Marbella, o el arte de gobernar diciendo “no” (con una sonrisa). Marbella no tendrá una Oficina Pública Local de la Vivienda con capital 100 % público. El asunto quedó zanjado en el pleno del 27 de febrero, cuando el Partido Popular decidió que aquello era, en esencia, “otro chiringuito”. Fin del debate. El "No” no solo como respuesta, sino como política pública. El Albergue África , o cómo encoger un proyecto sin mover un ladrillo. Ángeles Muñoz firmó la cesión gratuita de 8.580 metros cuadrados en la parcela del Albergue África. El proyecto nació grande: 800 plazas de aparcamiento. Luego creció a 1.000. Finalmente, tras una dieta administrativa rigurosa, se quedó en 600. Resultado: 400 plazas menos. Y eso que era una “demanda histórica”. El aparcamiento aún no existe, pero la historia ya está escrita. Vivienda protegida, actividad intensísima… y ningún tractor. Se aprueban licencias para 25 VPP en Arroyo Palomeras, cerca del Boho Club. El concejal José Eduardo Díaz habla de viviendas de 75 a 85 metros cuadrados, con garaje y trastero, y de una ciudad sumida en una “intensísima actividad urbanística”. El único inconveniente es visual: no hay obras. Ni una excavadora. Ni un tractor despistado. Banderas: el equilibrio que no ondea. El Partido Popular también ha decidido que la bandera de Andalucía no debe ondear en el bulevar de San Pedro Alcántara. El socialista Enrique Ruiz propuso algo revolucionario: si hay bandera de España, que haya también bandera andaluza. La negativa no fue técnica. Fue política. Criminalidad: cuando el porcentaje asusta más que el número. La criminalidad global en Marbella subió un 3%, frente al 1.8 andaluz y el 0,8% nacional. Las lesiones y riñas tumultuarias crecieron casi un 30 %. No es una serie de Netflix, son datos oficiales. Diversidad: 150 nacionalidades y ningún apocalipsis. Marbella convive con más de 150 nacionalidades. La diversidad aquí no es un lema, es rutina. Frente al ruido, Izquierda Unida Marbella – Por Andalucía ha optado por una estrategia radical: datos. Su portavoz, Victoria Morales , recuerda una verdad poco rentable electoralmente: sin papeles no hay prestaciones. Ni Ingreso Mínimo Vital, ni subsidios, ni milagros administrativos. Urbanismo con mayúsculas. Marbella presume de ser el primer municipio andaluz con un PGOM adaptado a la LISTA. Seguridad jurídica, plazos más cortos, confianza inversora. Todo muy ordenado. Ahora solo falta que la realidad acompañe al documento. Epílogo internacional (porque todo está conectado) Mientras tanto, en Venezuela, la nueva Ley de Amnistía excluye a María Corina Machado, según explicó Delcy Rodríguez , por su apoyo a sanciones y a una operación militar que acabó con la captura de Nicolás Maduro . Uno de los requisitos de Donald Trump era la liberación de presos políticos. Coda final: siempre en la cuerda floja. Y cerramos con José María García Urbano : restaurante de tres plantas, sin licencia, sin canon, financiado de su bolsillo para su nuera —en paro y sin experiencia—. Está en juicio.

