Delcy rodríguez: La presidenta interina
Jose Ibañez • 10 de enero de 2026
Los seis escenarios que llevaron a Delcy Rodríguez a la presidencia interina de Venezuela.
Tras la caída de Nicolás Maduro y su esposa, la principal preocupación de muchos analistas internacionales no ha sido el fin del liderazgo personalista, sino la forma —y el alcance real— de la transición política venezolana.
Desde Caracas hasta Madrid y Londres, se han trazado al menos seis escenarios posibles. El primero, y actualmente en desarrollo, ha resultado inesperado: permitir que los ministros chavistas continúen al mando del país.
El asombro inicial dio paso rápidamente a una reflexión más fría. La decisión, lejos de responder a una lógica democrática, parece obedecer a un cálculo del riesgo. Estados Unidos no ha apostado tanto por la democracia venezolana como por la gestión del peligro que representan, individualmente y en conjunto, figuras clave del régimen como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. En el centro de esa estrategia está el temor a un vacío de poder.
Desmantelar de golpe a las Fuerzas Armadas, la policía, los ministerios, las alcaldías, el Congreso y los servicios básicos habría abierto un escenario imprevisible. Nadie pudo anticipar con certeza las consecuencias inmediatas, pero se manejaron hipótesis de fragmentación del poder, colapso administrativo y violencia civil.
Mantener a los ministros “en funciones”, aunque bajo presión extrema, reducía la probabilidad de una implosión del Estado.
Washington asumió que su poder militar y político bastaba para ejercer un control indirecto apoyado en un reducido número de funcionarios estadounidenses.
De este modo, se garantiza el funcionamiento cotidiano del país mientras Estados Unidos fijaba las líneas rojas: control del petróleo, régimen de sanciones, cuarentena financiera y amenaza militar. Todo ello evitando el coste humano y político de una ocupación formal que habría alimentado el discurso del golpe de Estado, la invasión imperialista o la traición interna, en lugar del de una “transición”.
Trump también pareció confiar en que la captura de Maduro provocaría divisiones internas en el régimen: desconfianza, competencia y miedo entre quienes permanecen en la cúspide del poder, ante la posibilidad de ser los siguientes. Una vía de empujarlos a un “modo supervivencia”.
El mensaje fue cuidadosamente calibrado. A los venezolanos: el Estado sigue funcionando. No hay invasión, no hay tropas en las calles. No se inaugura una democracia pero se contiene el caos mediante una nueva arquitectura de poder.
El coste político, sin embargo, es elevado. De forma inmediata, la estrategia parece tolerar los presuntos delitos de los ministros señalados y, al mismo tiempo, se relega a la oposición democrática.
El mensaje implícito ha sido contundente: quienes ganaron las elecciones no gobiernan; el voto importa menos que el control del aparato, el aval externo y el petróleo.
María Corina Machado queda así desplazada en el corto plazo, bajo la lógica de que la legitimidad electoral no garantiza capacidad de gobierno. Trump hablará esta semana con ella sobre su futuro papel, pero el trato resulta, al menos por ahora, claramente subordinado. No se trata de una exclusión definitiva, sino de una postergación calculada.
El segundo escenario era la convocatoria de elecciones, pero el pragmatismo norteamericano no confiaba en una transición democrática real en Venezuela liderada por Urrutia y Machado.
La falta de independencia o subordinación de tribunales y de las autoridades electorales, fueron uno de los primeros obstáculos que consideraron, además de no tener ascendencia sobre la élite militar. Lo que significaba que cualquier elección probablemente no produciría resultados representativos o legítimos.
A ello, debía sumarse que la oposición venezolana ha tenido problemas estructurales desde hace años: han sido detenidos, obligados al exilio o marginados de la política formal. No ha estado unida en decisiones claves como en participar en elecciones vs. boicotear o, cómo negociar con el chavismo, etc.
Una tercera vía era el control sobre los medios económicos internacionales para financiar la reconstrucción y llevar recursos a la población. Todo, bajo incentivos y sanciones democráticas claras.
Pero Estados Unidos se cuestionaba cómo operar sin control sobre el Congreso, los poderes militares y las políticas chavistas. Lo que complicaba la presión para una transición y la capacidad de monitorear y garantizar una elecciones democráticas.
