Marbella. - La imagen dorada de la Costa del Sol, el escaparate que durante décadas ha vendido sol y arena a Europa entera, se está tornando en un retrato alarmante de abandono institucional. Las algas invasoras, Rugulopteryx okamurae, arrastradas por las corrientes y fortalecidas por el calentamiento global, están tomando las playas, los ecosistemas marinos y las cuentas municipales por asalto. Desde Cádiz a Málaga, los alcaldes de los principales municipios costeros han levantado la voz, esta vez en coro, para denunciar algo más que una emergencia ambiental: una fractura creciente entre el territorio y el Estado. La reunión celebrada en Marbella no ha sido solo un acto institucional, también ha dejado el sabor a una impotencia que parece revelar dos percepciones diferentes: la de que el Gobierno central, en Madrid, no entiende lo que ocurre más allá de los despachos de la capital y, la de los ayuntamientos andaluces que no piden ningún socorro a la Junta de Andalucía. Ángeles Muñoz, sin rodeos señaló que los consistorios no pueden seguir soportando en solitario esta catástrofe ambiental, desgranando cifras que ponen los pelos de punta: Se han recogido ya 4.500 toneladas de algas este año, casi el doble que en todo 2024 (2.500), e l coste. desde 2019 se eleva a los 1,2MM€. No existe apoyo científico, técnico ni presupuestario por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. El esfuerzo que realizan los municipios, con operarios, maquinaria y traslados a vertederos, es inasumible”. Para la alcaldesa marbellí la idea de que los problemas locales deben tener soluciones locales está llegando al límite, dejando a los ayuntamientos frente a un reto que rebasa sus competencias y capacidades. Las algas, literalmente, están ahogando no solo las playas, sino también la paciencia institucional, dijo Muñoz. La reunión de alcaldes para reclamar al Gobierno central una respuesta urgente ha puesto el foco —con justicia— en la inacción del Estado, pero ha dejado flotando una pregunta incómoda: ¿Por qué la Junta de Andalucía no aparece en esta ecuación, habiéndo aprobado un plan de gestión? En teoría, y según el reparto competencial en España, el litoral andaluz no es solo responsabilidad del Gobierno central. La Junta de Andalucía tiene competencias en medio ambiente, ordenación del territorio, pesca y desarrollo sostenible, es decir, en áreas directamente afectadas por esta emergencia ecológica. Y, sin embargo, el discurso de los alcaldes no mencionó a Sevilla. Ni un reproche. Ni una petición. Solo Madrid. Una omisión no casual, recordándose que los municipios presentes en la reunión (Marbella, Estepona, Fuengirola y Mijas) están gobernados por el Partido Popular, al igual que la Junta. Criticar abiertamente a un Ejecutivo autonómico del mismo color puede ser políticamente inconveniente, o al menos incómodo. En cambio, señalar al Gobierno central (en manos del PSOE) permite canalizar la frustración sin dañar alianzas internas. Pero esta estrategia tiene un coste: invisibiliza a un actor que también tiene obligaciones. No es solo el Estado el que ha fallado en articular una respuesta coordinada; la Junta también ha optado por la distancia, cuando debería estar en primera línea. ¿Dónde están los estudios científicos promovidos por la Consejería de Sostenibilidad? ¿Dónde está el apoyo económico a los ayuntamientos? ¿Dónde los planes de contención ecológica y recuperación marina? Más grave aún es el hecho de que muchos ayuntamientos estén asumiendo gastos que, por ley, corresponderían a la Junta. Es vox populi que Marbella, por ejemplo, ha adelantado fondos municipales para centros de salud, colegios o infraestructuras que deberían financiarse desde Sevilla. Esta práctica —convertida en normalidad— erosiona los presupuestos locales y limita seriamente la capacidad de los municipios para enfrentar otras emergencias, como la de las algas invasoras. La pregunta, por tanto, no es solo por qué el Gobierno central no responde. Es también por qué los municipios no exigen lo que les corresponde a su gobierno autonómico. ¿Acaso la lealtad partidista está por encima de la defensa del territorio? Los alcaldes tienen razón al reclamar soluciones urgentes. Pero su demanda quedará incompleta si no va acompañada de una exigencia clara y valiente a la Junta de Andalucía. Este fenómeno, que comenzó en Cádiz en 2015, se ha expandido con sigilo y contundencia, mientras tanto, los efectos son devastadores: pérdida de biodiversidad, colapso en ecosistemas protegidos como los bosques de posidonia, impactos en la pesca artesanal, y una merma notable en la imagen turística de una región que vive —y sobrevive— del mar. Pero este no es solo un problema ambiental o económico: es también una cuestión de gobernanza, equidad territorial y responsabilidad compartida. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, fue claro: el Gobierno no puede seguir actuando como si esto fuera “problema de los ayuntamientos”. Esa es precisamente la línea roja que se ha cruzado. Porque lo que está en juego aquí no son únicamente toneladas de algas, sino la credibilidad de un Estado que promete transición ecológica, pero que sigue dejando solos a quienes enfrentan en primera línea sus costes inmediatos. Que esta alianza de municipios recurra ahora a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y prepare un documento común para exigir un plan de acción y compensaciones al Ejecutivo, no es un simple acto burocrático.

