Nueva ordenanza de tramitación urbanística
Eduardo Díaz • 17 de septiembre de 2025
Marbella tendrá una nueva ordenanza de tramitación urbanística.
Marbella. -
Por primera vez en Andalucía, una ciudad de más de 100.000 habitantes permitirá que empresas certificadoras privadas participen de lleno en la tramitación de licencias urbanísticas.
La medida, impulsada por el Ayuntamiento de Marbella, busca atacar un problema endémico en la gestión local: los plazos interminables para obtener permisos de construcción y ocupación.
La nueva ordenanza, según el concejal del ramo Eduardo Díaz, que entrará en vigor el 7 de octubre tras su publicación oficial, ofrece una vía paralela a la tradicional gestión municipal.
Ahora, los solicitantes podrán optar entre acudir al Ayuntamiento, al Colegio de Arquitectos —con quien existía ya un acuerdo previo para visados— o a entidades certificadoras privadas que emitirán informes con plena validez administrativa.
El modelo no es nuevo, comunidades como Madrid ya han probado esquemas similares, con resultados que han reducido considerablemente la espera para obtener permisos. Marbella se convierte en laboratorio andaluz de una política que descentraliza funciones tradicionalmente monopolizadas por la administración local.
Para Eduardo Díaz la clave está en los dos nuevos certificados creados:
- Verificación documental, que hasta ahora solo podía emitir el Colegio de Arquitectos.
- ITCU (Informe Técnico de Cumplimiento Urbanístico), un sello de legalidad que coloca a las certificadoras en un plano equivalente al de los técnicos municipales.
El ayuntamiento, sin embargo, marca fronteras claras, los cascos antiguos de Marbella y San Pedro Alcántara quedan fuera de este esquema de externalización.
La justificación: proteger el patrimonio urbano, un valor cultural que el Consistorio no quiere delegar a agentes privados. Asimismo, los proyectos considerados estratégicos seguirán sujetos al escrutinio directo de los equipos municipales.
El mensaje es doble: sí a la eficiencia en los trámites habituales, pero con cautela en ámbitos sensibles donde la presión inmobiliaria choca con la preservación del carácter local.
El Ayuntamiento habilita más manos para tramitar y bajar el número de los retrasos acumulados.
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