El pulso democrático español desde 1977

Latinpress.es • 8 de julio de 2023

El pulso democrático español desde 1977

Marbella. - El 29 de mayo, después de conocerse los resultados municipales, adversos al PSOE, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previa deliberación del Consejo de Ministros, dispuso la convocatoria de unas nuevas elecciones generales para el 23 de julio. 

De esta forma quedaron disueltos el Congreso de los Diputados y el Senado elegidos el día 10 de noviembre de 2019.

España entra en sus decimosextas elecciones generales desde 1977, buscando su octavo presidente: Adolfo Suarez, Leopoldo Calvos Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luís Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y, Pedro Sánchez.

La campaña

Desde las 0 horas del viernes 7 hasta las 24 horas del viernes 21 de julio, es el plazo de la campaña electoral, 15 días.

Censo electoral, población y nuevos votantes

Las personas llamadas a votar en estas elecciones a las Cortes Generales son 37.466.432, de las que 35.141.122 residen en España y 2.325.310 en el extranjero.  

Se trata del mayor censo electoral convocado para unas elecciones generales desde 1977, también cuentan con la mayor población de su historia: 48.196.693 habitantes.

De los electores residentes en España, destaca que 1.639.179 participarán por primera vez en unas elecciones generales, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes Generales, celebrada el 10 de noviembre de 2019.  

A 14 días de la jornada, muchos la consideran la más importante porque está en juego el fortalecimiento de la democracia española. La entrada de VOX en los distintos gobiernos locales ha alertado sobre una posible involución social, especialmente por el pasivo alineamiento del Partido Popular a sus exigencias.

España presenta dos claros candidatos presidenciales situados en las antípodas ideológicas: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Ambos políticos confían, en la victoria, más allá de cualquier vaticinio de las encuestas, sin embargo, todo indica que no será una cuestión entre dos personas; los periodistas del medio CIVIO, Eva Belmonte, David Cabo y, María Álvarez, nos recuerdan que para el 2 de julio se querían presentar 75 partidos o alianzas, que casi la mitad, 38, eran locales y, que los únicos que cumplían con las exigencias de ser un partido con carácter nacional, (presentarse en las 52 circunscripciones para el Congreso), eran el PSOE, Sumar, PP, Vox y Recortes Cero. 

En otras palabras, nadie duda que uno de los dos candidatos será el presidente, otra cosa es quién pueda realizar más pactos o, saque más diputados, para formar gobierno.

Elecciones desde 1977

Hemos hecho un detallado recorrido con los datos del Ministerio del Interior español para recordar cómo ha sido el comportamiento de los ciudadanos a la llamada electoral desde 1977.

La abstención, el nacimiento del bipartidismo, el multipartidismo o fragmentación bicameral, las coaliciones, las desapariciones de partidos y, las mociones de censura pueden darnos una mejor idea de la reciente historia política nacional.

El primer recuadro incorpora los principales partidos, a nivel nacional, del momento, los votos alcanzados y, el número de diputados logrados, desde junio de 1977 hasta noviembre de 2019.

* Coalición que incluía a Alianza Popular. En 1982 y 1986 repite en coalición.

** Acude como Centro Democrático y Social, fundado por Adolfo Suarez como herencia de UCD.

*** Alianza Popular se transforma en el Partido Popular.

***٭ IU acudió con Los Verdes e izquierda Plural.

 

El PSOE logró su mayor apoyo electoral, desde 1977, en 2008 con 11.289.335 votos, sacando 169 diputados con José Luís Rodríguez Zapatero como presidente, pero fue en 1986, con Felipe González, cuando logró la mayor representación el en Congreso con 184 diputados.                                                                                           

Este número de votos nunca ha sido alcanzado por el PP, pero si ha superado, en 2011, con Mariano Rajoy, el número de diputados, cuando logró 186.                           


El bipartidismo


Entendiéndolo como la exclusión de un tercero en la toma de decisiones o, en la formación del poder y, en la concentración del mayor número de diputados entre dos fuerzas políticas donde una es la oposición. En España desde 1977 hasta 2011, 34 años, dos partidos han logrado repetidamente acumular más del 80% de los 350 diputados. Destacan los años 2008 con el 92%; 2004 con el 89% y, 2000 con el 88%.


Sin embargo, tal rigidez nunca ha sido posible, los acuerdos puntuales con partidos menores o locales han hecho sentir la impronta catalana o vasca.


También es cierto que los partidos Unión de Centro Democrático (UCD), PSOE y, Alianza Popular (AP), concentraron la mayoría de los votos desde 1977 hasta 1986, aunque en 1982 UCD comenzaba a desaparecer del tablado político; durante ese tiempo (1977- 82), el Partido Comunista de España jugó como telonero en el cuarto puesto, alcanzando su mejor momento en 1979 con 23 diputados.


En 1989 UCD, PSOE, Izquierda Unida y, el Partido Popular, antes AP, eran los principales actores políticos, aunque la mayoría de los diputados los tenían el PSOE y el PP, 282.


El bipartidismo, como la mayor representación en el Congreso, disfrutó de ese tiempo hasta 2011, incluido, cuando logró su último mejor dato de representación en el Congreso con un 84,57% y 296 diputados.


En 2015, después del fenómeno del movimiento de los indignados, el 15 de mayo de 2011, que daría nacimiento a PODEMOS, el PSOE, en mayor medida que el PP, vio caer el número de sus diputados y el de votos.


