Cerca de las elecciones andaluzas Marbella vuelve a ser escenario de una vieja disputa que nunca termina de resolverse: si la corrupción pertenece al pasado o si, como sostienen algunas fuerzas políticas, sigue siendo una arquitectura viva que condiciona el presente. La coalición Por Andalucía ha optado por la segunda tesis, desplegando un discurso que combina denuncia frontal y memoria histórica. En el centro de esta ofensiva se sitúa Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, quien no solo cuestiona la gestión actual, sino la legitimidad moral de quienes la encarnan. Su intervención apunta directamente a Juan Manuel Moreno Bonilla, a quien acusa de haber convertido la promesa de “regeneración” en un ejercicio retórico. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, aparece como uno de los principales blancos, vinculada en el discurso de la coalición a un entorno familiar salpicado por investigaciones relacionadas con narcotráfico y blanqueo de capitales. A su lado, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, es presentado como otro ejemplo de lo que Por Andalucía define como “normalización de la sospecha”, al estar procesado en un caso de corrupción. La acusación aquí no es sólo jurídica, sino institucional, preguntándose si la autoridad política bajo la sombra de procedimientos judiciales abiertos puede o debe mantener sus responsabilidades. El también candidato por IU Andalucía, Ernesto Alba, introdujo una dimensión social al argumentar que la corrupción no es un fenómeno abstracto, sino una fuerza que se traduce en desigualdad tangible, asegurando que Marbella sigue figurando entre las ciudades con mayores brechas económicas, un dato que utiliza para conectar las prácticas irregulares con sus consecuencias cotidianas: servicios deficientes, acceso desigual a la vivienda y precariedad. Según Alba, localidades como Marbella, San Pedro o Mijas cargan con una reputación externa asociada a redes mafiosas, una narrativa que penaliza a una población mayoritariamente ajena a esos circuitos. La corrupción, así, no solo redistribuye recursos de forma injusta, sino también reputación. Por último, la también candidata de Por Andalucía y coordinadora comarcal de IU en la Costa del Sol, Victoria Morales, ancló su análisis en la historia reciente, evocando el legado de Jesús Gil, utilizando esta referencia como advertencia de continuidad. Aunque aquel ciclo terminó con intervención judicial y disolución municipal, Morales sugiere que sus lógicas —clientelismo, opacidad, uso del poder para beneficio privado— han mutado más que desaparecido. Especialmente significativa fue la mención a la trama sueca de blanqueo de capitales, que habría llegado a afirmar su control sobre instituciones locales y autonómicas. El núcleo programático de la coalición —endurecer la contratación pública y extender las prohibiciones a entramados empresariales completos— apunta precisamente a ese nivel estructural. No se trata sólo de sancionar conductas individuales, sino de desarticular ecosistemas donde empresas, intermediarios y administraciones pueden operar en zonas grises. La contundencia del discurso —con referencias a “mafias”, “narcotráfico” y “corrupción estructural”— refuerza su capacidad movilizadora dentro de un contexto donde varios de los casos citados están sujetos a procesos judiciales o debate público no cerrado. Por Andalucía apuesta por reabrir esa memoria como palanca de cambio; sus adversarios, previsiblemente, por encuadrarla como una instrumentalización interesada.

