica.
La recepción definitiva del polígono permitirá revalorizar las parcelas, normalizar licencias, facilitar operaciones de compraventa y atraer nuevas actividades. Es una apuesta a medio plazo en un entorno económico que hasta ahora penaliza la estabilidad.
El ayuntamiento resuelve una anomalía urbanística de más de veinte años y cierra un expediente incómodo, además de reforzar la imagen de gestión eficaz.
El proceso, sin embargo, ha dejado una lección clara: el desbloqueo no llegó por un gesto unilateral, sino por la convergencia de intereses tras años de desgaste.
Ahora queda el resultado del examen: cumplir plazos, ejecutar obras y transformar un pacto sobre el papel en un polígono plenamente funcional.
Si en 2026 el área es finalmente recepcionada, el caso de San Pedro Alcántara quedará como ejemplo de cómo la presión del tejido productivo local puede forzar acuerdos institucionales largamente aplazados. Si no, volverá a confirmar que, en urbanismo, los consensos tardíos siempre caminan sobre una línea fina entre la oportunidad y el desencanto.
La segunda fase del Polígono Industrial se sitúa en una parcela de 94.000m² cuyo desarrollo quedó inconcluso tras un proceso iniciado entre 1994 y 2000.
La inversión prevista asciende a 2,87MM€ destinados a completar infraestructuras esenciales como viales, saneamiento, redes eléctricas, abastecimiento de agua y sistemas de gestión de residuos.
Los propietarios de la segunda fase deberán constituirse en una entidad urbanizadora que asumirá la contratación y ejecución de las obras, mientras que el Ayuntamiento participará como propietario del 7% de los suelos y ejercerá la posterior recepción de las infraestructuras.
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