Marbella: El comentario de la Semana 319
Jose Ibañez • 31 de enero de 2026
El Comentario de la semana 319.
En Marbella, como en tantas ciudades que viven entre el censo y la realidad, el número importa. Importa cuántos votan, cuántos cobran pensión, cuántos figuran en una estadística y cuántos simplemente están, consumen agua, ocupan calles y exigen servicios sin aparecer en ninguna tabla oficial.
Esta semana, Marbella fue el escenario de algo más que la rutina política municipal. En el cruce de decisiones locales, consignas regionales y estrategias nacionales, quedó claro que la política de municipio hace tiempo que desbordó sus límites administrativos para convertirse en una pieza activa de un tablero mucho más amplio.
Una de las noticias fue patrocinada por Isabel Pérez, líder del PSOE de Marbella, la querida amiga encontró un argumento que funciona tanto en el Parlamento como en la sobremesa: 25.000 pensionistas afectados en una sola ciudad: Marbella. Es una cifra lo suficientemente grande como para sonar grave y lo bastante concreta como para doler cerca.
Sin embargo, la segura candidata a la alcaldía de Marbella en 2027 no se quedó en la ciudad, le dijo a Ángeles Muñoz
que el PP también votaba en contra de 9,4 millones de pensionistas en toda España, de 800 mil familias vulnerables y, además, dijo NO a la financiación de bomberos forestales y agentes medioambientales.
Como en 2025, Feijóo dijo lo mismo: el problema no es la pensión, sino el Omnibus. Este año todo indica a que como el pasado, esa estrategia tampoco le funcionará. En 2025 dijeron que NO porque el PSOE quería regalarle un palacete en París al partido nacionalista vasco. No pega una el líder del PP, falla más platos que Stevie Wonder.
Si Isabel Pérez maneja cifras para denunciar, otro buen amigo del Partido Popular, Félix Romero, las utiliza para reclamar que Marbella tiene 173.420 habitantes y no 159.786 como dice el INE.
El caso es que el padrón municipal es una fotografía tomada de la realidad inmediata, aunque quien diga vivir en Marbella pueda estar residiendo en Mijas.
El INE, una especie de amigo desconfiado, no solo cuenta el empadronamiento, cruza datos con Hacienda y hasta con las funerarias y como en Marbella abundan las segundas residencias, los trabajadores temporales y los residentes intermitentes, esa diferencia metodológica no es un matiz técnico sino un problema estructural.
Lo que ocupa la queja de Romero es que con las cuentas del INE, la ciudad deja de recibir 4 millones de euros de los fondos del Estado. Es decir, que con más gente de hecho, no de derecho, tiene menos dinero para limpiar muchas más calles. Es como para provocar esquizofrenia estadística: menos recursos para más demanda.
Ni Romero miente ni el INE es el malo de la partida, el problema es que el sistema de financiación local sigue pensado para ciudades estables, previsibles, casi aburridas. Marbella no lo es.
Mientras en Marbella se discuten cifras, en Estepona se discute algo más incómodo: la credibilidad institucional.
La petición de la Fiscalía de cinco años de prisión para su alcalde, José María García Urbano, ha activado el reflejo clásico de la política española: unos piden dimisiones inmediatas; otros recuerdan, con solemnidad jurídica, la presunción de inocencia. Izquierda Unida y el PSOE han elegido el primer camino.
El Partido Popular apuesta por esperar a que el tiempo enfríe titulares, a que el proceso judicial se alargue y a que la atención pública se desplace a otra polémica más reciente.
El tema es que el silencio ya no es lo que era. En una época de hipersensibilidad no decir nada también comunica y no hace falta que haya condena para que la sospecha se instale.
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