Marbella. - Cuando en el asfalto se puede freír un huevo y las sombras escasean, las ciudades deben repensar el espacio público. En Marbella, donde las temperaturas estivales ya desafían récords históricos, una nueva propuesta política busca hacer frente al calor no con aire acondicionado, sino con árboles, pérgolas y fuentes accesibles. La moción, registrada por la portavoz socialista Isabel Pérez, plantea una transformación climática del espacio urbano: refugios climáticos distribuidos por todos los barrios, con sombra natural, acceso a agua potable y vegetación autóctona. Lejos de ser una simple intervención estética, el objetivo es claro: proteger a los más vulnerables, mitigar el efecto isla de calor y promover una ciudad más habitable. Ciudades de todo el mundo enfrentan el mismo dilema, París está creando "islas de frescor" en parques y patios escolares. Medellín desarrolló una "red de corredores verdes" que redujo hasta 2ºC la temperatura local. Barcelona, por su parte, ya cuenta con un mapa de refugios climáticos abiertos al público en escuelas, bibliotecas y mercados. Lo que une estas iniciativas es una nueva visión de la planificación urbana, en la que la infraestructura ya no se mide sólo en términos de eficiencia o rentabilidad, sino de resiliencia climática y bienestar colectivo. La sombra como derecho La propuesta en Marbella prioriza la vegetación autóctona —más resistente y menos exigente en agua—, y estructuras de sombra en espacios clave como zonas infantiles. Pero su mayor innovación podría ser otra: pensar el espacio público como un refugio climático, no solo como lugar de tránsito o ocio. Este enfoque redefine el papel de plazas, parques y paseos. Se trata de espacios que deben cuidar tanto como conectar; proteger tanto como embellecer. En tiempos de emergencia climática, una sombra puede ser tan esencial como una carretera. Uno de los elementos más destacables de la moción es el énfasis en la participación ciudadana: identificar espacios prioritarios con las comunidades, fomentar el cuidado colectivo, y democratizar el acceso a condiciones dignas ante el calor. También lo es su fuente de financiación: 1,8 millones de euros procedentes del Plan de Inversiones de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Es un recordatorio de que los fondos existen, pero su impacto depende de las decisiones políticas sobre dónde y cómo invertirlos. El futuro de las ciudades no es frío, pero sí más fresco Los expertos climáticos ya lo advierten: los veranos serán más largos, más cálidos y más extremos. Y mientras se discuten soluciones globales, las ciudades —desde Marbella hasta Melbourne— están en la primera línea de defensa. Iniciativas como esta no solo buscan aliviar el calor del presente, sino también construir una narrativa urbana distinta: una ciudad donde cada sombra proyectada por un árbol, cada fuente accesible, y cada espacio verde no es solo una mejora estética, sino una política de supervivencia.

