Marbella quiere invertir su superávit
Félix Romero • 28 de junio de 2025
El ayuntamiento de Marbella quiere que se elimine la ley de Cristóbal Montoro sobre el control de los superávits.
Marbella. -
Según el delegado de hacienda del Gobierno de Marbella, Félix Romero, el Ayuntamiento tiene cerca de 8 millones de euros de superávit para invertir pero el Gobierno español no se lo permite.
En el último pleno municipal Romero exigió al Ejecutivo nacional —liderado por el PSOE— que desbloquee el uso del superávit acumulado para acometer inversiones urgentes: agua, saneamiento, residuos, comercio.
Les acusó de dejación de funciones, al señalar que el Gobierno no activa el decreto que autoriza las llamadas inversiones financieramente sostenibles.
El portavoz no escatimó en adjetivos sobre el Gobierno de la nación, hizo referencias a que con ese dinero recaudado de todos los ayuntamientos, Pedro Sánchez los invierte en bonos, videojuegos y mordidas.
Desde la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria impulsada por Cristóbal Montoro (PP), tras la crisis financiera, los ayuntamientos están sujetos a reglas fiscales estrictas, impidiendo que, aunque generen superávit, no pueden invertirlo libremente.
La regla se diseñó para evitar desviaciones presupuestarias globales en la contabilidad nacional europea, pero su efecto hoy es anacrónico: los gobiernos locales austeros financian, involuntariamente, márgenes fiscales para el Ejecutivo central.
Este es el meollo del reclamo de Marbella: la lógica de ahorro ha sido respetada, pero no recompensada con autonomía.
El debate, sin embargo, se vuelve menos claro al mirar el historial. Como recordó el concejal Manuel Osorio, entre 2016 y 2018 Marbella invirtió más de 40 millones en proyectos sostenibles y redujo deuda en casi 100 millones. El problema, dice, no es la regla fiscal, sino una política errática que combina deuda estructural —hoy todavía en 285 millones— con poca planificación inversora.
La comparación con Estepona, también gobernada por el PP y con una reducción de deuda ejemplar, tampoco favorece la gestión realizada en Marbella.
El PSOE local manifestó su apoyo a liberar el superávit, pero señala la contradicción del PP: la ley que hoy les impide gastar fue diseñada por su propio partido, criticando que no hayan apoyado los Presupuestos Generales del Estado donde se contemplan medidas de flexibilización fiscal para los ayuntamientos.
En el fondo, este no es solo un asunto técnico. Es una pregunta más amplia sobre soberanía local: ¿pueden los ayuntamientos que cumplen gastar su dinero? ¿O seguirán siendo los acreedores silenciosos del déficit nacional?
La respuesta debería ser política, no partidista. España necesita un nuevo marco de gobernanza fiscal que distinga entre irresponsabilidad presupuestaria y prudencia ahorradora.
En una época donde la inversión local es clave para la transición ecológica, cohesión social e infraestructura básica, bloquear recursos disponibles no es de rigor.
Hasta que esa reforma llegue, Marbella y muchos otros municipios seguirán atrapados en una lógica fiscal que castiga al que ahorra y premia al que ignora.
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