La doble vara de medir del ayuntamiento
Mabel Domínguez y Manolo Osorio • 11 de febrero de 2026
La doble vara de medir del Ayuntamiento de Marbella en la gestión del suelo público y la opacidad de los precios finales de las 84 VPP.
San Pedro Alcántara. Marbella). —
La gestión del suelo público en Marbella vuelve a quedar bajo escrutinio, esta vez por una comparación incómoda: cuánto cuesta el suelo cuando se destina a vivienda protegida y cuán flexible resulta cuando el beneficiario es una iniciativa privada.
Opción Sampedreña (OSP) ha situado en el centro de la crítica la promoción de 84 viviendas protegidas en San Pedro de Alcántara, levantadas sobre suelo municipal que el Ayuntamiento vendió por 2,9MM€.
El cálculo, según OSP, es directo: unos 34.500€ por vivienda, un coste que termina repercutiendo en el precio final de los inmuebles y que, de acuerdo con la formación, incrementa su valor hasta en un 12%.
La presidenta de OSP, Mabel Domínguez, subraya que mientras el Consistorio anuncia una ayuda de 15.000€ euros por vivienda — 10.000 municipales y 5.000 aportados por la promotora —, el propio Ayuntamiento introduce un sobrecoste a través del precio del suelo que neutraliza buena parte del beneficio anunciado.
El contraste es más descarado cuando se observa otra decisión reciente: la cesión durante 50 años de una parcela municipal destinada a usos educativos, sociales, deportivos y zonas verdes para la construcción de un colegio privado sueco.
El valor estimado de esta concesión asciende a 9MM€ a lo largo del periodo acordado, una cifra que triplica los ingresos obtenidos por la venta del suelo de las 84 viviendas protegidas.
Para OSP, la comparación no es solo contable, sino política. Mientras el acceso a la vivienda se encarece incluso cuando se trata de protección pública, el suelo municipal se muestra más accesible cuando el proyecto responde a una iniciativa privada de carácter educativo y orientada a un perfil internacional.
OSP también ha puesto el foco en el residencial Don Diego, en Nueva Andalucía, donde los vecinos comenzaron a vivir en octubre de 2025 y, según la formación, se han encontrado con una sucesión de deficiencias desde el primer día.
Filtraciones, humedades, inundaciones en zonas comunes y garajes, desprendimientos de chapas durante episodios de viento y la ausencia de ascensor desde la entrada en las viviendas forman parte de las quejas trasladadas por los residentes.
Algunos propietarios, añade OSP, han tenido incluso que asumir el coste de equipamiento de cocina que debía estar incluido en la entrega de las viviendas.
A ello se suma un conflicto más antiguo, la comunidad colindante de Ribera de Guadaíza asegura que desde 2012 viene asumiendo gastos de mantenimiento de zonas comunes compartidas —puertas de garaje, sistemas contra incendios, grupos de presión o iluminación— sin que se haya compensado la parte correspondiente. Las obras recientes, sostienen, han generado nuevos daños que tampoco han sido cubiertos.
Incertidumbre tras el sorteo
La formación también cuestiona la gestión del sorteo de las 84 viviendas protegidas, celebrado hace un mes. Según OSP, los adjudicatarios aún desconocen el precio definitivo de los inmuebles y si podrán asumirlo económicamente.
Las horquillas publicadas en medios sitúan los precios entre 150.000 y 260.000€, pero sin confirmación oficial, lo que dificulta calcular el ahorro previo necesario, estimado entre el 20% y el 30% del valor de la vivienda.
De las 84 viviendas, 42 se han destinado a régimen especial, para ingresos de hasta tres veces el IPREM (unos 22.000 – 23.000€ anuales), y 42 a régimen general, con un límite de hasta 5,5 veces el IPREM.
OSP denuncia que las probabilidades de acceso han sido significativamente menores para el grupo con menos ingresos y que, además, las 12 viviendas adaptadas sólo han podido adjudicarse a solicitantes del tramo más alto, excluyendo a quienes se sitúan en el umbral inferior.
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