Toda una parafernalia se vivió en México a raíz de que se diera a conocer la Iniciativa de Reformas al Poder Judicial a partir del 5 de febrero de 2025 hasta el día de su aprobación el 24 de septiembre de ese mismo año, publicándose en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de septiembre, cómo un hecho ya consumado. Por la gran mayoría de mexicanos fue vista con regocijo y aprobación pues, si algo ha distinguido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) es su incongruencia, su parcialidad e inclinación a estar al servicio de todo aquel que tiene grandes cantidades de dinero para pagar sus favores aprobatorios en cualquier caso que se les presentará, por injusto e ilegal que este fuera. De difícil aceptación ha resultado siempre el hecho de que, 11 Ministros, decidan sobre lo que es bueno o es malo, lo correcto o incorrecto, lo justo e injusto sobre más de 128 millones de mexicanos y, aunado a esta enorme desigualdad entre la sociedad y los Ministros el hecho de que, “en su calidad de Poder autónomo” se autodesignaran salarios inconcebibles e inaceptables para la gran mayoría de los trabajadores de México de cualquier otra profesión, ascendiendo estos desde 450 mil pesos, rebasando en algunos casos el medio millón de pesos mensual,+ estímulos; + aguinaldos +pago de personal a su servicio +bonos +pagos de celulares +servicios médicos +bono +caja chica + gastos secretos, más lo que usted quiera agregar y a mí, se me haya pasado. Contra las acérrimas críticas por parte de una oposición compuesta por el Partido de Acción Nacional (PAN); Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), comandados por el millonario empresario junior, Claudio X González, tras haberse aprobado las Reformas en mención, se procedió por parte del Senado de la República y el Instituto Nacional Electoral (INE) se procedió a poner en práctica la elección de Ministros, Magistrados, Jueces y Consejeros del SCJN. No está por demás decir que, fue ésta otra parafernalia, casi imposible de descifrar, tanto por el número de boletas y candidatos a elegir, cómo por los miles de millones de pesos que esa elección nos costó a todos los mexicanos; no se dejó de pensar que hubiera sido mucho mejor que, el presidente AMLO, hubiera hecho lo que el ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León hizo en su maléfico tiempo, destituir a todos los Ministros y nombrar a otros elegidos por su probada honestidad, rectitud y nivel académico aceptable, en lo que a la abogacía se refiere. Zedillo, mediante una Iniciativa de Reforma al Poder Judicial, que no causó tanto revuelo, ni corajes e inconformidad, porque no fue conocida, despidió a los 26 Ministros, que eran vitalicios en diciembre de 1994, nombró a 11 por un período de 15 años y tan, tan: no hubo paros, ni mítines, ni manifestaciones; muy entendible, era del PRI. El 1° de junio se celebraron las tan esperadas, como controversiales elecciones al Poder Judicial; por aquello del desconocimiento de los candidatos y candidatas a Ministras y Ministros, que fue donde más énfasis se puso en la elección, circularon listas de tales candidatos; contra lo esperado, quedó con el mayor número de votos el Lic. Hugo Aguilar Ortiz, quien será el Presidente de LA SCJN. Sobre todas las cualidades que de él se señalaron, se enfatizó que, el Lic. Aguilar es indígena mixteco, para muchos no extraño tal hecho, ya había ocupado tan alto honor otro indígena, Benito Juárez, quien, con el reconocimiento merecido por su incansable lucha, no dejó de cometer errores en su desempeño como político. El Lic. Aguilar sorprendió a muchos al decir que: “no usaría la habitual toga que usan los Ministros sino que usaría un traje propio de la usanza de los indígenas”; cosa más irrelevante no podría haber dicho; ¿va a influir su vestimenta en sus decisiones y pensamiento al impartir justicia?; deja de lado el Ministro y futuro Presidente de la SCJN que, los mexicanos no olvidamos nuestras raíces y los tiempos han cambiado, que nuestra historia es imborrable y parece no entender, que: “ el hábito no hace al monje, pero lo distingue”. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de Latinpress.es Colaboración especial para LatinPress®. bnpb146@hotmail.com

