Alegaciones a los presupuestos de Marbella
Manuel Núñez • 17 de diciembre de 2025
Izquierda Unida Marbella presenta nueve alegaciones al presupuesto de la ciudad, por ser irreales y propagandísticos.
Marbella. -
Las nueve alegaciones presentadas por Izquierda Unida a los presupuestos municipales de Marbella para 2026 no funcionan como un catálogo disperso de reivindicaciones sectoriales, conforman una impugnación del modelo de ciudad que el gobierno municipal viene consolidando desde hace años.
El eje central de la propuesta es la vivienda. (1)
La alegación que plantea un plan municipal de vivienda pública con una dotación de 10 millones de euros no se limita a pedir más inversión, sino que introduce una ruptura conceptual: rechaza la venta de suelo público como mecanismo habitual de financiación y propone, en su lugar, que el Ayuntamiento actúe directamente como promotor, para ejecutar directamente la parcelas municipales evitando su venta y el consiguiente encarecimiento de los precios en hasta 30.000 euros por vivienda.
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La financiación mediante un recargo del IBI (150%) a viviendas vacías y al alquiler turístico apunta a una redistribución explícita de cargas, trasladando parte del coste de la crisis habitacional a quienes, según IU, se benefician de ella.
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En paralelo, la modificación de la tasa de basuras introduce un principio poco habitual en la fiscalidad local de Marbella: la progresividad ambiental. Penalizar a las actividades más contaminantes y a las viviendas turísticas supone reconocer que el impacto urbano no es homogéneo y que el modelo económico dominante genera externalidades que hasta ahora han sido asumidas por el conjunto de la población.
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La cuarta gran línea de las alegaciones es la participación ciudadana. La recuperación de los presupuestos participativos con una dotación de 20 millones de euros no es solo una propuesta económica, sino una crítica a la forma en que se toman las decisiones municipales.
IU plantea devolver a la ciudadanía una capacidad de decisión directa sobre una parte sustancial del gasto público, algo que contrasta con un modelo de gobernanza más centralizado y orientado a la comunicación institucional.
Las propuestas en materia social y de equipamientos (5
el centro juvenil municipal y 6
la adecuación del paraje de Puerto Rico como parque periurbano) refuerzan una idea sobre la infrautilización del espacio público como herramienta de cohesión social.
Frente a una ciudad pensada para la inversión y los visitantes, Núñez habla de infraestructuras para la vida cotidiana de residentes jóvenes y familias.
El bloque dedicado a la movilidad (7)
es especialmente revelador. Retomar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y destinar tres millones de euros a reforzar el transporte público implica asumir que el actual modelo, basado en el uso intensivo del vehículo privado, es incompatible con una ciudad en crecimiento.
Finalmente, las dos últimas alegaciones (8)
la reducción de la publicidad institucional y (9)
la eliminación de partidas que corresponden a otras administraciones— funcionan como cierre político.
IU no solo cuestiona en qué se gasta el dinero, sino para qué se utiliza el presupuesto exigiendo menos inversiones ajenas y más atención a competencias propias.
Las nueve alegaciones presentan una alternativa exigente pero coherente, que desplaza el foco del crecimiento económico hacia la redistribución, la sostenibilidad y la participación.
Más allá de su viabilidad inmediata, el valor de la propuesta reside en obligar al gobierno municipal a responder si los presupuestos de Marbella están diseñados para gestionar una ciudad real o para sostener una imagen.
Las alegaciones de Izquierda Unida no buscan tanto corregir cifras como disputar el relato de éxito sobre el que se construye la cuenta municipal.