Marbella. - La ciudad ha consolidado su posición como referente del turismo costero en Andalucía tras obtener este año un total de 12 banderas azules, una más que en 2024. El distintivo, otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) y la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE), certifica altos estándares en limpieza, seguridad, servicios y gestión medioambiental. Durante un acto celebrado este martes en el Parque del Mediterráneo, la alcaldesa Ángeles Muñoz subrayó que este logro es “el resultado de un trabajo continuo del ayuntamiento, asociaciones y sector privado para cumplir con requisitos muy exigentes”. La regidora destacó la colaboración entre distintas áreas municipales, como Protección Civil, Medio Ambiente y la Policía Local, así como la implicación del tejido empresarial y asociaciones ambientalistas como Produnas. El reconocimiento se extiende no solo a los arenales —entre los que figuran La Fontanilla, Nagüeles, Cabopino y la recién incorporada Los Monteros— sino también a los puertos de Virgen del Carmen y José Banús, ambos galardonados con el distintivo. El acto institucional también sirvió como escenario para un mensaje de advertencia. Muñoz criticó la “ausencia de inversiones estatales” en infraestructuras clave, como espigones que estabilicen el litoral, o en soluciones frente a la proliferación de algas invasoras, cuya retirada ha supuesto ya más de 500.000 euros en lo que va de año para las arcas municipales. “El esfuerzo municipal no puede sostenerse indefinidamente en solitario”, afirmó la alcaldesa, quien anunció una reunión este jueves con otros ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental para coordinar una respuesta común y reclamar acciones concretas al Gobierno central. Las banderas azules, más allá de su valor simbólico, tienen una clara traducción económica y medioambiental. Para destinos turísticos como Marbella, suponen una garantía internacional de calidad frente a un visitante cada vez más consciente del impacto ecológico. Además de las banderas azules, 36 playas de Marbella han recibido la doble certificación ‘Q’ de Calidad y ‘S’ de Sostenibilidad del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), reforzando el posicionamiento de la ciudad como destino de referencia en el sur de Europa. Con la temporada alta en su punto álgido, el reto, según Muñoz, no es solo mantener estos estándares, sino también extender la excelencia durante todo el año. a calidad, la sostenibilidad y el futuro de la ciudad”.

San Pedro Alcántara. Marbella. - En el corazón de la Costa del Sol, una pequeña presa centenaria se enfrenta a un futuro incierto. Construida hace más de 120 años, el embalse del Llano de la Leche —Pantano de la Leche— es ahora objeto de una batalla por su supervivencia, en la que confluyen intereses medioambientales, patrimoniales y sociales. Frente a otras grandes infraestructuras hidráulicas de Andalucía el pantano representa una memoria agrícola todavía funcional. La alarma La alarma se disparó tras la aplicación del Decreto 264/2021, que eleva los estándares de seguridad para presas y embalses en toda España. La normativa reclasificó el Llano de la Leche como una presa de riesgo tipo A, la categoría más alta, obligando a ejecutar costosas obras de adecuación. El precio de la obra estaría cercano al millón de euros, una suma fuera del alcance de la comunidad de regantes que gestiona el embalse. Sin intervención institucional, la presa deberá ser vaciada y cerrada, un destino que preocupa tanto a agricultores como a ecologistas. “Estamos hablando de un embalse que ha dado vida a este territorio durante más de un siglo”, advierte Manuel Osorio, concejal de Opción Sampedreña (OSP), el grupo político que ha alzado la voz ante el inminente cierre. “No se trata solo de regadío; es una cuestión de herencia ambiental y cultural”. Agua y biodiversidad en tiempos de sequía Andalucía sufre desde hace años los efectos de una sequía prolongada, con embalses al 20% de su capacidad en algunas cuencas. El Llano de la Leche, aunque modesto en tamaño, sigue siendo esencial para el abastecimiento agrícola de zonas como Benahavís, San Pedro Alcántara y parte del litoral. Sin embargo, el agua no es su único valor, a lo largo de las décadas, el entorno del pantano ha desarrollado un ecosistema propio, con una riqueza en biodiversidad notable para su escala. Aves migratorias, anfibios, pequeños mamíferos y una flora de ribera que ha resistido la expansión urbanística encuentran refugio en sus orillas. Según ecologistas locales si se vacía el embalse, se pondría fin a este frágil equilibrio, provocando