Primero fue el Banco Mundial, seguido por el Banco Central de Bolivia y finalmente, el Fondo Monetario, que pusieron las cifras del desastre económico de este momento, cifras de cómo la economía decrece entre 3,3% y 4,6%. Aquí lo que falta es que alguien identifique a los culpables, haga una descripción del latrocinio cometido en las dos décadas infames del masismo y describa el tenebroso propósito de este parricidio. Los dos organismos internacionales no quisieron ponerle un nombre al diagnóstico, pero el Banco Central se atrevió a llamarlo “recesión técnica”, algo parecido a una quiebra. El Banco Mundial prefirió usar su paño de lágrimas y tratar de consolar a los bolivianos diciendo que, quizá como “efecto rebote”, en 2027 pueda darse un crecimiento de 4%, algo que nadie cree posible. El problema para esta fórmula del consuelo es que no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren porque siguen vigentes las políticas masistas creadas para ahuyentar las inversiones del sector legal y alentar las del sector ilegal. La nueva ley de inversiones está verde y la ley de hidrocarburos ha sido elaborada con mucha parsimonia, mientras la de minería ni siquiera es mencionada por el gobierno. Lo que dicen los ministros del sector económico confirma la sospecha de que las condiciones para una mejoría están muy lejos. El gobierno dice que este año las inversiones de empresas mineras extranjeras serán de 1.000 millones de dólares, cifra que es para ponerse a llorar si se toma en cuenta que las inversiones mineras que recibirá Perú llegarán a 64.000 millones de dólares. La clave está en que en Perú existen seguridades jurídicas para las inversiones mientras que en Bolivia subsisten las leyes “tranca”, como las define el gobierno, que el masismo impuso para desalentar las actividades económicas legales. Junto a esas leyes, sigue siendo un obstáculo aquella por la cual no se pueden hacer explotaciones mineras en la franja de 50 kilómetros desde las fronteras. Mientras tanto, en los países vecinos las explotaciones están a un metro de la frontera. En la otra realidad, la producción de drogas sigue pujante, como lo demuestran las plantaciones de marihuana que se dan en lo que fue el territorio del estaño, en el altiplano, según las capturas de la yerba en Llallagua. De esa manera, el país tiene ahora la posibilidad de exportar no solamente cocaína, sino también marihuana cultivada en carpas solares provistas por el gobierno del MAS, y reexportar marihuana líquida que llega de California. Estas vigorosas actividades económicas no figuran en el PIB ni ayudan a salir de la recesión. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de LatinPress.es vacaflorhumberto@gmail.com Colaboración especial para LatinPress®

La discusión ha tomado aire en Barcelona, donde se han reunido mandatarios y personajes de varios países que tienen vinculaciones semejantes. Uno de los temas fundamentales es desde luego el papel que juega la izquierda en este momento, ante la avalancha derechista que se expresa en algunos países del mundo. Y dentro de ese entorno desde luego, salen todos los temas del programa y uno de ellos es la desinformación que nosotros padecemos constantemente y desde luego la desigualdad en muchos aspectos. Pero al señalar esta última se debe mencionar lo económico porque debe estar inserta ya que todos los países, por más boyantes, tienen pobreza. Vale mencionar este caso porque el tema acaba de expresarse en México en la gran diferencia que se nota de la producción, al bolsillo del ciudadano. El impacto es mayor desde luego en los más pobres y es ahí donde la desigualdad se expresa. EL JITOMATE PUNTO DE PARTIDA EN EL CASO DE LA DESIGUALDAD Un fruto como el jitomate, que algunos consideran verdura, sirve como punto de análisis para dar a conocer las diferencias que también se expresan en muchos productos. El jitomate había sido motivo de discusión hace meses cuando se dio el problema en torno a las exportaciones a Estados Unidos. Pero en este caso en opinión del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas en datos ya expuestos, hace notar la diferencia de precios en este vegetal en su arribo final a la compra. Es un dato muy notable desde que el pago es entregado al productor, al que paga el cliente sobre todo en tiendas de autoservicio, que puede representar 3.26 veces mayor que lo que le pagaron al que sembró. Argumenta los gastos que se hacen en esas tiendas que en los últimos tiempos llevó al jitomate a 55 pesos el kilo y en algunos sitios hasta 70 pesos. El propio grupo consultor llama a buscar que esa desigualdad baje o se termine a través de otro tipo de compra, ya sea en directo o en zonas de venta accesible. Y en otros datos, que la pobreza se enfrente. LA DESIGUALDAD TIENE MUCHOS EFECTOS CUANDO AGREDE A LOS POBRES Esta relación de la desigualdad, que se agrava en los pobres, con la importante reunión que se realiza en Barcelona, recuerda aquella anécdota que contaba Tomás Mojarro, el comentarista zacatecano llamado El valedor, ya fallecido. Se refería al aumento de un dulce popular, un merengue, que vendía una señora sentada en una banqueta, que de pronto había subido a precios altos el mencionado merengue. Un señor enojado la cuestionó y aquella mujer sencilla expuesta con el gran humorismo que tenía Mojarro, le respondió con todo, el costo de las guerras, la explotación de los países poderosos, el robo de los políticos, el abuso de los comerciantes y la poca defensa que tienen los pobres. Es la desigualdad, entonces, la que debe enfrentarse. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de Latinpress.es Colaboración especial para LatinPress®. laislaquebrillaba@yahoo.com.mx.