El cuarto escenario no suponía el colapso total del Estado venezolano, sino diferentes niveles de transición controlados como la continuidad con cambios en el corto plazo, liberaciones parciales de presos políticos, acuerdos mínimos con la oposición, apertura controlada de espacio político con la presencia de más partidos y actores, mantener algunas estructuras estatales básicas bajo control de élites chavistas o tecnocráticas dispuestas a negociar con EE.UU., sin desmontar completamente el proyecto chavista.
Una situación que podría llevar a posponer, en el tiempo, la celebración de elecciones e incluso celebrarlas bajo condiciones menos favorables dentro de una transición con largas negociaciones y sin una ruptura radical con el régimen.
En este supuesto supervisar unas elecciones era complicado porque nadie podía garantizar un restablecimiento gradual de la independencia institucional (tribunales, CNE, poderes legislativos), la inclusión de todas las fuerzas políticas, un monitoreo internacional robusto de elecciones, alcanzar la participación de todos los líderes opositores. Tampoco se contaba con la certeza del control de las bases sociales y clientelares del chavismo. Este escenario se consideraba dentro del mediano plazo (meses a años), no inmediato. Corriendo el riesgo de una fragmentación del conflicto incluso aunque la oposición se articulase coherentemente y el oficialismo se fractura en facciones conflictivas. Pudiendo esperar que los cuerpos de seguridad y militares también decidieran alinearse con distintos líderes.
Era un escenario no deseado por la posible desestabilización del país. Aquí no era posible asegurar una transición ordenada.
El quinto escenario incluía que, bajo presión, Delcy Rodríguez o quien estuviera al mando, convocase elecciones. De nuevo, la incertidumbre sobre las condiciones dadas no favorecían esta alternativa: Sin independencia judicial, sin autoridad electoral autónoma, sin libertad de prensa y sin garantías para líderes opositores.
Llamar a elecciones sin estas condiciones solo legitimaría un estatus quo autoritario reformulado y, no una transición democrática genuina.
El sexto escenario consideraba el papel de los líderes de la oposición y el exilio. María Corina Machado o Edmundo González Urrutia querían redefinir su estrategia hablando de una transición más gradual, tomando como referencia el modelo español tras la muerte de Franco, dando un fuerte impulso a las garantías políticas para el retorno de figuras venezolanas exiliadas.
De nuevo Estados Unidos no lo tenía claro, el mayor respaldo alcanzado por Machado no era suficiente para unificar a la oposición frente a un entorno institucional debilitado.
La actualidad
El régimen chavista no ha colapsado, pero se comporta como un sistema en plena reconfiguración tras la captura de Maduro. Esta situación no favorece la vía a la transición democrática, o por lo menos deberá esperar a la reconstrucción de instituciones y libertades fundamentales internas.
El ninguneo de la oposición por parte de Trump, no le ha permitido jugar dentro de ninguno de los escenarios descritos. No controla los resortes coercitivos, sin embargo, es vista como legítima, pero no como operativa.
Sin una real transición ordenada y sin profundas reformas institucionales, difícilmente se llegará a unas elecciones libres.
Como Estados Unidos necesita interlocutores “predecibles” para ejecutar medidas sensibles —cuarentena petrolera, control de ingresos, cooperación antinarcóticos—, es más sencillo presionar a una burocracia existente que construir una nueva desde cero.
Trump prefiere posponer el relevo democrático hasta que los riesgos estén contenidos, aunque eso implique congelar expectativas y sacrificar coherencia normativa, dando como resultado una incómoda paradoja: Machado que ganó legitimidad en las urnas queda institucionalmente inmovilizada, mientras figuras del antiguo régimen administran el país bajo tutela. No se trata de una exclusión definitiva, pero sí de una postergación condicionada.
Si la oposición no es incorporada gradualmente al poder con competencias reales, se corre el riesgo de erosionarse, perder iniciativa y quedar atrapada en una espera indefinida, dependiente de decisiones tomadas fuera del país.
En términos duros: la oposición no ha sido derrotada, pero tampoco ha sido llamada a gobernar. Y en las transiciones, esa diferencia suele ser decisiva.
No es confianza en el chavismo, sino desconfianza en el caos. A corto plazo, reduce riesgos; a medio, congela la transición; a largo, acumula tensiones que exigirán un relevo real o, de lo contrario, una nueva crisis.