una pérdida irreversible de hábitat en una de las zonas más urbanizadas de Europa. La presa forma parte de un conjunto hidráulico ligado a la Colonia Agrícola de San Pedro Alcántara, una iniciativa pionera del siglo XIX promovida por el Marqués del Duero para transformar marismas en tierras fértiles. Hoy, pocos recuerdan esa historia, pero el embalse permanece como un vestigio tangible de aquella visión. OSP ha solicitado su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que permitiría canalizar subvenciones y abrir la puerta a su conservación como patrimonio público. A pesar de ello, ni el Ayuntamiento de Benahavís ni la Junta de Andalucía han hecho aún un movimiento claro en esa dirección. Silencio institucional El grupo OSP llevará el debate al pleno del Ayuntamiento de Marbella con el objetivo de crear una coalición de actores públicos y privados para evitar el cierre. La Mancomunidad de Municipios ha mostrado cierta predisposición, pero sin compromisos firmes. “No estamos pidiendo lujo, sino responsabilidad”, enfatiza Osorio. “Lo contrario sería permitir que un trozo de nuestra historia y de nuestra naturaleza muera por abandono”.

Ramón López Velarde, poeta zacatecano, describiría en 1921, con certeza profética en su poema Suave Patria: “El niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo”; cuánta riqueza y, cuánta miseria, ha provocado esa riqueza otorgada por la naturaleza a los mexicanos. El petróleo con derivaciones de utilidad múltiples, ha sido ambicionado por países extranjeros y las concesiones han sido otorgadas para su explotación enriqueciendo a otros países, con consecuencias brutales a nuestro medio ambiente y dejando pobreza entre los miles de trabajadores que, con su esfuerzo, trabajo y hasta su vida, han enriquecido a extranjeros y empresarios y políticos nacionales. Una de las más relevantes e importantes acciones realizadas por el Presidente General, Lázaro Cárdenas para México, ocurrió durante el 18 de marzo de 1938, cuando decretó la nacionalización del petróleo, que se encontraba en manos de 17 compañías extranjeras, a saber: maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes muebles e inmuebles, de la Compañía Mexicana de Petróleo llamada El Águila (Royal Dutch Shell), la Compañía Naviera San Cristóbal, la Compañía Naviera San Ricardo, la Huasteca Petroleum, la Sinclair Pierce Oil Company, la Mexican Sinclair Petroleum Corporation, la Stanford y Compañía, la Penn Mex Fuel Company, la Richmond Petroleum Company, la California Standard Oil Company of México, la Compañía Petrolera El Agwi, la Compañía de Gas y Combustible Imperio, la Consolidated Oil Company of México, la Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, la Sabalo Transportation Company, Clarita S A y Cacalilao Sociedad Anónima, así como de sus filiales o subsidiarias. Con este mandato se estableció que el Estado mexicano tendría el control total sobre la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional y hacia el extranjero, lo que ha permitiría al Gobierno Federal tener recursos económicos adicionales y suficientes para su desarrollo económico. A la nacionalización del petróleo, conocida como la Expropiación Petrolera, no le antecedió movimiento alguno por parte de la ciudadanía, fue un verdadero ejercicio del poder presidencial en beneficio del pueblo y una defensa férrea de la soberanía del país. La decisión la tomó el presidente Cárdenas tras el incumplimiento de las compañías extranjeras con fallos laborales y su negativa a cumplir con las leyes mexicanas. Esa decisión fue apoyada posteriormente por los mexicanos aportando en la medida de cada uno recursos para el pago de las indemnizaciones, teniendo conocimiento que tal medida otorgaba al Estado mexicano el control total sobre la producción y comercialización del petróleo, consolidando la soberanía sobre los recursos naturales del país. En la actualidad, se habla con recurrencia de la defensa de nuestra soberanía, más sin embargo, las mayores riquezas naturales propiedad de todos los mexicanos se encuentran, como en tiempos idos, en manos de extranjeros y particulares, enriquecidos hasta la saciedad, por encima del esfuerzo de miles de trabajadores que pierden hasta sus vidas en esos trabajos mal pagados y contaminadores del medio ambiente. Hablar de deudas en México, es hablar de lo que los mexicanos estamos pagando en tanto otros se siguen enriqueciendo, porque nuestro gobierno, no termina por asumir y ejercer el poder que el pueblo le ha dado para que una verdadera transformación se dé en nuestro país. Según datos, las deudas son: PEMEX -2 billones; FOBAPROA- 