Estamos definitivamente en un punto, donde cada paso que damos como nación deteriora aún más la credibilidad de los políticos y para nuestra mala suerte, de las instituciones que éstos dirigen. La conversión del ideal y las luchas políticas en un negocio, que mientras es más turbio, mayores son las posibilidades electorales, se ha convertido en norma, siendo imposible mirarse frente al espejo y sonreír luego de una victoria, sin recordarnos que prevalece la doble moral. La idea de hacer negocios en la política, es ya una práctica que va mucho más allá de los criterios del clientelismo y el populismo. Sino que viene siendo la materia prima de cualquier esfuerzo, que siempre se vende como honesto, noble y serio, pero que en el fondo, no es más que una falsa mezcla de ideologías, para mantener vivas las tiendas políticas del engaño y de los afamados discursos partidistas. Ante estas realidades, intentan penetrar en el mercado de la política local, las denominadas “candidaturas independientes”, pero intentando entrar en la misma carrera en las que compiten los partidos políticos ya viciados y enlodados por sus malas prácticas. Entonces, aspirar a convertirnos en un "fenómeno político" en tierra de banano y café, no parece ser una cosa distinta a una utopía, a un nuevo sueño irrealizable. Solo las candidaturas para posiciones de menor impacto, son las que pueden ofrecer alguna oportunidad, en esta misma carrera entre tiburones y delfines, y prefiero llamarle así, pues volver a insistir en “refundar la Patria”, aunque es más objetivo, también recuerda olores indeseables. Pero mirándolo con una dosis de realismo duro, lo que necesita este país es una nueva forma de hacer política. Un relanzamiento integral, que posiblemente puede implicar, la aplicación de la misma ley, para que siendo estricta, queden fuera de juego aquellos partidos, que sin excepción, no logren al menos el 2% de los votos, aunque hayan logrado algún escaño parlamentario. Esto último se ha utilizado como salvavidas, que siempre se consigue con las denominadas alianzas o componendas, y solo para seguir esquilmando al Estado, con el dinero tributado por el pueblo engañado tantas veces, por esa misma mafia de la partidocracia. Los aportes de los partidos políticos son muy poco plausibles. Y pretender que sigan teniendo financiamiento con dinero público, no es más que el estímulo franco, de seguir fomentando la creación de nuevos partidos de alquiler y a la postre, encareciendo un proceso que además de creíble, diáfano y transparente, debería ser simplificado y mucho menos costoso. El reparto del botín de guerra que es el erario público debe terminar, esa famosa piñata solo alcanza para los partidos y sus dirigentes. De esa piñata, no alcanzan a recibir algo en la alcancía de los nuevos ventorrillos que albergan a los “candidatos independientes”. Nuestra nación está a tiempo de enderezarse y restablecerse institucionalmente, dejando de pensar como parcelas políticas en todas las decisiones que se toman, y actuar más con una visión de Estado, que integra los activos de la República, sin importar si se trata de un cuadro político del partido de gobierno o sus aliados. Sino, pensando más bien, en los méritos, las competencias y los aportes que realmente cada ciudadano puede hacer en beneficio de la colectividad. Si queremos mejorar, tenemos hoy una buena oportunidad, para edificar una nueva política en el país, pero lo que más falta hace, es que de manera personal, cada actor o aspirante, deponga sus apetencias personales que les hace ser excluyentes; y, con vocación de servicio, sumarse a un propósito compartido en beneficio del bien común. Claro está, esa necesidad de brillo, característico de personalidades extremadamente narcisistas, adornan a los personajes de nuestra política. Y cuando están cerca o ya en el poder, se pierde de vista la perspectiva de lo que debería ser un servidor público, para convertirse en arrogantes, impulsivos, emocionales, arbitrarios y abusadores, basándose en el poder siempre pasajero que acompaña a los insaciables roedores de la política nacional. Dar un giro a este acontecer, y crear escenarios de mayor credibilidad, confianza y respeto ganados, debería ser el verdadero reto en la grandeza del liderazgo que merece tener nuestro país. Aún estamos a tiempo para de forma proactiva, dar un giro en el timón del barco de nuestra nación, integrando mucha gente buena que la hay, para comenzar a desplazar la podredumbre en la cultura perversa de la gestión pública. La opinión del autor no coincide necesariamente con la de LatinPress.es fabriziodeluca823@gmail.com Colaboración especial para LatinPress®

