En diversos centros de votación, lo que se vio no fueron filas de ciudadanos ansiosos por ejercer su derecho al voto, sino motorizados vestidos de rojo, muchos acompañados por militares. 

A la sombra de los puntos rojos —esos toldos del oficialismo ubicados ilegalmente cerca de los centros de votación— se pidió, una vez más, la “verificación” de quienes recibirán las cajas CLAP, el programa de subsidio alimentario con el que el chavismo ha aprendido a cambiar hambre por lealtad política.

A cambio de alimentos de ínfima calidad —arroz, lentejas, aceite vencido— el ciudadano debe firmar, registrar su cédula y “cumplir con la patria”, como lo indican los mensajes enviados por los jefes de calle, figuras intermedias del control social territorial. 

Las instrucciones fueron claras: votar y luego pasar por el punto rojo, so pena de desaparecer de las listas de beneficiarios.

A pocos metros, los colectivos —grupos armados civiles identificados con el oficialismo— patrullan las zonas aledañas a los centros de votación. 

Muchos de ellos portan gorras rojas y armas visibles. Su mera presencia no es accidental: se trata de un acto de disuasión, una forma sutil pero efectiva de recordar a la población que la obediencia es vigilada.

Los centros de votación, en un país democrático funcional, deberían estar resguardados por cuerpos especializados, neutrales y capacitados para garantizar la integridad del proceso. En Venezuela, esa tarea ha sido desplazada por milicias leales, usadas como una extensión política del gobierno de Nicolás Maduro. 

El resultado de estas elecciones, sean cuales sean los números que se anuncien, carece de legitimidad. No por falta de participación técnica, sino por la ausencia de condiciones reales de competencia, transparencia y seguridad.

Lo más trágico es que, tras esta jornada, nada cambiará para la mayoría de los venezolanos: la represión persistirá y la esperanza, cada vez más tenue, buscará nuevas formas de resistir.