1.1,371 billones; Interna- 138, mil 69.9 millones; Externa – 487 mil559.5 millones …de dólares. Conociendo el señor Caros Slim Helú, la deuda de PEMEX, rápidamente se ofrece a apoyar al pago de la misma o sea que, de aceptar su ofrecimiento la Presidenta Sheinbaum, tendremos un nuevo propietario de nuestra empresa petrolífera. Es de lamentar el hecho de que, en aproximadamente 81 años de haber sido rescatada nuestra empresa petrolera de manos de extranjeros, la corrupción de los presidentes mexicanos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del de Acción Nacional (PAN), se enriquecieran sin un mínimo sentido de amor a su Patria. Si el poder que otorgamos desde el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA,) no ha servido para que nuestros presidentes, antes Andrés Manuel López Obrador y actualmente la dra. Claudia Sheinbaum, apliquen justicia a ex presidentes; políticos y empresarios corruptos y obliguen a que devuelvan al pueblo lo robado y encarcelarlos por tanto daño ocasionado a nuestro país, luchamos en vano pues nos presentan a la misma gata, nomás que polveadita. Por la opacidad presupuestaria, los tiempos dilatados y una puesta en escena que parece pensada más para consolidar titulares que para acelerar beneficios concretos. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de Latinpress.es Colaboración especial para LatinPress®. bnpb146@hotmail.com

Marbella. - La nueva biblioteca pública de San Pedro Alcántara todavía no ha comenzado a construirse, pero ya ha sido anunciada dos veces en menos de dos meses. El pasado lunes, el Ayuntamiento de Marbella confirmó que los trabajos comenzarán la próxima semana, con un presupuesto actualizado de 3,86MM€ — más de 400.000€ que la cifra presentada en mayo 3.4MM€ —, esperando que la finalización de las obras sean dentro de 18 meses, diciembre de 2026. Aunque el plazo es de 18 meses, no parece probable que el equipamiento entre en funcionamiento de manera inmediata, esperándose con mucha probabilidad que sea bien entrada la segunda mitad de la próxima legislatura. El proyecto, concebido como un nuevo equipamiento cultural de 1.300m² en el parque Jorge Lorenzo de El Arquillo, incluirá una sala de estudios con acceso independiente, un área infantil, espacio para conferencias y una cubierta transitable. La construcción se alzará en la zona del antiguo anfiteatro, entre las calles San Javier, Archidona y Cocle. En un municipio donde los anuncios de inversión se suceden con ritmo casi semanal, esta segunda presentación pública del mismo proyecto plantea una pregunta obligada: ¿Por qué ha aumentado su coste en un 12% en apenas dos meses? El cambio presupuestario, de los 3,4 millones de euros comunicados inicialmente a los 3,86 millones anunciados ahora, no fue acompañado de una justificación técnica clara. Ni la alcaldesa Ángeles Muñoz ni el teniente de alcalde de San Pedro, Javier García, ofrecieron explicaciones detalladas sobre el origen del incremento. En el actual contexto económico, donde los precios de materiales y mano de obra siguen al alza, los sobrecostes no son inusuales. Sin embargo, su aparición en una fase tan temprana del proyecto —antes incluso de que empiecen las obras— sugiere bien una planificación inicial deficiente o bien un reajuste estratégico del alcance del proyecto. La biblioteca se suma así a una larga lista de infraestructuras prometidas cuyo impacto efectivo queda fuera del actual ciclo político. Aunque el ayuntamiento destaca que ya se han ejecutado o licitado proyectos como el pabellón Sergio Scariolo, la renovación del mercado o la futura Escuela de Música, el ritmo real de entrega sigue siendo una incógnita. La doble presentación de la biblioteca —una en mayo y otra en julio— pone de manifiesto una estrategia de comunicación institucional en la que los anuncios parecen cumplir una función más simbólica que informativa. Si en la primera ocasión se habló del proyecto y su dotación económica, en esta segunda se confirmó el arranque de las obras, aunque sin que hayan comenzado en el momento del anuncio. En un contexto electoral aún lejano, pero siempre presente en el calendario político local, estas repeticiones refuerzan una narrativa de gestión activa. La futura biblioteca de San Pedro Alcántara es una buena noticia para el municipio. Su diseño, su ubicación y su potencial de uso la convierten en una infraestructura esperada y necesaria. Pero su ejecución, aún por comenzar, se ve empañada por la opacidad presupuestaria, los tiempos dilatados y una puesta en escena que parece pensada más para consolidar titulares que para acelerar beneficios concretos.