Marbella. — El mercado laboral de Marbella continúa mostrando señales de vigor en plena temporada alta. El municipio alcanzó en junio las 83.431 afiliaciones a la Seguridad Social, el nivel más alto jamás registrado para este mes desde que existen datos oficiales (2003), según cifras divulgadas por el Ayuntamiento. El número representa un aumento de 1.447 afiliaciones respecto a mayo, lo que equivale a un crecimiento mensual del 1,76%, y consolida una racha de cinco meses consecutivos de expansión del empleo tras el ajuste estacional de enero. La cifra se encuentra a solo 191 cotizantes del récord absoluto de la ciudad, registrado en julio del año pasado. “El dato refleja la resiliencia y dinamismo del mercado laboral local”, afirmó Alejandro Freijo, asesor de Empleo del municipio. Freijo añadió que el número de trabajadores autónomos se situó en 15.195, apenas por debajo del pico histórico alcanzado en mayo (15.233), lo que, en su opinión, “demuestra la confianza de los emprendedores en Marbella como entorno propicio para la actividad económica”. La evolución del empleo en Marbella guarda una correlación directa con la estacionalidad del turismo, principal motor económico de la ciudad. El repunte de afiliaciones observado desde febrero responde en buena parte a la anticipación de la Semana Santa y al inicio progresivo de la temporada estival, que este año ha llegado con niveles de ocupación hotelera por encima de los de 2024, según fuentes del sector. Aun así, el incremento del trabajo autónomo podría estar señalando un patrón estructural más amplio: la consolidación de un ecosistema emprendedor sostenido por sectores como la restauración, los servicios personales y las actividades vinculadas al lujo residencial, en crecimiento continuo desde la pandemia. Las previsiones municipales son optimistas: se espera que Marbella alcance nuevos máximos históricos de afiliación durante julio y agosto, a medida que se intensifica la demanda de empleo temporal y se estabilizan ciertos segmentos del sector servicios. En un contexto nacional en el que el mercado laboral ha mostrado signos mixtos —con crecimientos notables en zonas turísticas pero moderación en otras regiones—, el caso de Marbella refuerza el papel clave de los destinos costeros en el sostenimiento del empleo estacional en España.

MARBELLA. — El Ayuntamiento de Marbella ha anunciado que el próximo 4 de agosto se abrirá el plazo para solicitar el servicio municipal de transporte escolar y universitario, que este curso ofrecerá un total de 700 plazas distribuidas en 14 rutas —11 de ellas escolares y 3 universitarias con destino al campus de Málaga. Durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, el portavoz municipal, Félix Romero, destacó que este programa representa un importante ahorro para las familias. Según indicó, una familia con tres hijos podría economizar hasta 3.900 euros a lo largo del curso académico, lo que equivale a un ahorro de 1.300 euros por estudiante. Además del impacto económico, subrayó que el servicio permite a los estudiantes universitarios mantener su residencia en Marbella, evitando así gastos adicionales en alquileres y manutención. Las tarifas para el transporte universitario se han fijado en 640 euros anuales para un estudiante, 861 euros para dos y 1.280 euros para tres. En el caso del transporte escolar, las tarifas varían en función de la ubicación del centro educativo. Para los colegios situados en el casco urbano, los precios oscilan entre 321 y 642 euros anuales, mientras que para los ubicados en la periferia van de 255 a 510 euros. Las solicitudes podrán presentarse tanto de forma presencial, en las Oficinas de Atención al Ciudadano y en la sede de la Delegación de Transportes (ubicada en el Arco de Marbella), como a través del portal web del Ayuntamiento. Además, se habilitará una línea telefónica de atención para resolver dudas y facilitar el proceso. Romero también señaló que el sistema de pago se ha automatizado en los últimos años, permitiendo ahora la domiciliación bancaria del recibo. Zona de bajas emisiones En la misma comparecencia, el portavoz anunció el inicio del refuerzo de la señalización informativa de las zonas de bajas emisiones (ZBE), cuya implementación definitiva está pendiente de una ordenanza municipal. Mientras tanto, la actuación será meramente informativa y no contemplará sanciones, apostando por el cumplimiento voluntario por parte de los conductores. La primera fase del plan comenzará la próxima semana con la instalación de placas en la calle Benalmádena, la plaza Juan de la Rosa y el acceso de Huerta Chica. En una segunda etapa, se ampliará a las calles San Francisco, Postigo y Atarazanas, así como al acceso del aparcamiento y la conexión entre Postigo y Juan Alameda. La tercera fase se centrará en el entorno del Castillo.