Marbella. - El rechazo sistemático a propuestas vinculadas a vivienda y servicios públicos esenciales no es un hecho aislado ni exclusivo de los plenos municipales. En Marbella, este tipo de votos en contra refleja una lógica política más amplia: la gestión del “No” como herramienta de poder, más que como resultado de un debate técnico o de viabilidad real. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel Pérez, defendió ambas mociones en el pleno de este viernes 27, mostrando una batería de medidas urgentes destinadas a paliar la grave crisis habitacional que atraviesan Marbella y San Pedro Alcántara y que han sido rechazadas por el Partido Popular y también por Vox. Durante su intervención, Pérez detalló que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en el principal obstáculo social y económico para los residentes debido a un “incremento desmedido de los precios” que está forzando a miles de jóvenes y familias a “abandonar el municipio o vivir en condiciones de precariedad”. El caso es que el voto en contra no ha sido acompañado de una alternativa estructural. No se presentaron modelos distintos de promoción de vivienda asequible, ni mecanismos eficaces para corregir un mercado claramente tensionado. El resultado es una paradoja política: se niega la intervención pública mientras se admite, implícitamente, que el mercado no está resolviendo el problema. Marbella y enclaves similares combinan economías dependientes del turismo, salarios medios moderados y una presión inmobiliaria globalizada. En ese contexto, la negativa a crear instrumentos públicos de vivienda favorece la inercia existente, que beneficia a propietarios consolidados, grandes tenedores y dinámicas especulativas, mientras desplaza a jóvenes y trabajadores esenciales fuera del municipio. Mientras que la creación de una Empresa Municipal de Vivienda con capital íntegramente público, a ponerse en marcha en cuanto los planes de ajuste lo permitan, permitiría desarrollar una política de vivienda estable y a largo plazo, centrada en el alquiler social y la rehabilitación de inmuebles en desuso, incluyendo la elaboración de un Plan Estratégico Municipal de Vivienda en un plazo de tres meses. El PP ha dicho que no se necesitan “más chiringuitos”. Climatización El mismo esquema se observa en ámbitos aparentemente menos ideológicos, como la climatización de colegios. VOX votó en contra del cumplimiento de una ley ya aprobada en 2020 —como ocurre con la normativa andaluza sobre condiciones térmicas. La ultra no es que discrepan algún presupuesto, simplemente se trata de una señal política que traslada el coste de la inacción a comunidades educativas que carecen de capacidad de presión económica o electoral comparable a otros sectores. Los ultras están erosionando la confianza ciudadana en la política municipal a corto plazo, pero en el imaginario social comienzan a parecerse más a Podemos y Ciudadanos en su mejor momento. Al final, la moción salió adelante, pero cinco años después de aprobada esta ley, la Junta sigue sin aplicarla ni dotarla de inversión.

San Pedro Alcántara. Marbella. - Para la organización política municipal, Opción Sampedreña, el caso de las 84 viviendas de protección pública en San Pedro Alcántara pone de manifiesto varios problemas estructurales en la gestión de la vivienda pública que van más allá de una promoción concreta: Falta de transparencia, deficiencias administrativas y un modelo de colaboración público-privada cuestionable. Para el portavoz de OSP, Manuel Osorio, resulta grave que mes y medio después del sorteo, las personas adjudicatarias no dispongan de información esencial como el precio final, las condiciones económicas reales o la aplicación concreta de las ayudas anunciadas. En una política pública tan sensible como la vivienda protegida, esta incertidumbre no es un detalle menor: afecta directamente a la planificación vital y financiera de las familias. Precios Las horquillas de precios contradictorias (de 170.000 -- 240.000€ inicialmente a 150.000 -- 260.000€ posteriormente) erosionan la confianza en el proceso. En vivienda protegida, la previsibilidad es tan importante como el precio en sí. Exigir ahorros previos de hasta 80.000 euros plantea deja muy claro a qué perfil social está realmente dirigida esta promoción. El suelo público Para Osorio uno de los puntos más críticos es la venta del suelo municipal a promotoras privadas. El suelo público es, en teoría, la principal herramienta de las administraciones para abaratar el precio final de la vivienda. Cuando esa ventaja se pierde —o incluso encarece el resultado final— el objetivo social de la promoción queda seriamente comprometido. El portavoz asegura que la venta del suelo crea un sobrecoste estimado de entre 25.000 y 32.000 euros por vivienda, lo que sugiere que el modelo elegido prioriza la viabilidad económica del promotor frente al interés general. Esto resulta especialmente problemático tratándose de una promoción con alta demanda social (más de 3.000 solicitantes). La inclusión de 400m² destinados a locales comerciales, que podrían haberse transformado en varias viviendas adicionales, plantea dudas legítimas sobre las prioridades urbanísticas. En un contexto de emergencia habitacional, cada metro cuadrado cuenta. La incertidumbre sobre el destino final de estos locales y su posible venta en beneficio del promotor Vimpyca, aunque sea una entidad sin ánimo de lucro, exige máxima claridad, ya que cualquier rendimiento económico indirecto puede repercutir en el equilibrio del proyecto. Procedimientos de adjudicación Las dudas expresadas sobre adjudicaciones anteriores y el temor a que no se agoten correctamente los listados de suplentes afectan a un elemento clave: la legitimidad del sistema. Sin reglas claras, públicas y verificables, el proceso pierde credibilidad y se alimenta la percepción de arbitrariedad. Manuel Osorio también advierte que las solicitudes formales para conocer los precios no han sido atendidas con información concreta, sino remitidas a enlaces genéricos ya publicados. Mientras tanto, las familias afectadas no saben si podrán afrontar la compra. Otro punto considerado como muy necesario de aclarar es la ayuda anunciada a las personas beneficiarias de 15.000€ para la entrada, cuya fórmula de aplicación no aparece claramente recogida en las bases de ejecución, por lo que no saben si se aplica al precio de la vivienda o si ese importe es ya habiendo descontado la ayuda.