Marbella ofrece, en un mismo plano, una imagen casi perfecta de las tensiones que la atraviesan: ambición global, crecimiento acelerado y una base estructural que no siempre acompaña ese impulso. La reciente integración del Hospital Universitario Costa del Sol en la red europea COST DISSECT es una buena noticia sin matices. Sitúa a la institución en el circuito donde se decide el futuro de la formación quirúrgica oncológica en Europa y refuerza la idea de que la calidad médica no depende solo de la tecnología, sino del capital humano. Al encuentro en Sofía, Bulgaria acudió la cirujana endocrina Cristina Martínez Santos . La paradoja es evidente. Se participa en el debate europeo sobre excelencia mientras se mantiene, en lo cotidiano, un sistema tensionado por la falta de profesionales. No es una contradicción puntual, sino un síntoma de cómo Andalucía gestiona la sanidad: prestigio en la cúspide, fragilidad en la base. Esa misma lógica de doble plano se reproduce en la política migratoria. Mientras Alberto Núñez Feijóo mantiene un discurso nacional restrictivo, incomprensible y poco rentable políticamente sobre la regularización de inmigrantes, Marbella habilita oficinas para facilitar documentación a extranjeros en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez y en distintos distritos. No se trata solo de una aparente incoherencia ideológica. Es, más bien, la evidencia de que las ciudades turísticas operan bajo una lógica pragmática: necesitan población activa, consumo y circulación internacional. Ángeles Muñoz no corrige el discurso nacional; lo esquiva. Y en ese desajuste se instala una forma de gobernanza ambigua, donde conviven la retórica del desgaste y la práctica aperturista. El urbanismo refuerza esa lectura. Los nuevos proyectos —un hotel en Pinomar y un centro comercial en el entorno de Puerto Banús, impulsados por el área de Urbanismo que dirige José Eduardo Díaz , son la continuación de un modelo. Marbella no crece de manera orgánica, empujada por sus propias necesidades; crece en torno a una lógica muy definida: turismo, servicios, atracción de inversión inmobiliaria. Es un crecimiento que genera actividad económica, sí, pero también estrecha el margen para diversificar el tejido productivo. Cada nuevo proyecto consolida el mismo patrón. Ese patrón encuentra su límite más visible en la política social. La futura residencia pública para mayores, anunciada al 85% de ejecución por la alcaldesa Ángeles Muñoz , nace bajo la presión de una demanda estructural que ya la desborda. Los datos demográficos nos dicen que cuando llegue habrá colas de clientes. Para no llenar este espacio con muchos datos, os avanzo que solo en Marbella hay 3.536 personas mayores de 80 años y 560 mayores de 90 años. Todo ese universo para 44 habitaciones. La infraestructura, antes de inaugurarse, ya parece insuficiente . No es un problema de ejecución, sino de planificación. La política pública llega, pero llega tarde y en una escala menor a la necesaria. Esto sin contar a los mayores que viven en zonas de influencia como Ojén e Istán. El mercado laboral cierra el círculo. Marbella no es una excepción dentro de Andalucía; es su versión más intensificada. La contratación de personas con discapacidad revela un modelo donde la inclusión existe, pero es precaria: alta temporalidad, concentración en el sector servicios y escasa presencia en actividades de mayor valor añadido. El dato clave no es cuántos contratos se firman, sino qué tipo de contratos son. Y ahí la conclusión es clara: el empleo funciona más como mecanismo de rotación que de integración. Marbella ha perfeccionado una fórmula basada en el turismo, la inversión y los servicios. Una salida que dificulta retener talento sanitario y de alto valor. El empleo es mayoritariamente volátil. No hay aquí un fallo puntual, sino una estructura. En Andalucía el sector servicios concentra cerca del 73% de toda la contratación y Marbella confirma el modelo, con 36 contratos, 387 demandantes y 216 personas en paro, la ciudad presentó un ratio de 1 contrato por cada 11 demandantes, ofertando trabajos dentro de su modelo económico: Turismo, hostelería y servicios. Tareas básicas con alta temporalidad, en otras palabras, Marbella no corrige el problema andaluz, lo intensifica.