La aparición de dos nuevas fuerzas políticas: Ciudadanos y PODEMOS recopiló más de 6.7 millones de votos y 82 diputados, dejándoles al PSOE 5.545.315 y 90 diputados y, al PP, 7.236.965 con 123 congresistas, pasando de una representación, conjunta del 84.57%  en 2011 al 60,85% en 2015, 23.72 puntos menos.


A pesar de ello, no fueron los peores datos para los dos grandes partidos, PP y PSOE, en las elecciones de abril de 2019, la representación cayó al 54%, subiendo en noviembre de ese año al 59.71%.


Este impase ha afectado más severamente al PSOE, con más pérdidas de diputados, desde 2011, cuando solo logró 110 diputados, perdiendo 59 de los que había sacado en 2008. En 2015 bajó a 90 y, en 2016 a 85.


Las peores elecciones para el PP han sido las de 2015, al perder 63 diputados de los 186 obtenidos en 2011, otro tanto sufrió en abril de 2019, cuando solo alcanzaron 66 diputados de los 137 en 2016.


Datos de importancia


El 29 de diciembre de 1978 el presidente del gobierno, Adolfo Suarez, disolvió las Cortes generales, convocando nuevas elecciones para el Congreso y Senado en marzo de 1979.  


Ello sucedía con la Constitución recién sancionada. De esa manera, 1979, año y medio después de las primeras elecciones generales, se confirmaba el fervor constitucional que existía en el país., aunque los males de Franco, muerto tres años antes, no habían desaparecido.

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El 3 de mayo de 2016, durante la XI legislatura, se aprobó la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado elegidos el 20 de diciembre de 2015 y, se convocaron las duodécimas elecciones para el domingo 26 de junio de 2016, desde la aprobación de la constitución y, las decimotercera si se consideran las celebradas el 15 de junio de 1977. El rey Felipe VI firmó el decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones generales.


Era la primera vez, desde que se aprobó la Constitución en 1978, que se aplicaba el punto cinco del artículo 99: "Si transcurrido un plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato obtuviere la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso".


El plazo para formar gobierno había finalizado el 2 de mayo, al cumplirse dos meses desde la primera votación de investidura, la fallida del socialista Pedro Sánchez.


Era, también, la primera vez que el presidente del Gobierno no disolvía las Cortes y convocaba elecciones generales, sino el jefe de Estado, ya que el jefe del Ejecutivo, ahora en funciones, Mariano Rajoy, sexto presidente, no podía hacerlo.

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El 4 de marzo de 2019 se decretó la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y, se convocó a nuevas elecciones a propuesta del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, previa deliberación del Consejo de Ministros en una reunión del 15 de febrero de 2019, cuando se dispuso que se quedaran disueltos el Congreso de los Diputados y el Senado elegidos el día 26 de junio de 2016. Las nuevas elecciones a ambas Cámaras se establecieron para el domingo 28 de abril de 2019.


Sánchez cumplía el trámite oficial después de anunciar, el 15 de febrero, que adelantaría las elecciones, tras ver tumbados sus Presupuestos en el Congreso.

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Aunque la moción de censura está recogida en la Constitución española y, en los artículos 175 a 179 del Reglamento del Congreso de los Diputados, los partidos políticos que las reciben no terminan de darles la constitucionalidad establecida; quizá el ejemplo más notorio haya sido la realizada contra Mariano Rajoy por la que Pablo Casado, disgustado, calificó de golpista a Pedro Sánchez.


Desde que comenzó la etapa democrática española, se han producido seis mociones de censura, una en 1980 contra Adolfo Suárez, otra contra Felipe González en 1987, Rajoy recibió dos censuras, una en 2017 y la segunda en 2018, y Pedro Sánchez, en 2020 y 2023.


Las tres primeras no tuvieron éxito, la cuarta fue aprobada el día 1 de junio de 2018 y el candidato Pedro Sánchez quedó investido Presidente del Gobierno. La quinta y sexta, alentadas por VOX, resultaron rechazadas.


Durante los días 28, 29 y 30 de mayo de 1980 se debatió una moción de censura contra el Gobierno de Adolfo Suárez. Esta fue liderada por los Grupos Parlamentarios Socialistas del Congreso, Socialistes de Catalunya y Socialistas Vascos, los que tenían como candidato a Felipe González. No tuvo éxito.


Las elecciones


El segundo cuadro nos muestra la población española en cada momento electoral, la participación y, las abstenciones habidas en cada proceso.

En 15 convocatorias generales, la mayor participación se dio en 1982 con un 79,97%, también es donde encontramos la más baja abstención con un 20,03%.                                                             

La abstención más elevada se observó en las segundas votaciones de 2019, con un 33,77%, fue también el año con el mayor universo poblacional español: 46.722.980 personas. 



El tercer cuadro muestra el censo electoral y la población española en ese momento.


Censo electoral y población

En junio de 1977, la población censada era de 36,079,654 personas, con un censo electoral de 23,583,762 votantes. La participación fue del 78.83% (18,590,130 habitantes), habiendo una abstención del 21.17%, 4,993,632 de personas.


En marzo de 1979, de una población de 37.757.534 y, un censo electoral de 26.836.490, hubo una participación del 68,04% (18.259.192) y, una abstención del 31.96% (8.577.298)


En octubre de 1982, con una población de 37.520.072 personas y, un censo electoral de 26.846.940, la participación fue 79,97% (21.469.274) y, la Abstención: del 20,03% (5.377.666).


El miércoles 16 de julio de 1986, los resultados oficiales de las elecciones al Congreso del 22 de junio, la población española, según el Ministerio del Interior era de 38,467,850, en ese momento la participación fue del 70,49% (20,524,858) y, una abstención del 29,51% (8,592,755), con un censo electoral de 29,117,613.