Marbella. - La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel Pérez, ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad incómoda: el sistema educativo público andaluz sigue funcionando, en demasiados centros, al margen de las condiciones mínimas de bienestar térmico. Su denuncia no es nueva. Lo que resulta revelador es que, cinco años después de la aprobación de una ley específica para evitarlo, la situación siga prácticamente intacta. La Ley 2/2020, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía, prometía un cambio estructural: bioclimatización, energías renovables, diseño inteligente de los edificios escolares. En términos políticos, era una de esas normas que permiten a todos colgarse la medalla. En términos prácticos, ha acabado convertida en papel mojado. El plan de climatización impulsado por la Junta de Andalucía —según denuncian los socialistas— se parece más a una colección de parches que a una estrategia pública. Toldos aquí, ventiladores allá, actuaciones menores que sirven para la foto pero no para el termómetro. No hay planificación plurianual clara, ni un calendario público de ejecución, ni una apuesta decidida por la eficiencia energética. En un contexto de emergencia climática, la falta de ambición resulta tan llamativa como preocupante. La ciencia es clara: las altas temperaturas afectan a la concentración, al rendimiento cognitivo y a la salud, seguir permitiendo que miles de niños y niñas aprendan en condiciones térmicas extremas no es solo una mala política educativa; es una forma silenciosa de desigualdad. Quien puede permitirse centros privados climatizados escapa del problema. Quien no, se adapta como puede. La moción que el Grupo Municipal Socialista llevará al próximo Pleno no es radical. Pide, básicamente, que se cumpla la ley: financiación suficiente, criterios transparentes y soluciones estructurales pensadas para el largo plazo. Mientras tanto, cada inicio de curso vuelve a recordarnos lo evidente: no se puede hablar seriamente de calidad educativa cuando el aula se parece más a un invernadero que a un espacio de aprendizaje. Y el cambio climático, a diferencia de las promesas políticas, no espera.

Marbella.- La alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, ha informado de la firma del convenio para la cesión gratuita de 8.580 metros cuadrados en la parcela del Albergue África. El caso es que en 2025, como ahora se ratifica de nuevo por la alcaldesa, las plazas se redujeron de 1.000 a 600, dándole el peso del compromiso a las instalaciones deportivas y una nueva sede administrativa del Servicio Andaluz de Empleo. Así que, el problema del coche sigue ahí. El aparcamiento subterráneo del Albergue África y el proyecto deportivo como una solución de barrio para el centro de la ciudad, se ha convertido, con el tiempo, en una pieza secundaria de un rompecabezas administrativo mucho más modesto. En enero de 2023 el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía anunciaron 800 plazas de aparcamiento, que pronto pasaron a 1.000 porque se trataba, según Muñoz, de “demanda histórica”. El acuerdo de hoy 26 de enero ha sido suscrito en Sevilla por Ángeles Muñoz; la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. Lo más llamativo no es la rebaja del 40% en el número de plazas, los proyectos evolucionan, es cierto, lo que llama la atención es que continúa siendo un proyecto “en fase final”, que estaba “pendiente solo de esta firma”. Mientras tanto, la realidad urbana permanece intacta. Muñoz ha querido dejar claro que el Consistorio únicamente tiene que asumir la ejecución de la obra, porque la cesión del suelo es gratuita”. La actuación contempla alrededor de 600 plazas de estacionamiento, una parte en régimen de rotación y otra destinada a residentes, además de la adecuación de espacios en superficie y nuevas zonas deportivas. “Es una apuesta decidida para aliviar el tráfico en un entorno que necesita más infraestructuras y servicios para los vecinos”, ha indicado la alcaldesa, quien ha avanzado que el proyecto, cuya redacción y ejecución se han licitado de forma conjunta, con una inversión global que asciende a más de 24 millones de euros, comenzará este mismo año. “Con esta última firma, que formaliza la segregación y puesta a disposición definitiva del suelo, damos el paso definitivo para colocar la primera piedra y ver las máquinas trabajando en los próximos meses”, ha remarcado. El proyecto municipal prevé la construcción del parking bajo rasante en la parcela segregada, así como una pista multideportes para la práctica de baloncesto, fútbol sala, balonmano, vóley, tenis y bádminton, junto a una edificación anexa para dar servicio a estas instalaciones. Del mismo modo, se contempla la adecuación de una zona verde con arbolado y suelo asfaltado para la instalación de carpas y mesas de picnic, la ejecución de un área verde a modo de pradera para la práctica de deportes y actividades al aire libre y la ejecución de una zona de vado, carga y descarga de autobuses en la Calle Trapiche. En contraprestación por la cesión de la parcela, el Ayuntamiento de Marbella pondrá a disposición del Instituto Andaluz de la Juventud un total de 80 plazas de aparcamiento subterráneo, para su utilización por los usuarios del albergue juvenil. Aunque no parece que haya habido ninguna modificación en los futuros precios por aparcar, la portavoz marbellí no mencionó la promesa de una tarifa de un 1 euro cada doce horas.

