Un restaurante sin licencia de apertura, sin canon...
José María García Urbano • 22 de febrero de 2026
Un restaurante de Estepona, puede ser la línea roja del alcalde García Urbano.
Marbella. -
El Mirador del Carmen es una torre cultural pública que costó más de 16MM€. Está levantada frente al mar y debía haber sido destinada a una biblioteca, una sala de exposiciones, un conservatorio y un restaurante panorámico concebido como escaparate de calidad en Estepona. La denuncia fue hecha por elDiario.es en julio de 2023.
Hoy, el edificio es el epicentro de una investigación judicial sobre el poder político y los controles administrativos locales.
En el centro del caso se encuentra el alcalde, José María García Urbano, investigado por un juzgado junto a varios funcionarios municipales de su confianza por la adjudicación del restaurante del mirador a una empresa recién creada, sin experiencia alguna y vinculada a la novia de un hijo suyo.
La pregunta que recorre el municipio no es solo si hubo delitos, sino qué ocurre cuando los procedimientos formales existen, pero su aplicación se vuelve elástica para unos y rígida para otros.
La licencia de apertura
En España, abrir un negocio al público sin licencia de apertura no es un simple detalle técnico, supone una infracción que, en condiciones normales, conlleva cierres, sanciones y expedientes inmediatos.
En Estepona, el restaurante del mirador abrió en septiembre de 2024 y, más de un año después, seguía operando sin esa licencia y sin pagar el canon anual fijado en el pliego superior a 27 mil euros, una cifra que algunos estiman muy favorable por un local de 430m² a un precio mensual de 5,35€ por metro cuadrado a pie de playa cuando la zona tenía precios entre los 11 y los 20€ por metro cuadrado, sin estar en la lujosa torre ni tener acceso al mirador.
Además, la explotación de tres plantas se le concedió a la empresa sin aportar experiencia profesional conocida.
La explicación oficial ha sido que la ausencia de licencia impide el cobro del canon, una postura jurídicamente endeble y políticamente corrosiva para el alcalde y sus cercanos colaboradores.
Otro punto que ha llamado la atención es que menos de un año después de recibir la concesión, Nadia Odeh Núlez vendió las participaciones de su empresa, por 30 mil euros, a un conocido empresario esteponero amigo del alcalde.
Sin embargo, la falta de la licencia se ha convertido en el punto clave porque es el mecanismo que certifica que un espacio cumple con requisitos de seguridad, accesibilidad, sanidad y protección contra incendios.
Permitir la actividad sin ella no solo expone a la empresa y a la administración que la tolera, también a los usuarios que desconocen la higiene del local.
Además, rompe la regla básica de igualdad ante la norma: cualquier pequeño empresario sabe que abrir sin licencia es una apuesta ruinosa; aquí, en cambio, la actividad prosperó sin consecuencias visibles.
Aunque la sociedad administrada por la novia de un hijo del alcalde fue creada pocos meses antes del concurso, este hecho por sí mismo no es ilegal, pero para los ciudadanos la apariencia importa tanto como el cumplimiento de una ley o norma. Cuando el beneficiario está ligado al poder político la transparencia debe ser máxima.
La fianza
La investigación apunta a que la fianza exigida para concurrir fue financiada indirectamente por el propio alcalde, según informes de la UDEF, con una cantidad estimada en 20.000 euros, algo que el Consistorio ha restado importancia subrayando que nadie impugnó ese dinero puesto por el propio García Urbano.
En aquel momento la adjudicataria, Inversiones del Mar, S.L., acababa de ser creada y Nadia Odeh Nuñez, su socia única y administradora, la novia del hijo del alcalde.
Si esto se confirmara, Nadia Odeh pudiera estar funcionando como una simple testaferra del alcalde, reforzando la idea de que el procedimiento fue diseñado para esquivar responsabilidades penales o administrativas.
La Fiscalía investiga indicios de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, es decir, se sospecha de que se adoptaron decisiones injustas a sabiendas y que se favoreció a una persona concreta por su relación con el poder.
No se trata aún de una condena, pero sí de una señal de alarma institucional.
Trato de favor
Un apartado importante no considerado en este tipo de operación es la percepción del trato de favor tangible, una especie de desincentivador para los empresarios que cumplen la norma.
Alimentar la desconfianza en cada nuevo proyecto público puede ser un motivo que frena nuevas inversiones al permitir la sospecha de que algunos pueden operar sin licencia ni canon.
Políticamente, el caso introduce un desgaste acumulativo. Incluso sin sentencia, la investigación proyecta una sombra sobre la gestión municipal y sobre el partido que gobierna.
Consecuencias
Si las investigaciones prosperan, las consecuencias para los implicados pueden ir desde la inhabilitación para cargo público hasta responsabilidades penales.
El caso del Mirador del Carmen es un retrato de cómo el poder local, cuando no se somete a controles estrictos y visibles, puede desdibujar la frontera entre lo público y lo privado.
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