En las elecciones de octubre de 1989 la Población era de 38,476,094, el número de Votantes fue de 69,74% (20,646,365), con una abstención del 30,26% (8,957,69) y, un censo electoral de 29,604,055.


En las elecciones junio 1993, la población española era de 38,869,700, registrándose una participación del 76,44% (23,718,816), una abstención del 23,56% (7,311,695), con un censo electoral de 31,030,511.


En las elecciones de marzo 1996, la población fue de 40,231,253, la participación del 77,38% (25,172,058), la abstención del 22,62% (7,359,775), con un censo electoral de 32,531,833.


En marzo de 2000, la población era de 39,852,651 con un censo electoral de 33,969,640, una participación del 68,71% (23,339,490) y, una abstención del 31,29% (10,630,150).


También en marzo, pero de 2004, las elecciones generales tuvieron una población general de 42,717,064, con un censo electoral de 34,571,831, registrándose una participación del 75,66% (26,155,436) y, una abstención del 24,34% (8,416,395).


De nuevo en marzo se hicieron elecciones generales en 2008, la población general superaba a la de 2004, ahora era de 45,200,737 de habitantes, con un censo electoral de 35,073,179, registrándose una participación del 73,85% (25,900,439) y, una abstención del 26,15% (9,172,740).


En las elecciones de noviembre 2011, la población fue de 47,021,031, la más alta registrada en las 15 elecciones generales desde 1977. La participación fue del 68,94% (24,666,441), la abstención del 31,06 (11,113,050), con un censo electoral de 35,779,491


En diciembre de 2015 las elecciones generales contaron con una población de 46,776,797 personas, una participación del 69,67% (25,438,532), una abstención del 30,33% (11,073,316), con un censo electoral de 36,511,848.


PODEMOS y Ciudadanos no movilizan


La aparición del movimiento de los Indignados en 2011, y la participación de PODEMOS y Ciudadanos, no fueron capaces de movilizar la participación, de hecho, la abstención, del 30,33% en 2015 fue más elevada que en las elecciones de 1977; 82; 86; 89; 93; 96; 2004; 2008; y abril de 2019.


Algo similar sucedió con la participación que con el 69,67%, estuvo por debajo de las de 1977; 82; 86; 89; 93; 96; 2004; 2008; 2011 y, la de abril de 2019.


Las elecciones junio de 2016, tuvieron una población de 46,624,382 de personas, una participación del 66,48% (24,279,259), una abstención del 33,52% (12,241,654), con un censo electoral del 36,520,913


En 2019 hubo dos elecciones generales, la primera en abril y, la segunda en noviembre, en la primera y segunda convocatoria, la población fue de 46,722,980 habitantes, no así el censo electoral (los habilitados plenamente para votar) que en abril fue de 36,898,883 y en noviembre de 37,001,379, una diferencia de 102.496 personas.


Una de las razones del cambio en el censo puede ser la inscripción de quienes reunían los requisitos, como por ejemplo el no hallarse privados definitiva o temporalmente, del derecho de sufragio, la no inscripción de los españoles residentes-ausentes que viven en el extranjero (CERA), considerando que el censo electoral se actualiza mensualmente.


El Instituto Nacional de Estadística de España hace esta actualización con la información recibida de los Ayuntamientos, Oficinas Consulares, encargados del registro Civil y con las reclamaciones al censo electoral que resulten estimadas.


Además, cada mes se forma el censo electoral, cerrado el día primero de ese mes con las variaciones enviadas a la Oficina del censo Electoral hasta el penúltimo día del mes anterior y tramitadas ese mes.


El censo electoral vigente para una elección es el cerrado el día primero del segundo mes anterior al de la fecha de su convocatoria, con las inscripciones de quienes tengan la mayoría de edad el día de la votación.


En las elecciones de abril hubo una participación del 71,76% (26,478,140) y una abstención del 28,24% (10,420,743); en las de noviembre la participación fue del 66,23% (24,507,715) y la abstención del 33,77% (12,493,664).

El Bipartidismo


Este último recuadro muestra los resultados de cada evento electoral general desde 1977, destacando el porcentaje de diputados, y su número, repartido entre los dos grandes partidos (PSOE y PP) hasta 2011, entendiéndose por PP el conservadurismo de UCD.