San Pedro Alcántara. Marbella. - En San Pedro Alcántara un debate aparentemente menor —la colocación de una bandera— está revelando una dinámica política complicada entre el partido gobernante (PP) y el principal partido de la oposición (PSOE). El vocal socialista y Secretario General del PSOE sampedreño, Enrique Ruiz, planteó que la enseña andaluza ondee en un lugar visible, digno y reconocible de un espacio público de San Pedro, recordando que actualmente en el bulevar de San Pedro Alcántara ondea la bandera de España, pero no la de Andalucía. La negativa del Partido Popular a permitir que la bandera de Andalucía ondee en el bulevar principal del núcleo urbano ha sido tomada no como una decisión administrativa sino política. Para muchos, los símbolos importan no por su tela, sino por lo que representan y por quién decide cuándo, dónde y cómo se exhiben. El PSOE ha planteado el asunto desde una lógica de equilibrio institucional: en un espacio donde ya está presente la bandera nacional, la ausencia de la autonómica proyecta una jerarquía simbólica difícil de justificar en una comunidad autónoma con competencias plenas y un Estatuto que reconoce explícitamente sus símbolos. En ese sentido, la reivindicación socialista no parece radical ni rupturista, sino alineada con una normalidad institucional ampliamente aceptada en otros municipios andaluces. La respuesta del PP ha introducido una lectura distinta al rechazar la propuesta, y subrayar que solo el equipo de gobierno decidiría una eventual ubicación, dejando un mensaje que no transmite neutralidad, sino de control. No se discute tanto la bandera como quién ostenta la autoridad para legitimar su presencia. Ese énfasis en la potestad del gobierno local sugiere una concepción patrimonial del espacio público, donde los símbolos no representan a la ciudadanía en su conjunto, sino a la mayoría gobernante del momento. La proximidad del 28 de febrero añade una capa de incomodidad política. Negarse a visibilizar la bandera andaluza en vísperas del Día de Andalucía no puede leerse como un simple desacuerdo técnico. Este tipo de controversias ponen de relieve una paradoja habitual en la política municipal española: se apela con frecuencia a la desideologización de la gestión local, pero se toman decisiones profundamente ideológicas en el terreno simbólico. Evitar el conflicto, en estos casos, no pasa por negar los símbolos, sino por integrarlos con naturalidad. La cuestión de fondo es qué instituciones se sienten cómodas reconociendo la pluralidad de identidades que dicen representar —y cuáles prefieren administrar el espacio público como si fuera un territorio propio.