Marbella. - En una región donde las promociones inmobiliarias de alta gama dominan el paisaje urbano, una de las principales promotoras de lujo del sur de España ha anunciado una iniciativa poco habitual: la construcción de 370 viviendas asequibles en las ciudades costeras de Málaga y Marbella. Sierra Blanca Estates, con sede en Marbella y reconocida por sus desarrollos de alto nivel, ha revelado esta semana tres nuevos proyectos de vivienda protegida que estarán finalizados en 2027. Se trata de un giro estratégico significativo para una empresa históricamente asociada al mercado premium, que ahora se posiciona también en el segmento de la vivienda social. “No podemos mirar hacia otro lado ante el gran problema de acceso a la vivienda que existe en nuestra sociedad”, declaró Pedro Rodríguez, presidente de la promotora, en un comunicado. “Esta decisión no responde a una lógica de negocio, sino a un sentido de responsabilidad social”. Los tres proyectos abarcan diferentes zonas estratégicas de la Costa del Sol: 25 viviendas se construirán en el ámbito del Plan Parcial Arroyo Palomeras, en Marbella, sobre un suelo adjudicado por el ayuntamiento mediante concurso público. También en Marbella, la promotora ha cedido terreno de su propiedad en el sector Hacienda Cortés (SUS.RR-1), para promover de forma privada la construcción de 270 viviendas protegidas. Finalmente, en Málaga capital, Sierra Blanca Estates ha presentado una propuesta para el desarrollo del sector Ferrocarril del Puerto (SUNC.LO-1) del PGOU, que contempla la edificación de 80 viviendas más. Aunque la vivienda protegida no forma parte del modelo de negocio habitual de la compañía, Rodríguez explicó que la decisión se inscribe en una visión más amplia de responsabilidad corporativa. “Como empresa arraigada a nuestra ciudad desde hace cuatro décadas, sentimos el compromiso de contribuir activamente al bienestar de la comunidad local y de quienes más lo necesitan”. La falta de vivienda asequible se ha convertido en una de las mayores tensiones sociales de la Costa del Sol, donde el auge del turismo y la inversión extranjera han elevado los precios de forma sostenida, dificultando el acceso a la vivienda para la población residente.