Moreno Bonilla abraza la corrupción

Por Toni Valero, Victoria Morales y Ernesto Alba • 18 de abril de 2026
Cerca de las elecciones andaluzas Marbella vuelve a ser escenario de una vieja disputa que nunca termina de resolverse: si la corrupción pertenece al pasado o si, como sostienen algunas fuerzas políticas, sigue siendo una arquitectura viva que condiciona el presente. La coalición Por Andalucía ha optado por la segunda tesis, desplegando un discurso que combina denuncia frontal y memoria histórica. En el centro de esta ofensiva se sitúa Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, quien no solo cuestiona la gestión actual, sino la legitimidad moral de quienes la encarnan. Su intervención apunta directamente a Juan Manuel Moreno Bonilla, a quien acusa de haber convertido la promesa de “regeneración” en un ejercicio retórico. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, aparece como uno de los principales blancos, vinculada en el discurso de la coalición a un entorno familiar salpicado por investigaciones relacionadas con narcotráfico y blanqueo de capitales. A su lado, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, es presentado como otro ejemplo de lo que Por Andalucía define como “normalización de la sospecha”, al estar procesado en un caso de corrupción. La acusación aquí no es sólo jurídica, sino institucional, preguntándose si la autoridad política bajo la sombra de procedimientos judiciales abiertos puede o debe mantener sus responsabilidades. El también candidato por IU Andalucía, Ernesto Alba, introdujo una dimensión social al argumentar que la corrupción no es un fenómeno abstracto, sino una fuerza que se traduce en desigualdad tangible, asegurando que Marbella sigue figurando entre las ciudades con mayores brechas económicas, un dato que utiliza para conectar las prácticas irregulares con sus consecuencias cotidianas: servicios deficientes, acceso desigual a la vivienda y precariedad. Según Alba, localidades como Marbella, San Pedro o Mijas cargan con una reputación externa asociada a redes mafiosas, una narrativa que penaliza a una población mayoritariamente ajena a esos circuitos. La corrupción, así, no solo redistribuye recursos de forma injusta, sino también reputación. Por último, la también candidata de Por Andalucía y coordinadora comarcal de IU en la Costa del Sol, Victoria Morales, ancló su análisis en la historia reciente, evocando el legado de Jesús Gil, utilizando esta referencia como advertencia de continuidad. Aunque aquel ciclo terminó con intervención judicial y disolución municipal, Morales sugiere que sus lógicas —clientelismo, opacidad, uso del poder para beneficio privado— han mutado más que desaparecido. Especialmente significativa fue la mención a la trama sueca de blanqueo de capitales, que habría llegado a afirmar su control sobre instituciones locales y autonómicas. El núcleo programático de la coalición —endurecer la contratación pública y extender las prohibiciones a entramados empresariales completos— apunta precisamente a ese nivel estructural. No se trata sólo de sancionar conductas individuales, sino de desarticular ecosistemas donde empresas, intermediarios y administraciones pueden operar en zonas grises. La contundencia del discurso —con referencias a “mafias”, “narcotráfico” y “corrupción estructural”— refuerza su capacidad movilizadora dentro de un contexto donde varios de los casos citados están sujetos a procesos judiciales o debate público no cerrado. Por Andalucía apuesta por reabrir esa memoria como palanca de cambio; sus adversarios, previsiblemente, por encuadrarla como una instrumentalización interesada.

Los autores del desastre boliviano

Por Humberto Vacaflor Ganam • 18 de abril de 2026
Primero fue el Banco Mundial, seguido por el Banco Central de Bolivia y finalmente, el Fondo Monetario, que pusieron las cifras del desastre económico de este momento, cifras de cómo la economía decrece entre 3,3% y 4,6%. Aquí lo que falta es que alguien identifique a los culpables, haga una descripción del latrocinio cometido en las dos décadas infames del masismo y describa el tenebroso propósito de este parricidio. Los dos organismos internacionales no quisieron ponerle un nombre al diagnóstico, pero el Banco Central se atrevió a llamarlo “recesión técnica”, algo parecido a una quiebra. El Banco Mundial prefirió usar su paño de lágrimas y tratar de consolar a los bolivianos diciendo que, quizá como “efecto rebote”, en 2027 pueda darse un crecimiento de 4%, algo que nadie cree posible. El problema para esta fórmula del consuelo es que no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren porque siguen vigentes las políticas masistas creadas para ahuyentar las inversiones del sector legal y alentar las del sector ilegal. La nueva ley de inversiones está verde y la ley de hidrocarburos ha sido elaborada con mucha parsimonia, mientras la de minería ni siquiera es mencionada por el gobierno. Lo que dicen los ministros del sector económico confirma la sospecha de que las condiciones para una mejoría están muy lejos. El gobierno dice que este año las inversiones de empresas mineras extranjeras serán de 1.000 millones de dólares, cifra que es para ponerse a llorar si se toma en cuenta que las inversiones mineras que recibirá Perú llegarán a 64.000 millones de dólares. La clave está en que en Perú existen seguridades jurídicas para las inversiones mientras que en Bolivia subsisten las leyes “tranca”, como las define el gobierno, que el masismo impuso para desalentar las actividades económicas legales. Junto a esas leyes, sigue siendo un obstáculo aquella por la cual no se pueden hacer explotaciones mineras en la franja de 50 kilómetros desde las fronteras. Mientras tanto, en los países vecinos las explotaciones están a un metro de la frontera. En la otra realidad, la producción de drogas sigue pujante, como lo demuestran las plantaciones de marihuana que se dan en lo que fue el territorio del estaño, en el altiplano, según las capturas de la yerba en Llallagua. De esa manera, el país tiene ahora la posibilidad de exportar no solamente cocaína, sino también marihuana cultivada en carpas solares provistas por el gobierno del MAS, y reexportar marihuana líquida que llega de California. Estas vigorosas actividades económicas no figuran en el PIB ni ayudan a salir de la recesión. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de LatinPress.es vacaflorhumberto@gmail.com Colaboración especial para LatinPress®