Marbella. - El Ayuntamiento ha comenzado la construcción de unas instalaciones para la delegación de Limpieza en el distrito de Las Chapas. El proyecto, con un presupuesto de apenas 50.000 euros y 275 metros cuadrados, aspira a resolver un problema más estructural: la dispersión y precariedad de los medios con los que opera uno de los servicios más visibles —y a menudo más cuestionados— de la administración local. Durante una visita al solar, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, presentó la actuación como una mejora organizativa que permitirá centralizar recursos humanos y materiales. Acompañada por el director del distrito, Carlos Alcalá, defendió que estas dependencias dotarán de “un espacio adecuado” a una plantilla que supera la veintena de operarios en la zona. La escala del proyecto —casetas prefabricadas con oficinas y baños, y un lavadero para camiones— sugiere una intervención más táctica que transformadora. El Ayuntamiento encuadra la obra dentro de su Plan de Mantenimiento de Infraestructuras, una categoría amplia que a menudo agrupa actuaciones de carácter reactivo. Los trabajos, que incluyen conexiones básicas de agua, saneamiento y electricidad, tienen un plazo de ejecución de dos meses. En Las Chapas, como en otras periferias urbanas, la limpieza no es solo una cuestión de operativa, sino de prioridades políticas. Y aunque estas nuevas instalaciones pueden aliviar parte de la carga diaria de los operarios, queda por ver si también logran responder a una demanda más amplia: la de una ciudad que aspira a proyectar excelencia mientras lucha por mantener lo esencial.

Marbella. - La inteligencia artificial comienza a consolidarse como un factor determinante en el repunte de los despidos colectivos en España, en medio de una transformación profunda del mercado laboral que avanza más rápido que su regulación. Esa fue una de las conclusiones centrales de la VIII Jornada de Primavera de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), celebrada en Marbella. El diagnóstico compartido por expertos apunta a un cambio estructural donde la tecnología ya no solo optimiza procesos, sino que redefine el empleo. Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social refuerzan este argumento: los despidos colectivos afectaron a 41.200 trabajadores en 2025, un 10,2% más que el año anterior y el nivel más alto desde 2021. Lejos de moderarse, la tendencia se mantiene en 2026, con expedientes de regulación de empleo anunciados por grandes compañías como Telefónica, Iberia o Glovo, que suman cerca de 11.000 afectados en los primeros meses del año. En la provincia de Málaga, el último dato disponible de 2024 situó en 831 los trabajadores afectados por este tipo de procesos, una cifra que, aunque menor en términos absolutos, se inserta en una dinámica nacional de crecimiento sostenido. Sin embargo, el cambio más significativo no es cuantitativo, sino cualitativo. Los despidos colectivos están dejando de ser un fenómeno asociado a sectores tradicionales o de baja cualificación. En 2025, actividades como la programación y la consultoría informática concentraron 2.948 trabajadores afectados, mientras que el comercio alcanzó los 4.961. La extensión de estos procesos a sectores altamente cualificados sugiere que la automatización ya no distingue entre perfiles. En este contexto, la implantación de tecnologías como la inteligencia artificial generativa empieza a influir de forma explícita en las decisiones empresariales. Algunas compañías, como Capgemini en Málaga, han reconocido este factor en recientes procesos de reestructuración. Para Juan Alfonso Urbano Medina, socio director de Sagardoy Abogados en Málaga, este nuevo escenario obliga a replantear los procesos colectivos “desde un prisma diferente” y a “exprimir las oportunidades de negociación”. Desde el ámbito sindical, las advertencias son más directas. M.ª Ángeles Soto Granados, de la Federación de Servicios estatal de CCOO, señaló que la inteligencia artificial no solo reduce puestos de trabajo, sino que reconfigura la organización de tareas y la generación de valor. Las implicaciones jurídicas de este proceso empiezan a ser evidentes, la selección de trabajadores afectados en un despido colectivo, tradicionalmente sujeta a criterios discutibles pero identificables, corre el riesgo de diluirse en algoritmos cuyo funcionamiento no siempre es accesible. “La tecnología es perfectamente legítima, pero sólo cuando los criterios que utiliza son objetivos, razonables y conocidos”, advirtió Soto Granados, subrayando una línea roja cada vez más presente en la jurisprudencia: la opacidad no es admisible. Ana Gómez Hernández, presidenta de ASNALA, habló de un “punto de inflexión” en las relaciones laborales, marcado por una brecha creciente entre la velocidad del avance tecnológico y la capacidad de la regulación para acompañarlo. La cuestión de fondo permanece abierta. Si la inteligencia artificial redefine el trabajo con mayor rapidez que las normas que deben ordenarlo, el riesgo no es solo jurídico, sino social.