Marbella. — Más de un millón de personas mayores de 65 años en Andalucía podrán beneficiarse este verano de una ampliación de descuentos y ventajas en actividades culturales, turísticas y de ocio, gracias a la Tarjeta Andalucía Junta 65 (TAJ65). En Marbella, con una población con el 17% mayor de 65 años (26.570) podrá acogerse a estas condiciones preferentes. Según la Junta, 1.065.838 personas titulares de esta tarjeta —disponible en modalidades Oro y Verde— podrán acceder a rebajas en más de un millar de establecimientos repartidos por toda la comunidad autónoma. Actividades Las actividades con mayor demanda durante los meses estivales se encuentran los parques temáticos y acuáticos. Isla Mágica, en Sevilla, ofrece un 35% de descuento en la compra de hasta cuatro entradas por día completo. Además, este año incorpora una reducción del 25% para visitar la Nao Vigía y el Globo de Sevilla. Los parques acuáticos de Cádiz, Almería y Málaga también forman parte del programa: Aqualand Bahía de Cádiz, Aquavera en Vera (Almería) y Aquamijas en la Costa del Sol ofrecen precios especiales. El Acuario Sea Life, en Benalmádena, se suma con beneficios exclusivos. También habrá acceso gratuito a monumentos como la Mezquita-Catedral de Córdoba y se podrá disfrutar de tarifas reducidas en museos como el del Automóvil y la Moda en Málaga. En Manilva, las rutas enoturísticas se ofrecen a precios adaptados para titulares de la tarjeta. La Junta ha habilitado una guía digital con todos los descuentos disponibles en lajunta.es/guiatarjeta65, además de una línea gratuita de atención telefónica: 900 200 165.

Marbella. - Bajo la postal de la elegancia mediterránea marbellí IU ha advertido un conflicto oculto pero revelador: la constante persecución de los manteros, vendedores ambulantes —mayoritariamente migrantes africanos— que ofrecen productos falsificados sobre mantas que pueden recogerse y huir en segundos. El coordinador de Izquierda Unida (IU), Manuel Nuñez, ha denunciado la reciente controversia en la ciudad, marcada por una propuesta de VOX para erradicar esta práctica bajo el pretexto de “limpiar la imagen” de la ciudad, ha abierto una ventana hacia un problema mucho más amplio: el racismo estructural que permea ciertas políticas de seguridad y discurso público en España. Los defensores de estas medidas argumentan que el top manta es ilegal —lo es— y que representa competencia desleal, pérdida fiscal y hasta un vínculo con redes de criminalidad. Pero ese argumento económico suele ser el envoltorio elegante de una narrativa racial: el problema no es que vendan productos falsos, sino que son negros, pobres y visibles. Cuando las autoridades centran sus recursos y presencia policial en los cuerpos racializados que ocupan el espacio público, el mensaje es claro: su mera presencia es indeseable. Nuñez advierte que los manteros no son simplemente ilegales; son, para algunos, un recordatorio incómodo de desigualdades globales que preferirían ignorar. El concepto de “mala imagen” es uno de los más cargados en este discurso. ¿Cuál es la venta ambulante que afea el paisaje urbano? se preguntan en Izquierda Unida. La obsesión por la estética del orden —calles limpias, escaparates homogéneos, terrazas inmaculadas— no es nueva. Lo preocupante es cuando se convierte en una excusa para expulsar sistemáticamente a quienes no encajan con el modelo aspiracional de ciudad: el migrante pobre, el trabajador informal, el “otro” que desentona. Lo sucedido en Marbella, donde un agente de la policía local presuntamente agredió a personas que defendían a unos manteros, pone de relieve otra dimensión del problema: la impunidad policial cuando se trata de cuerpos racializados. La reacción institucional, hasta ahora tibia o inexistente, revela una normalización peligrosa del abuso, siempre y cuando las víctimas pertenezcan a los márgenes. El silencio del Partido Popular frente a los excesos policiales y su connivencia con el discurso de VOX solo refuerzan esta dinámica. No se trata de casos aislados, sino de una política de tolerancia hacia el racismo cuando este se disfraza de “orden” o “seguridad”. El debate sobre el top manta no puede reducirse a la legalidad de sus productos. Es, en el fondo, un espejo donde se refleja el modelo de ciudad que estamos construyendo: una Marbella (o una Barcelona, o una Madrid) donde la exclusión del diferente es sistemática y donde la presencia migrante sólo es bienvenida cuando está invisibilizada o al servicio del turista. Combatir el racismo también pasa por desmontar los discursos y políticas que normalizan la desigualdad bajo apariencia de neutralidad legal. En lugar de perseguir a quienes sobreviven en los márgenes del sistema, quizás sea hora de cuestionar el propio sistema que los empuja hasta allí.