El Jitomate mexicano una medida de pobreza

Por Teresa Gil • 18 de abril de 2026
La discusión ha tomado aire en Barcelona, donde se han reunido mandatarios y personajes de varios países que tienen vinculaciones semejantes. Uno de los temas fundamentales es desde luego el papel que juega la izquierda en este momento, ante la avalancha derechista que se expresa en algunos países del mundo. Y dentro de ese entorno desde luego, salen todos los temas del programa y uno de ellos es la desinformación que nosotros padecemos constantemente y desde luego la desigualdad en muchos aspectos. Pero al señalar esta última se debe mencionar lo económico porque debe estar inserta ya que todos los países, por más boyantes, tienen pobreza. Vale mencionar este caso porque el tema acaba de expresarse en México en la gran diferencia que se nota de la producción, al bolsillo del ciudadano. El impacto es mayor desde luego en los más pobres y es ahí donde la desigualdad se expresa. EL JITOMATE PUNTO DE PARTIDA EN EL CASO DE LA DESIGUALDAD Un fruto como el jitomate, que algunos consideran verdura, sirve como punto de análisis para dar a conocer las diferencias que también se expresan en muchos productos. El jitomate había sido motivo de discusión hace meses cuando se dio el problema en torno a las exportaciones a Estados Unidos. Pero en este caso en opinión del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas en datos ya expuestos, hace notar la diferencia de precios en este vegetal en su arribo final a la compra. Es un dato muy notable desde que el pago es entregado al productor, al que paga el cliente sobre todo en tiendas de autoservicio, que puede representar 3.26 veces mayor que lo que le pagaron al que sembró. Argumenta los gastos que se hacen en esas tiendas que en los últimos tiempos llevó al jitomate a 55 pesos el kilo y en algunos sitios hasta 70 pesos. El propio grupo consultor llama a buscar que esa desigualdad baje o se termine a través de otro tipo de compra, ya sea en directo o en zonas de venta accesible. Y en otros datos, que la pobreza se enfrente. LA DESIGUALDAD TIENE MUCHOS EFECTOS CUANDO AGREDE A LOS POBRES Esta relación de la desigualdad, que se agrava en los pobres, con la importante reunión que se realiza en Barcelona, recuerda aquella anécdota que contaba Tomás Mojarro, el comentarista zacatecano llamado El valedor, ya fallecido. Se refería al aumento de un dulce popular, un merengue, que vendía una señora sentada en una banqueta, que de pronto había subido a precios altos el mencionado merengue. Un señor enojado la cuestionó y aquella mujer sencilla expuesta con el gran humorismo que tenía Mojarro, le respondió con todo, el costo de las guerras, la explotación de los países poderosos, el robo de los políticos, el abuso de los comerciantes y la poca defensa que tienen los pobres. Es la desigualdad, entonces, la que debe enfrentarse. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de Latinpress.es Colaboración especial para LatinPress®. laislaquebrillaba@yahoo.com.mx.

Marbella: El Comentario de la semana

Por Jose Ibañez • 18 de abril de 2026
Marbella ofrece, en un mismo plano, una imagen casi perfecta de las tensiones que la atraviesan: ambición global, crecimiento acelerado y una base estructural que no siempre acompaña ese impulso. La reciente integración del Hospital Universitario Costa del Sol en la red europea COST DISSECT es una buena noticia sin matices. Sitúa a la institución en el circuito donde se decide el futuro de la formación quirúrgica oncológica en Europa y refuerza la idea de que la calidad médica no depende solo de la tecnología, sino del capital humano. Al encuentro en Sofía, Bulgaria acudió la cirujana endocrina Cristina Martínez Santos . La paradoja es evidente. Se participa en el debate europeo sobre excelencia mientras se mantiene, en lo cotidiano, un sistema tensionado por la falta de profesionales. No es una contradicción puntual, sino un síntoma de cómo Andalucía gestiona la sanidad: prestigio en la cúspide, fragilidad en la base. Esa misma lógica de doble plano se reproduce en la política migratoria. Mientras Alberto Núñez Feijóo mantiene un discurso nacional restrictivo, incomprensible y poco rentable políticamente sobre la regularización de inmigrantes, Marbella habilita oficinas para facilitar documentación a extranjeros en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez y en distintos distritos. No se trata solo de una aparente incoherencia ideológica. Es, más bien, la evidencia de que las ciudades turísticas operan bajo una lógica pragmática: necesitan población activa, consumo y circulación internacional. Ángeles Muñoz no corrige el discurso nacional; lo esquiva. Y en ese desajuste se instala una forma de gobernanza ambigua, donde conviven la retórica del desgaste y la práctica aperturista. El urbanismo refuerza esa lectura. Los nuevos proyectos —un hotel en Pinomar y un centro comercial en el entorno de Puerto Banús, impulsados por el área de Urbanismo que dirige José Eduardo Díaz , son la continuación de un modelo. Marbella no crece de manera orgánica, empujada por sus propias necesidades; crece en torno a una lógica muy definida: turismo, servicios, atracción de inversión inmobiliaria. Es un crecimiento que genera actividad económica, sí, pero también estrecha el margen para diversificar el tejido productivo. Cada nuevo proyecto consolida el mismo patrón. Ese patrón encuentra su límite más visible en la política social. La futura residencia pública para mayores, anunciada al 85% de ejecución por la alcaldesa Ángeles Muñoz , nace bajo la presión de una demanda estructural que ya la desborda. Los datos demográficos nos dicen que cuando llegue habrá colas de clientes. Para no llenar este espacio con muchos datos, os avanzo que solo en Marbella hay 3.536 personas mayores de 80 años y 560 mayores de 90 años. Todo ese universo para 44 habitaciones. La infraestructura, antes de inaugurarse, ya parece insuficiente . No es un problema de ejecución, sino de planificación. La política pública llega, pero llega tarde y en una escala menor a la necesaria. Esto sin contar a los mayores que viven en zonas de influencia como Ojén e Istán. El mercado laboral cierra el círculo. Marbella no es una excepción dentro de Andalucía; es su versión más intensificada. La contratación de personas con discapacidad revela un modelo donde la inclusión existe, pero es precaria: alta temporalidad, concentración en el sector servicios y escasa presencia en actividades de mayor valor añadido. El dato clave no es cuántos contratos se firman, sino qué tipo de contratos son. Y ahí la conclusión es clara: el empleo funciona más como mecanismo de rotación que de integración. Marbella ha perfeccionado una fórmula basada en el turismo, la inversión y los servicios. Una salida que dificulta retener talento sanitario y de alto valor. El empleo es mayoritariamente volátil. No hay aquí un fallo puntual, sino una estructura. En Andalucía el sector servicios concentra cerca del 73% de toda la contratación y Marbella confirma el modelo, con 36 contratos, 387 demandantes y 216 personas en paro, la ciudad presentó un ratio de 1 contrato por cada 11 demandantes, ofertando trabajos dentro de su modelo económico: Turismo, hostelería y servicios. Tareas básicas con alta temporalidad, en otras palabras, Marbella no corrige el problema andaluz, lo intensifica.

