Los SMI deberían ser la referencia de las VPP

Los precios de las VPP chocan con salarios, reglas bancarias y una ciudad donde la etiqueta “protegida” no garantiza el acceso.

Marbella. - Comprar una Vivienda de Protección Pública (VPP) en Marbella no exige sólo cumplir requisitos administrativos, también superar una prueba matemática que para muchos hogares resulta inalcanzable.

Las cifras que conocemos, de 235 mil euros por una VPP, nos dijo la líder socialista en Marbella, Isabel Pérez, más que un discurso político, explican por qué una parte creciente de la población queda fuera incluso de la vivienda concebida para protegerla del mercado.

Si tomamos como referencia esos 235.000 euros, no debemos olvidar que a esa cantidad, incluso descontando ayudas municipales de entre 10.000 y 15.000 euros, el comprador sigue enfrentándose a un precio efectivo cercano a los 220.000 euros. La banca, por norma, exige dos condiciones básicas: una entrada mínima del 20% y que la cuota hipotecaria no supere el 30–35% de los ingresos netos del hogar.

La primera barrera aparece antes incluso de firmar la hipoteca. El 20% de entrada supone alrededor de 44.000 euros, a los que hay que añadir impuestos, notaría y gastos asociados, que pueden elevar el desembolso inicial por encima de los 55.000 euros. Para un hogar joven o con ingresos medios, ahorrar esa cantidad en una ciudad con alquileres elevados no es un trámite: es una carrera de fondo que muchos no pueden ni empezar.

Pero si se es capaz de superar esa entrada, llega el segundo filtro: la cuota mensual, que con una hipoteca de unos 180.000 euros, a 30 años está entre 850 y 1.000 euros al mes, eso para una sola persona con los salarios de Marbella, no es posible asumir. La única forma de adquirir este tipo de vivienda es con la implicación del ayuntamiento.

El núcleo del problema está en la venta del suelo que siempre repercute en el precio. Vuelvo a repetir, apuntó Pérez, precios como los 235.000 euros, uno de los más caros en este tipo de viviendas en España, no son para nada aplicables a una VPP para una ciudadanía cada vez con menos capacidad de compra. Son precios que no entran dentro de las posibilidades para comprar una vivienda y cumplir la regla del 30% del salario que se dice.

Nos parece bien que los privados hagan VPP y obtengan beneficios, lo que exigimos es que el Ayuntamiento se implique realmente en hacer viviendas con un precio más barato para llegar a un sector más amplio de la población.

Lo que pedimos a Ángeles Muñoz es que participe en ese proceso de vivienda pública, porque si alguien puede ir al límite en esos beneficios o no tener beneficios, es el ayuntamiento, para eso están las administraciones. Además, tiene suelo para hacerlo.

El consistorio podría hacer un sumatorio de gastos acorde a lo que una persona puede destinar a la compra de una vivienda o para alquilarla, los números tienen que ser hechos de distintas formas.

Una empresa privada siempre hace ese sumatorio para no perder dinero, que además es lo lógico, pero esa no debe ser la forma de trabajar el ayuntamiento.

Ángeles Muñoz está empeñada en no cambiar de estilo. Nosotros le ofrecimos la posibilidad de que lo hiciera en la residencia tiempo libre con alquileres que hubiesen rondado los 300 o 400 euros por módulo y miró para otro lado.

Nosotros planteamos soluciones dentro de lo lógico, por supuesto que también es válido que pueda haber viviendas de protección oficial que se vendan a 235.000, pero siempre pensando que desde la administración pública hay que trabajar de otra forma. Trabajar con los números para que la gente pueda comprar.

A partir de ahí se puede estimar lo que la gente pueda pagar, pero si lo que se busca es el beneficio económico, los números nunca saldrán.

Lo que le decimos es que se cuente con lo que la gente podría pagar dentro de su sueldo y a partir de ahí construir a precios reales.

Si se hacen los números partiendo de los salarios mínimos, nunca saldrían VPP de 235 mil euros. Para hacer los números correctos no hay que hacer unos tratados de matemáticas, es tan simple como saber hasta dónde la gente puede llegar y, luego, por supuesto, que los privados sigan haciendo proyectos pequeños de protección oficial, pero que el Ayuntamiento se implique en el desarrollo integral.

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