La Mezquita de Córdoba costó 30€.
Izquierda Unida • 12 de agosto de 2025
La Mezquita de Córdoba, que costó 30€, también se utiliza como almacén de artículos inflamables.
Marbella. -
Cuando el Cabildo Catedralicio de Córdoba pagó 30€ en 2006 para registrar a su nombre uno de los monumentos más emblemáticos del mundo islámico medieval —la Mezquita-Catedral— pocos ciudadanos imaginaron que aquel trámite administrativo se convertiría, casi dos décadas después, en un símbolo de la opacidad legal y política que rodea a la propiedad de algunos de los bienes más valiosos del país.
En 2024 el Cabildo obtuvo más de 22MM€ libres de impuestos por su explotación turística, según datos aportados por el propio organismo religioso. A día de hoy, el superávit es de más de 5,5MM€ tras descontar distintos gastos.
Son datos dados a conocer por Izquierda Unida (IU) que denuncia la “nefasta gestión del Cabildo Catedral de Córdoba” que ha contribuido a “poner en riesgo este Patrimonio Cultural de Andalucía y de toda España”, tras el incendio de la Mezquita el pasado fin de semana.
Ahora, tras el incendio que el pasado fin de semana afectó a parte del edificio —en una zona utilizada como almacén de maquinaria y mobiliario, según reconoció la propia institución eclesiástica— el debate sobre quién debe gestionar y cómo este Patrimonio de la Humanidad ha resurgido con más fuerza que nunca.
Una ley hecha a medida
Las llamadas inmatriculaciones —procedimiento por el que se inscribe por primera vez en el Registro de la Propiedad un bien que hasta entonces no constaba registrado— se convirtieron en un potente instrumento para la Iglesia Católica a raíz de la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998 impulsada por el Gobierno del conservador José María Aznar.
Dicha reforma permitió a los obispos actuar como fedatarios públicos, inscribiendo bienes a su nombre con una simple certificación eclesiástica, un privilegio equivalente al de un notario.
El coste administrativo, en muchos casos, fue simbólico: 30, 40, 50€. Entre finales de los noventa y 2015, cuando se cerró esta vía, la Iglesia inmatriculó decenas de miles de propiedades, desde ermitas rurales hasta plazas públicas, pasando por catedrales y murallas históricas.
La Mezquita de Córdoba, un símbolo arquitectónico de la España andalusí, es considerada una de las obras maestras del arte islámico, que tras la Reconquista fue consagrada como catedral católica. Aunque siempre ha tenido culto cristiano desde el siglo XIII, su titularidad formal quedó en el limbo hasta 2006.
El patrimonio como negocio
En 2024, el Cabildo Catedral declaró ingresos superiores a 22 millones de euros por la explotación turística del monumento, libres de impuestos. Tras descontar gastos, el superávit superó los 5,5 millones.
Para colectivos como la Plataforma Mezquita-Catedral o formaciones políticas como Izquierda Unida, este es un ejemplo claro de una “privatización encubierta” de un bien que pertenece al imaginario colectivo de Andalucía y de toda España, pero cuyos beneficios son exclusivos de una institución privada.
Lo irónico, señalan, es que buena parte de las intervenciones de conservación y restauración se financian con fondos públicos a través del Plan Nacional de Catedrales, mientras que los beneficios turísticos —un flujo continuo de entradas a 13 € por visitante— quedan íntegramente en manos eclesiásticas.
Un incendio y viejas preguntas
El fuego que dañó varias capillas de la ampliación de Almanzor (siglo XI) se inició en un área utilizada como almacén de objetos inflamables. La imagen de un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad funcionando como depósito de maquinaria ha avivado la crítica a la gestión del Cabildo.
IU ha registrado una iniciativa en el Congreso para exigir explicaciones al Gobierno y medidas concretas: prohibir el uso de zonas de alto valor patrimonial como almacenes, garantizar protocolos de seguridad y abrir la puerta a una mayor supervisión estatal.
La batalla pendiente por la reversión
La cuestión que subyace es si el Estado puede —o debe— recuperar la titularidad de estos bienes inmatriculados. En 2021, el Gobierno publicó un listado de más de 34.000 propiedades registradas por la Iglesia desde 1998. Sin embargo, optó por un enfoque negociador: instar a la Iglesia a “revisar” casos dudosos, sin abrir de momento un proceso judicial masivo.
En Córdoba, la respuesta del Cabildo es clara: la propiedad es legítima, la gestión es adecuada y el incendio fue un incidente lamentable, pero no derivado de negligencia.
Sus críticos, en cambio, ven en el caso un emblema de cómo un mecanismo legal pensado para resolver vacíos registrales se convirtió en una de las transferencias patrimoniales más opacas de la democracia.
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