Las Chapas tendrá una delegación de Limpieza

Por Ángeles Muñoz • 17 de abril de 2026
Marbella. - El Ayuntamiento ha comenzado la construcción de unas instalaciones para la delegación de Limpieza en el distrito de Las Chapas. El proyecto, con un presupuesto de apenas 50.000 euros y 275 metros cuadrados, aspira a resolver un problema más estructural: la dispersión y precariedad de los medios con los que opera uno de los servicios más visibles —y a menudo más cuestionados— de la administración local. Durante una visita al solar, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, presentó la actuación como una mejora organizativa que permitirá centralizar recursos humanos y materiales. Acompañada por el director del distrito, Carlos Alcalá, defendió que estas dependencias dotarán de “un espacio adecuado” a una plantilla que supera la veintena de operarios en la zona. La escala del proyecto —casetas prefabricadas con oficinas y baños, y un lavadero para camiones— sugiere una intervención más táctica que transformadora. El Ayuntamiento encuadra la obra dentro de su Plan de Mantenimiento de Infraestructuras, una categoría amplia que a menudo agrupa actuaciones de carácter reactivo. Los trabajos, que incluyen conexiones básicas de agua, saneamiento y electricidad, tienen un plazo de ejecución de dos meses. En Las Chapas, como en otras periferias urbanas, la limpieza no es solo una cuestión de operativa, sino de prioridades políticas. Y aunque estas nuevas instalaciones pueden aliviar parte de la carga diaria de los operarios, queda por ver si también logran responder a una demanda más amplia: la de una ciudad que aspira a proyectar excelencia mientras lucha por mantener lo esencial.

La IA irrumpe en los despidos españoles

Por Asociación Nacional de Laboralistas • 17 de abril de 2026
Marbella. - La inteligencia artificial comienza a consolidarse como un factor determinante en el repunte de los despidos colectivos en España, en medio de una transformación profunda del mercado laboral que avanza más rápido que su regulación. Esa fue una de las conclusiones centrales de la VIII Jornada de Primavera de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), celebrada en Marbella. El diagnóstico compartido por expertos apunta a un cambio estructural donde la tecnología ya no solo optimiza procesos, sino que redefine el empleo. Los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social refuerzan este argumento: los despidos colectivos afectaron a 41.200 trabajadores en 2025, un 10,2% más que el año anterior y el nivel más alto desde 2021. Lejos de moderarse, la tendencia se mantiene en 2026, con expedientes de regulación de empleo anunciados por grandes compañías como Telefónica, Iberia o Glovo, que suman cerca de 11.000 afectados en los primeros meses del año. En la provincia de Málaga, el último dato disponible de 2024 situó en 831 los trabajadores afectados por este tipo de procesos, una cifra que, aunque menor en términos absolutos, se inserta en una dinámica nacional de crecimiento sostenido. Sin embargo, el cambio más significativo no es cuantitativo, sino cualitativo. Los despidos colectivos están dejando de ser un fenómeno asociado a sectores tradicionales o de baja cualificación. En 2025, actividades como la programación y la consultoría informática concentraron 2.948 trabajadores afectados, mientras que el comercio alcanzó los 4.961. La extensión de estos procesos a sectores altamente cualificados sugiere que la automatización ya no distingue entre perfiles. En este contexto, la implantación de tecnologías como la inteligencia artificial generativa empieza a influir de forma explícita en las decisiones empresariales. Algunas compañías, como Capgemini en Málaga, han reconocido este factor en recientes procesos de reestructuración. Para Juan Alfonso Urbano Medina, socio director de Sagardoy Abogados en Málaga, este nuevo escenario obliga a replantear los procesos colectivos “desde un prisma diferente” y a “exprimir las oportunidades de negociación”. Desde el ámbito sindical, las advertencias son más directas. M.ª Ángeles Soto Granados, de la Federación de Servicios estatal de CCOO, señaló que la inteligencia artificial no solo reduce puestos de trabajo, sino que reconfigura la organización de tareas y la generación de valor. Las implicaciones jurídicas de este proceso empiezan a ser evidentes, la selección de trabajadores afectados en un despido colectivo, tradicionalmente sujeta a criterios discutibles pero identificables, corre el riesgo de diluirse en algoritmos cuyo funcionamiento no siempre es accesible. “La tecnología es perfectamente legítima, pero sólo cuando los criterios que utiliza son objetivos, razonables y conocidos”, advirtió Soto Granados, subrayando una línea roja cada vez más presente en la jurisprudencia: la opacidad no es admisible. Ana Gómez Hernández, presidenta de ASNALA, habló de un “punto de inflexión” en las relaciones laborales, marcado por una brecha creciente entre la velocidad del avance tecnológico y la capacidad de la regulación para acompañarlo. La cuestión de fondo permanece abierta. Si la inteligencia artificial redefine el trabajo con mayor rapidez que las normas que deben ordenarlo, el riesgo no es solo jurídico, sino social.