Estamos en plena primavera no sólo climática sino social, económica y hasta política en esta España nuestra. Primavera climática calentita que aventura una canícula insoportable. Primavera social porque la sangre está caliente y las hormonas invitan a solazarse. Primavera económica porque los datos siguen avalando el crecimiento de la economía española digan lo que digan los agoreros y matasanches. Y primavera política porque hoy se inaugura en España un reconocimiento legal, nada menos que a 500.000 personas que hasta ahora estaban entre nosotros pero eran invisibles. La sola palabra evoca a muchos españoles un cierto desprecio. Simplemente mencionarlos provoca respuestas airadas y enconadas. Pocos términos del diccionario político están tan pervertidos y cargados de negatividad como “inmigrante”. El giro hacia la extrema derecha que han dado los partidos, los medios de comunicación, las redes y la ciudadanía en general se hace especialmente visible en el discurso sobre la inmigración. Sé cuando estoy ante una persona de extrema derecha cuando le oigo hablar sobre los inmigrantes. Da igual que sea esa persona cristiana que atea. Cuando se habla que la sanidad, la salud, la educación, la dependencia o los derechos son para todos, universales, siempre, siempre buscan un pero y es entonces cuando se les ve el plumero. Sí pero no. No es que antes viviésemos en fraternidad con los extranjeros y los acogiésemos con flores, nunca fue así; pero la manera en que la xenofobia y el racismo han ganado terreno en los últimos años es espeluznante. Y, sin embargo, como está archidemostrado y yo mismo he dado ya varios picotazos a la conciencia cívica a ver si despierta, el tema de las personas que se ven obligadas a emigrar tiene, al menos, un cariz egoísta que es el de considerar el fenómeno como beneficio a cuenta de resultados para nosotros los países ricos o con aspiraciones como es España pues los datos son irrefutables. Hoy no sería posible la vida sin la concurrencia de personas llegadas de fuera que barren, friegan, limpian, lavan, ponen refrescos, hacen camas, hacen espetos, recogen fresas, atienden enfermos, cuidan de personas mayores y de niños, limpian culos, alzan muros, labran tierras etc etc etc. Imaginémosnos por un momento nuestras ciudades sin inmigrantes. Respondan. Alcen la vista, dejen el móvil. Sí, los necesitamos pero invisibles, sin papeles, recogiditos en sus infraviviendas y sin chistar. Están los gobiernos de medio mundo criminalizando al inmigrante, persiguiéndolo, encerrándolo y expulsándolo. Está la Unión Europea, cuya política migratoria en este tema es acomodaticia pues creen que es el nuevo signo de los tiempos. Hay muchos medios de comunicación cuyas noticias, artículos y tertulias se suman con alegría a la ola reaccionaria. Están por supuesto las redes sociales, difundiendo noticias falsas que criminalizan y deshumanizan a las personas migrantes. Están los patrioteros de guardia que con una colección de falsedades arriman la desgracia a su sardina. Están los partidos de extrema derecha con sus delirios, pero también los partidos de la derecha tradicional que, para desgracia de la democracia, han endurecido su discurso migratorio, tomen nota de lo que acaban de decir ayer mismo. Y estamos los ciudadanos que, con más o menos resistencia, acabamos también arrastrados por esa ola. Era inevitable que -en un país en el que la derecha está en una campaña feroz y permanente para derribar al Gobierno- cualquier exhibición de sentido de Estado como ha hecho el gobierno de Sánchez, sincera o no, sea vista con ojos torvos y gruñidos de hambre por sus adversarios. Por todo ello, por esa carga negativa que hoy tiene la palabra inmigrante, resulta admirable y valiente la decisión del gobierno de regularizar a cientos de miles de personas que ya viven y trabajan con nosotros. Y hacerlo además sin esconderlo, sin disimulo, llamando a las cosas por su nombre, hablando de razones económicas pero también de justicia y de humanidad, de derechos, y de una España abierta y diversa, convirtiendo la regularización en un acto político a contracorriente de la ola reaccionaria y hasta defenderlo con orgullo. ¡Bravo por España! La opinión del autor no coincide necesariamente con la de Latinpress.es. emonte7@hotmail.com Colaboración especial para LatinPress®

