4.7 millones de euros abre un debate político

Isabel Pérez y Ángeles Muñoz • 7 de diciembre de 2025

En Marbella, 4.7 millones de euros abren un debate político sobre la extralimitación institucional.

Marbella. - La aprobación de una modificación presupuestaria de 4,7 millones de euros —destinada a infraestructuras y equipamientos municipales— ha reabierto un debate en la política local.

Para la socialista Isabel Pérez es importante definir dónde termina la gestión y dónde empieza el discurso populista.

Dos modelos de gestión

Dos voces marcan los desencuentros: la de la portavoz socialista Isabel Pérez, que cuestiona el fundamento técnico y político de la operación, y la de la alcaldesa Ángeles Muñoz, que la presenta como prueba de la fortaleza económica y la capacidad ejecutiva del Ayuntamiento.

Isabel Pérez advierte sobre el rigor fiscal y las fronteras competenciales, sitúa su crítica en un terreno donde la política invade el terreno de la contabilidad pública. Subraya que la modificación presupuestaria se ha impulsado con informes desfavorables de Intervención, una señal que, aunque legalmente no bloquea la operación, apunta —según ella— a un modo de gobernar “flexible” en exceso con los límites técnicos y competenciales.

Su objeción más contundente tiene que ver con la asunción de competencias autonómicas, recuerda que la climatización de colegios, la creación de instalaciones vinculadas al Servicio Andaluz de Empleo o parte del proyecto del Albergue África entrarían dentro de las obligaciones de la Junta de Andalucía.

Que el Ayuntamiento decida financiarlas, dice, convierte un problema de competencias en un gesto político que no se explica desde la planificación, sino desde el mensaje clientelar y partidista.

La socialista recurre también a la hemeroteca, recordando que fue la propia Muñoz quien exigió en su momento (2009) que la Junta asumiera estas mismas actuaciones. Ese mensaje le es suficiente para cuestionar la consistencia de un gobierno que, en su opinión, se mueve más al ritmo de los anuncios que al de los acuerdos interadministrativos.

Sin embargo, para Ángeles Muñoz, estas inversiones hay que tomarlas como síntoma de dinamismo y respuesta a necesidades reales de los marbellíes.

La alcaldesa ofrece un marco completamente distinto. La modificación de crédito, asegura, es posible gracias a ingresos superiores a los previstos, especialmente en patrimonio municipal del suelo, algo que interpreta como un signo de salud financiera. Salvo que, estos ingresos todavía no han llegado a la caja del ayuntamiento.

Las inversiones previstas —desde el punto limpio de San Pedro Alcántara hasta la climatización energética de 22 centros educativos— se presentan como una oportunidad para modernizar infraestructuras largamente demandadas, por ello Muñoz reduce el debate competencial a un asunto secundario: si la ciudad necesita aparcamientos, eficiencia energética o equipamientos públicos, el ayuntamiento debe actuar sin convertir cada proyecto en un litigio burocrático. Muñoz prioriza la ejecución inmediata y la capacidad de respuesta frente al escrutinio procedimental.

El choque

El enfrentamiento no se limita a una discrepancia sobre partidas concretas. Revela dos filosofías de gobierno:

Pérez pone el acento en la ortodoxia institucional: respetar advertencias técnicas, mantener clara la división de competencias y evitar lo que considera un uso expansivo del presupuesto para cubrir obligaciones autonómicas.

Muñoz defiende un pragmatismo ejecutivo: invertir cuando hay recursos disponibles y resolver demandas ciudadanas sin esperar a que otras administraciones asuman un papel que, en la práctica según ella, no está llegando.

Ambas lecturas responden a lógicas legítimas, pero parten de prioridades distintas. La primera, la de Pérez, subraya el riesgo de convertir la elasticidad presupuestaria en norma; la segunda entiende que la inacción, aun justificada por criterios competenciales, tiene también un coste político y social que debe asumirse.

El debate

A la luz de los argumentos, el debate no gira tanto sobre la conveniencia de las obras —ambas partes admiten su necesidad— como sobre quién debe financiarlas y cómo debe justificarse esa decisión ante la ciudadanía.

La posición de Isabel Pérez es sólida en términos institucionales: recuerda que el control financiero existe para limitar decisiones impulsivas y que el respeto al reparto competencial ayuda a evitar que los ayuntamientos carguen con responsabilidades que no les corresponden.

La de Ángeles Muñoz es políticamente efectiva: sitúa el foco en las mejoras tangibles y evita que los trámites administrativos se conviertan en una coartada para no actuar.

El riesgo

La iniciativa de Muñoz enfrenta al consistorio frente a un riesgo que nadie puede negar: por un lado se erosiona la función de los órganos de control si sus advertencias se normalizan como un simple trámite y, por otro, asumir sistemáticamente competencias económicas ajenas podría generar una dependencia política —y financiera— a largo plazo.

No obstante, también existe un riesgo para la oposición: que la crítica pierda resonancia si se percibe como un obstáculo a inversiones necesarias y visibles.

En última instancia, el episodio ilustra una tensión habitual en la política local española: la distancia entre lo que marca la normativa y lo que exige el día a día de una ciudad que se mueve más rápido que sus marcos administrativos.

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