¡Bravo por España!

Por Enrique Monterroso Madueño • 17 de abril de 2026
Estamos en plena primavera no sólo climática sino social, económica y hasta política en esta España nuestra. Primavera climática calentita que aventura una canícula insoportable. Primavera social porque la sangre está caliente y las hormonas invitan a solazarse. Primavera económica porque los datos siguen avalando el crecimiento de la economía española digan lo que digan los agoreros y matasanches. Y primavera política porque hoy se inaugura en España un reconocimiento legal, nada menos que a 500.000 personas que hasta ahora estaban entre nosotros pero eran invisibles. La sola palabra evoca a muchos españoles un cierto desprecio. Simplemente mencionarlos provoca respuestas airadas y enconadas. Pocos términos del diccionario político están tan pervertidos y cargados de negatividad como “inmigrante”. El giro hacia la extrema derecha que han dado los partidos, los medios de comunicación, las redes y la ciudadanía en general se hace especialmente visible en el discurso sobre la inmigración. Sé cuando estoy ante una persona de extrema derecha cuando le oigo hablar sobre los inmigrantes. Da igual que sea esa persona cristiana que atea. Cuando se habla que la sanidad, la salud, la educación, la dependencia o los derechos son para todos, universales, siempre, siempre buscan un pero y es entonces cuando se les ve el plumero. Sí pero no. No es que antes viviésemos en fraternidad con los extranjeros y los acogiésemos con flores, nunca fue así; pero la manera en que la xenofobia y el racismo han ganado terreno en los últimos años es espeluznante. Y, sin embargo, como está archidemostrado y yo mismo he dado ya varios picotazos a la conciencia cívica a ver si despierta, el tema de las personas que se ven obligadas a emigrar tiene, al menos, un cariz egoísta que es el de considerar el fenómeno como beneficio a cuenta de resultados para nosotros los países ricos o con aspiraciones como es España pues los datos son irrefutables. Hoy no sería posible la vida sin la concurrencia de personas llegadas de fuera que barren, friegan, limpian, lavan, ponen refrescos, hacen camas, hacen espetos, recogen fresas, atienden enfermos, cuidan de personas mayores y de niños, limpian culos, alzan muros, labran tierras etc etc etc. Imaginémosnos por un momento nuestras ciudades sin inmigrantes. Respondan. Alcen la vista, dejen el móvil. Sí, los necesitamos pero invisibles, sin papeles, recogiditos en sus infraviviendas y sin chistar. Están los gobiernos de medio mundo criminalizando al inmigrante, persiguiéndolo, encerrándolo y expulsándolo. Está la Unión Europea, cuya política migratoria en este tema es acomodaticia pues creen que es el nuevo signo de los tiempos. Hay muchos medios de comunicación cuyas noticias, artículos y tertulias se suman con alegría a la ola reaccionaria. Están por supuesto las redes sociales, difundiendo noticias falsas que criminalizan y deshumanizan a las personas migrantes. Están los patrioteros de guardia que con una colección de falsedades arriman la desgracia a su sardina. Están los partidos de extrema derecha con sus delirios, pero también los partidos de la derecha tradicional que, para desgracia de la democracia, han endurecido su discurso migratorio, tomen nota de lo que acaban de decir ayer mismo. Y estamos los ciudadanos que, con más o menos resistencia, acabamos también arrastrados por esa ola. Era inevitable que -en un país en el que la derecha está en una campaña feroz y permanente para derribar al Gobierno- cualquier exhibición de sentido de Estado como ha hecho el gobierno de Sánchez, sincera o no, sea vista con ojos torvos y gruñidos de hambre por sus adversarios. Por todo ello, por esa carga negativa que hoy tiene la palabra inmigrante, resulta admirable y valiente la decisión del gobierno de regularizar a cientos de miles de personas que ya viven y trabajan con nosotros. Y hacerlo además sin esconderlo, sin disimulo, llamando a las cosas por su nombre, hablando de razones económicas pero también de justicia y de humanidad, de derechos, y de una España abierta y diversa, convirtiendo la regularización en un acto político a contracorriente de la ola reaccionaria y hasta defenderlo con orgullo. ¡Bravo por España! La opinión del autor no coincide necesariamente con la de Latinpress.es. emonte7@hotmail.com Colaboración especial para LatinPress®