San Pedro Alcántara. Marbella. - En febrero el concejal y portavoz del Grupo Municipal Opción Sampedreña, Manuel Osorio, denunció que en el residencial Don Diego, los vecinos venían padeciendo desde octubre de 2025 un catálogo de deficiencias impropio de una promoción de nueva construcción. Según relataba Osorio, los propietarios estaban conviviendo con filtraciones, humedades persistentes, inundaciones en zonas comunes y garajes, así como el desprendimiento de chapas en episodios de viento, lo que apunta a fallos estructurales y de ejecución. A ello se sumaba la ausencia de ascensor desde su llegada a las viviendas, una carencia especialmente grave en términos de accesibilidad y habitabilidad. La situación, lejos de corregirse con el tiempo, parece haberse normalizado en el día a día de los residentes. Además, siempre según OSP, algunos propietarios se han visto obligados a asumir de su propio bolsillo la compra de equipamiento de cocina que, contractualmente, debía estar incluido en las viviendas. Ahora, de nuevo Osorio vuelve a denunciar los mismos desperfectos y la acumulación de incidencias técnicas. La denuncia de OSP sobre la promoción de viviendas protegidas en Nueva Andalucía no se limita a señalar desperfectos; apunta, de forma más incómoda, a una jerarquía implícita en la política urbana: hay viviendas —y, por extensión, ciudadanos— que parecen merecer menos atención una vez se ha cortado la cinta inaugural. Manuel Osorio describe el caso como un proceso que comienza con fotos para la visibilidad política, pero termina en abandono administrativo. Filtraciones en garajes, barandillas oxidadas, restos de obra sin retirar y un ascensor averiado, no son solo fallos técnicos; son síntomas de una supervisión débil y, sobre todo, de prioridades desalineadas. Osorio plantea una idea que, en apariencia, es técnica pero en el fondo es profundamente política: tutelar una VPO implica acompañar a sus adjudicatarios desde el inicio, asesorarlos, defenderlos frente a la promotora e incluso facilitarles el acceso a financiación. Es, en esencia, tratar a los beneficiarios como ciudadanos con derechos plenos y no como receptores pasivos de una concesión administrativa. La ausencia de ese acompañamiento convierte la vivienda protegida en un producto a medio terminar: entregado en lo formal, pero incompleto en lo funcional. La áspera crítica se dirige a la alcaldesa, Ángeles Muñoz cuando el concejal de OSP hace referencia a las elecciones municipales de 2027: la tentación de la “fotografía” prima en Muñoz, pero los desperfectos denunciados no son incidencias aisladas y ya han pasado a interpretarse como el rastro de una gestión que se agota en el anuncio. Cuando una promoción de VPO acumula problemas sin resolver durante meses y se asume que las condiciones de vida de sus residentes pueden esperar, se está delante de un desprecio evidenciado en la demora, en la falta de respuesta, en la normalización de estándares que no serían aceptables en otros segmentos del mercado. OSP exige que el Ayuntamiento actúe y obligue a la promotora a cumplir con los adjudicatarios. Osorio le ha exigido a la alcaldesa una política de vivienda que no solo se conforme con entregar una llave.

Marbella. - El Ayuntamiento va a reforzar las Oficinas de atención al Ciudadano (OAC) de Marbella y San Pedro Alcántara para facilitar la documentación a los extranjeros en España que soliciten la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno. A partir de hoy, los usuarios podrán pedir esta información, siempre con cita previa en el enlace https://citaprevia.marbella.es/, en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez, donde se va a incrementar el personal y se ampliará el horario, de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, de lunes a viernes, exclusivamente para este trámite; así como en la oficina habilitada en el Vivero de Empresas de la Plaza de los Naranjos y en la de la Tenencia de San Pedro Alcántara, en el mismo horario. También podrán hacerlo en las de Nueva Andalucía, Las Chapas, el Centro Cívico de Divina Pastora y los distritos Este y Oeste de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, y de 16.30 a 19.30 horas los martes y jueves en Plaza de los Naranjos y la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara. Los usuarios podrán demandar tanto el informe de empadronamiento como el de vulnerabilidad para la autorización de residencia en circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, documentos que permitan acreditar una permanencia ininterrumpida en el país de al menos cinco meses anteriores a la solicitud como requisito indispensable para acogerse al proceso.