Marbella. - El Ayuntamiento ha aprobado la licencia para la construcción de 25 VPP en el entorno de Arroyo Palomeras, próximo a la zona de Boho Club. “Se trata de un proyecto prioritario para el equipo de Gobierno, que ha logrado tramitarse en un tiempo récord”, según ha valorado el concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, quien ha especificado que la promoción contará con hogares con superficies de entre 75 y 85 metros cuadrados, además de plazas de garaje y trasteros. Estos inmuebles, con precios tasados, se suman al plan municipal de vivienda y dan respuesta a uno de los principales problemas actuales, como es el acceso a la misma, apuntó Díaz. Además, la Junta de Gobierno Local ha impulsado además dos proyectos que completarán los suelos en la zona sur de San Pedro Alcántara, y que incluirán nuevos inmuebles protegidos, equipamientos deportivos, educativos y de zonas verdes y 30.000 metros cuadrados para uso hotelero, y que suponen un avance en el modelo de ciudad sostenible y equilibrado. Según el concejal, la ciudad vive una “intensísima actividad urbanística” y ha subrayado que “sigue generando expectativa inversora”. Ha detallado que el primero de los proyectos corresponde al plan parcial del sector conocido popularmente como ‘la pistola’ por tener esa forma en el plano, con una superficie de 100.000 metros cuadrados. Tras dar por cumplimentados los requerimientos técnicos, el documento continuará su tramitación para lograr la aprobación definitiva. Ha especificado que este ámbito prevé la construcción de 382 viviendas de uso residencial, de las cuales aproximadamente un 30 por ciento serán públicas. Además, contará con 21.000 metros cuadrados de equipamientos (la mitad destinados a uso educativo), 3.000 metros cuadrados para instalaciones deportivas, cerca de un millar de plazas de aparcamiento y 244 vinculadas a las viviendas. En este sentido, ha indicado que “se trata de “hacer ciudad, no actuaciones aisladas, sino desarrollos completos con viales, dotaciones y servicios que garanticen calidad de vida de nuestros vecinos”. Por su parte, el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, ha resaltado que entre los dos nuevos proyectos las nuevas viviendas de promoción pública podrían llegar a 340 y ha recordado que el ensanche sur, que estuvo pendiente de desarrollar durante 20 años, “cuenta en la actualidad con el pabellón deportivo cubierto Sergio Scariolo, va a comenzar ahora la construcción de la Escuela Municipal de Música y Danza, se están edificando 84 viviendas de promoción pública y se han dado licencias para otras 172 en régimen de alquiler”. Además, ha destacado la importancia de incorporar 30.000 metros cuadrados de suelo hotelero en la zona sur: “Es fundamental dotar de establecimientos hoteleros a un entorno cuyo gran atractivo es el paseo marítimo y sus playas, reforzando así la oferta turística y económica del distrito”.

Marbella. - La ciudad donde conviven más de 150 nacionalidades, la diversidad no es un eslogan, es una experiencia cotidiana. Se percibe en los acentos que llenan las terrazas, en los turnos de trabajo de la hostelería, en las aulas y en los barrios. Sin embargo, ese equilibrio se ve hoy interpelado por un debate nacional que con frecuencia sustituye los datos por el miedo y el señalamiento. Este es el telón de fondo de la iniciativa impulsada por Izquierda Unida Marbella – Por Andalucía, que ha convocado un encuentro abierto para confrontar discursos de odio y desinformación sobre la inmigración. El objetivo no es nuevo, pero sí importante: contrarrestar la expansión de bulos que asocian migración con inseguridad o abuso del sistema de protección social, una narrativa que, según la formación, se amplifica desde la derecha y la ultraderecha. El reciente anuncio del Gobierno sobre la regularización de personas que ya residen en España ha reactivado un debate que intenta convertir a la población migrante en chivo expiatorio de todos los males. Frente a ello, la responsable de Acción Política de IU Marbella – Por Andalucía, Victoria Morales, propone un antídoto clásico y a menudo incómodo: los datos. En este sentido, Morales recalcó que “las personas sin papeles no acceden a prestaciones sociales. Sin residencia legal no se puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital ni otras ayudas como los subsidios por desempleo o los permisos por maternidad. Sobreviven gracias a su trabajo, muchas veces en condiciones de gran precariedad, no gracias a ayudas públicas como se intenta hacer creer”. Datos Los números cuentan una historia menos estridente, pero más fiel. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España viven cerca de siete millones de personas extranjeras. De la población activa extranjera, el 83,5% está ocupada, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y más de tres millones están afiliadas a la Seguridad Social, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sosteniendo sectores clave como la hostelería, la agricultura, la construcción, las actividades administrativas o el transporte, la columna vertebral. En el caso de Marbella el retrato desmiente los relatos las comunidades migrantes más numerosas son la británica y la marroquí, seguidas de la rusa y la ucraniana. Focalizar el discurso en una sola comunidad —advierte Morales— no sólo es inexacto; es un ataque directo a la convivencia. En una ciudad acostumbrada a la pluralidad, el señalamiento selectivo erosiona el pacto social que permite que la diversidad funcione. El debate se vuelve aún más áspero cuando se aborda la situación de quienes viven sin regularización administrativa. Según Funcas, a principios de 2023 había alrededor de 700.000 personas en esta situación. Muchas trabajan en la economía sumergida —empleo doméstico, invernaderos, construcción— sin contrato ni protección laboral, expuestas a abusos. Lejos de la caricatura del “beneficiario de ayudas”, la realidad es más dura: sin residencia legal no se puede acceder al Ingreso Mínimo Vital ni a subsidios por desempleo o permisos por maternidad. Se sobrevive trabajando, a menudo en condiciones extremas. El dilema que plantea Marbella no es solo local. Es una pregunta para España y para Europa: ¿qué hacemos con sociedades crecientemente diversas cuando el debate público se contamina de ruido? La respuesta que ensaya esta ciudad es modesta, pero ambiciosa: sustituir el miedo por información, y el prejuicio por convivencia. “Frente al ruido y el odio, datos; frente a los bulos, convivencia”, resume Morales. En una ciudad de 150 nacionalidades, esa consigna no es retórica. Es, quizá, la única política realista para preservar lo que Marbella ya es.