Deterioros y sin ascensor en VPO de San Pedro

Por Manuel Osorio • 16 de abril de 2026
San Pedro Alcántara. Marbella. - En febrero el concejal y portavoz del Grupo Municipal Opción Sampedreña, Manuel Osorio, denunció que en el residencial Don Diego, los vecinos venían padeciendo desde octubre de 2025 un catálogo de deficiencias impropio de una promoción de nueva construcción. Según relataba Osorio, los propietarios estaban conviviendo con filtraciones, humedades persistentes, inundaciones en zonas comunes y garajes, así como el desprendimiento de chapas en episodios de viento, lo que apunta a fallos estructurales y de ejecución. A ello se sumaba la ausencia de ascensor desde su llegada a las viviendas, una carencia especialmente grave en términos de accesibilidad y habitabilidad. La situación, lejos de corregirse con el tiempo, parece haberse normalizado en el día a día de los residentes. Además, siempre según OSP, algunos propietarios se han visto obligados a asumir de su propio bolsillo la compra de equipamiento de cocina que, contractualmente, debía estar incluido en las viviendas. Ahora, de nuevo Osorio vuelve a denunciar los mismos desperfectos y la acumulación de incidencias técnicas. La denuncia de OSP sobre la promoción de viviendas protegidas en Nueva Andalucía no se limita a señalar desperfectos; apunta, de forma más incómoda, a una jerarquía implícita en la política urbana: hay viviendas —y, por extensión, ciudadanos— que parecen merecer menos atención una vez se ha cortado la cinta inaugural. Manuel Osorio describe el caso como un proceso que comienza con fotos para la visibilidad política, pero termina en abandono administrativo. Filtraciones en garajes, barandillas oxidadas, restos de obra sin retirar y un ascensor averiado, no son solo fallos técnicos; son síntomas de una supervisión débil y, sobre todo, de prioridades desalineadas. Osorio plantea una idea que, en apariencia, es técnica pero en el fondo es profundamente política: tutelar una VPO implica acompañar a sus adjudicatarios desde el inicio, asesorarlos, defenderlos frente a la promotora e incluso facilitarles el acceso a financiación. Es, en esencia, tratar a los beneficiarios como ciudadanos con derechos plenos y no como receptores pasivos de una concesión administrativa. La ausencia de ese acompañamiento convierte la vivienda protegida en un producto a medio terminar: entregado en lo formal, pero incompleto en lo funcional. La áspera crítica se dirige a la alcaldesa, Ángeles Muñoz cuando el concejal de OSP hace referencia a las elecciones municipales de 2027: la tentación de la “fotografía” prima en Muñoz, pero los desperfectos denunciados no son incidencias aisladas y ya han pasado a interpretarse como el rastro de una gestión que se agota en el anuncio. Cuando una promoción de VPO acumula problemas sin resolver durante meses y se asume que las condiciones de vida de sus residentes pueden esperar, se está delante de un desprecio evidenciado en la demora, en la falta de respuesta, en la normalización de estándares que no serían aceptables en otros segmentos del mercado. OSP exige que el Ayuntamiento actúe y obligue a la promotora a cumplir con los adjudicatarios. Osorio le ha exigido a la alcaldesa una política de vivienda que no solo se conforme con entregar una llave.

Refuerzan los horarios de la oficina para la regularización de extranjeros

Por Ayuntamiento • 15 de abril de 2026
Marbella. - El Ayuntamiento va a reforzar las Oficinas de atención al Ciudadano (OAC) de Marbella y San Pedro Alcántara para facilitar la documentación a los extranjeros en España que soliciten la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno. A partir de hoy, los usuarios podrán pedir esta información, siempre con cita previa en el enlace https://citaprevia.marbella.es/, en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez, donde se va a incrementar el personal y se ampliará el horario, de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, de lunes a viernes, exclusivamente para este trámite; así como en la oficina habilitada en el Vivero de Empresas de la Plaza de los Naranjos y en la de la Tenencia de San Pedro Alcántara, en el mismo horario. También podrán hacerlo en las de Nueva Andalucía, Las Chapas, el Centro Cívico de Divina Pastora y los distritos Este y Oeste de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, y de 16.30 a 19.30 horas los martes y jueves en Plaza de los Naranjos y la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara. Los usuarios podrán demandar tanto el informe de empadronamiento como el de vulnerabilidad para la autorización de residencia en circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, documentos que permitan acreditar una permanencia ininterrumpida en el país de al menos cinco meses anteriores a la solicitud como requisito indispensable para acogerse al proceso.

El HUCS: Investigación en cirugía oncológica

Por HUCS • 15 de abril de 2026
Marbella. - El Hospital Universitario Costa del Sol, ha dado un paso más en su proyección internacional al integrarse en la red europea COST CA24158 DISSECT, un foro que analiza las desigualdades en la formación quirúrgica en cáncer y busca armonizar estándares en todo el continente. Al reciente encuentro en Sofía, Bulgaria acudió la cirujana endocrina Cristina Martínez Santos, lo que sitúa al hospital marbellí en una conversación más amplia sobre cómo se forman los especialistas que, en última instancia, determinarán la calidad de la atención oncológica en Europa. En oncología, donde los resultados clínicos dependen no solo de la tecnología disponible sino también de la pericia del cirujano, estas redes funcionan como infraestructuras invisibles pero decisivas. Permiten comparar prácticas, detectar brechas formativas entre países y establecer itinerarios más homogéneos en especialidades altamente complejas, como la cirugía endocrina oncológica. Para un hospital de ámbito comarcal como el Costa del Sol, esta presencia refuerza su capacidad de atraer y retener talento médico, al ofrecer a sus profesionales acceso directo a circuitos internacionales de conocimiento e, introduce en su práctica clínica diaria estándares y aprendizajes que, de otro modo, tardarían años en consolidarse. Para los pacientes oncológicos, la participación en redes como esta se traduce en la mayor probabilidad de ser tratados bajo protocolos actualizados, con enfoques quirúrgicos alineados con las mejores evidencias disponibles y con profesionales que se forman en entornos colaborativos y exigentes. Las acciones de European Cooperation in Science and Technology (COST), bajo cuyo paraguas se articula esta iniciativa, han sido durante décadas una herramienta eficaz para tejer comunidades científicas en Europa. En el ámbito del cáncer, donde la innovación avanza de manera desigual entre regiones, estas redes contribuyen a reducir distancias que, en muchos casos, se reflejan directamente en la supervivencia de los pacientes. En un sistema sanitario cada vez más tensionado, la presencia del Hospital Universitario Costa del Sol en este tipo de foros no solo es un gesto de prestigio, sino una inversión silenciosa en calidad asistencial.