Durante décadas, la competencia política en las democracias ha estado dominada por el discurso, los programas electorales, las promesas de campaña y las visiones ideológicas. Gobernar consistía, en gran medida, en definir hacia dónde debía ir el país. Sin embargo, debido a la extrema mediatización de hoy, las sociedades evalúan cada vez menos, lo que los gobiernos prometen y cada vez más, lo que son capaces de ejecutar. La transición hacia la era de la ejecución no significa que las ideas hayan perdido relevancia; significa que el principal desafío contemporáneo, ya no es la definición de políticas, sino su implementación efectiva. Este cambio tiene implicaciones profundas para la política, la administración pública y la calidad institucional de los Estados. Hemos pasado de democracias del siglo XX, que operaban en un contexto de información limitada y baja capacidad de monitoreo ciudadano, a una realidad marcada por la expansión de la transparencia, el acceso a datos públicos, la velocidad de la información y el escrutinio constante de la opinión pública, reduciendo drásticamente el margen entre el anuncio y la evaluación ciudadana. En este nuevo entorno, la distancia entre diseño y ejecución, se convierte en el principal factor de credibilidad gubernamental. Un Estado que promete mucho pero ejecuta poco, pierde legitimidad con rapidez; un Estado que ejecuta con consistencia, incluso sin grandes discursos, acumula confianza institucional. No es casualidad que los países que han logrado avances sostenidos en crecimiento, bienestar social y competitividad institucional, sean precisamente aquellos que han invertido en fortalecer sus sistemas de implementación. La gobernanza moderna se mide en cuanto a la capacidad efectiva de transformar las decisiones, en servicios que funcionen y en resultados verificables para la ciudadanía. La ciudadanía no exige únicamente participación política o representación electoral; exige instituciones que resuelvan problemas concretos con eficiencia, previsibilidad y continuidad. Este cambio redefine la naturaleza misma del debate público. Las discusiones sobre política, ya no giran exclusivamente en torno a “qué políticas queremos”, sino también, en torno a “qué tan capaces somos de implementarlas”. El verdadero diferencial entre gobiernos, no será quién anuncia más reformas, sino quién logra convertir esas reformas en realidades tangibles. La autoridad no es imposición, es dirigir y orientar a los grupos humanos. Al que le corresponde ejercer la autoridad, también es necesario que la conquiste. Esto se logra cuando aquello que se dice o que se ordena, corresponde a lo que se hace. La autoridad hay que ganarla, en un primer momento, y luego mantenerla. La autoridad no solo consiste en dar órdenes, es -además- corregir errores, crear y aplicar normas, valorar esfuerzos y resultados. La autoridad racional se basa en la capacidad para ejercerla de la mejor manera; y de esa forma, ayuda a desarrollarse a las personas que se apoyan en ella. El ejercicio de la autoridad y la obediencia se alimentan con el diálogo y requieren una refinada pedagogía, ya que es la mejor mediación y favorece una buena relación entre los gobernados. Este ejercicio, como el de las otras funciones que tenemos que realizar, debe rodearse de una serie de valores morales que lo fortalecen. La serenidad en el que ejerce la autoridad, hace que el mensaje llegue con mayor claridad a sus dirigidos. Y al mismo tiempo, el que tiene la autoridad debe poseer mucha paciencia, tanto para madurar un tipo de actuación, como para esperar sus resultados. Gobernar, en consecuencia, ha dejado de ser principalmente un ejercicio de promesas. Gobernar es, cada vez más, un ejercicio de ejecución. Y en esta nueva etapa de las democracias contemporáneas, la calidad del Estado ya no se evaluará por la amplitud de sus planes, sino por la consistencia de sus resultados. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de LatinPress.es fabriziodeluca823@gmail.com Colaboración especial para LatinPress®