MARBELLA. - Después de que la diputada del PSOE Marbella, Isabel Pérez, adelantara la moción que presentará en el próximo pleno ordinario del ayuntamiento, el portavoz del Gobierno de Marbella, Félix Romero, ha tachado esa iniciativa de insólita, cómica y de toda una desfachatez. Pérez exige que la Junta de Andalucía condone una deuda histórica que asciende a unos 40MM€, al tiempo que reclama el reembolso de fondos adelantados por el propio consistorio para obras cuya competencia recae, legalmente, en la administración autonómica. La petición socialista, recordó Romero, se enfrenta a una iniciativa aprobada por unanimidad en el pleno municipal el pasado marzo, en la que Marbella solicitó formalmente al Gobierno central la condonación de una deuda “muy superior” como mecanismo de justicia territorial. “Queremos el mismo trato que ha recibido Cataluña”, afirmó el portavoz del gobierno municipal, en declaraciones a Latinpress.es. Romero acusó al PSOE local de “hipocresía” por denunciar ahora la deuda pendiente entre la Junta y el municipio, recordando que durante los años de gobierno socialista en Andalucía “no se hizo absolutamente nada” para aliviar la carga financiera de Marbella. Recordó el concejal que cuando la Junta era liderada por los socialistas intentaron cobrar toda la deuda municipal de una sola vez, lo que hubiese supuesto la quiebra del Ayuntamiento. Es insólito, una desfachatez y cómico”, que ahora vengan con este cuento. El intercambio se produce en un contexto de rivalidad creciente entre los distintos niveles de gobierno sobre cómo deben financiarse las inversiones públicas, en especial en municipios con antecedentes extraordinarios como Marbella, que arrastra las secuelas fiscales y de malversación derivadas del caso Malaya y la disolución de su Ayuntamiento en 2006. Inversión pública y fondos europeos Uno de los principales puntos de fricción gira en torno a la ampliación del Hospital Costa del Sol, una inversión valorada en 93MM€ y, que según Romero es el proyecto de “mayor inversión sanitaria en la historia de Marbella” por parte de la Junta de Andalucía. Latinpress.es le recordó que esos fondos procedían del mecanismo REACT-EU, activado por la Unión Europea y negociado por el Gobierno central, a lo que Romero respondió que, independientemente del origen de los fondos, la Junta pudo haber dirigido esos recursos a otras localidades andaluzas. “Podrían haberlo invertido en Cabra o en Bollullos del Condado, pero eligieron Marbella. Eso también es una decisión política”, afirmó. Mire, eso tiene una explicación muy fácil, pero hay que entender el entramado administrativo, l a Comunidad Autónoma tiene un sistema de financiación y cuenta con sus propios recursos. La financiación procede de los fondos europeos, de la administración central y de los recursos de la Junta. Pero la realidad es que todo ese dinero viene de los impuestos de todos los ciudadanos, incluidos los andaluces; a partir de ahí con los recursos que uno dispone se toman decisiones políticas y, la Junta tenía una cantidad de fondos que pudo haberlos aplicado en cualquier ciudad y lo hizo en Marbella, además, esos fondos existían hace 20 años pero la Junta socialista no los invirtió aquí. Hay que estar agradecidos y disponer de todo lo necesario. No ayuda nada que haya un pepito grillo poniendo palos en las ruedas. Lo que tratan es meternos el dedo en el ojo cuando ellos son incapaces de hacer nada con la deuda que atenaza a Marbella. Hay que tener mucha cara. Un dilema de gobernanza financiera La disputa refleja un dilema mayor sobre cómo deben distribuirse las cargas fiscales y las competencias administrativas entre los municipios y las comunidades autónomas. Mientras que el PP de Marbella sostiene que ha asumido obligaciones impropias por el bien de su ciudadanía, el PSOE insiste en que la Junta debe saldar su deuda y retornar los fondos anticipados por el consistorio. Frente a esta postura, Romero ha cerrado filas con la Junta andaluza asegurando que el PSOE está desesperado por encontrar algo a lo que agarrarse. Les duele que tengamos uno de los mejores hospitales de Andalucía y una futura Ciudad de la Justicia”, declaró. La moción y las inversiones Que nos hablen de falta de inversiones a nosotros y a la Junta a tan solo 2 o 3 días después de que se anunciara la licitación del estudio de la implantación de la Ciudad de la Justicia, que se hará con fondos públicos exclusivamente y, de la ampliación del Hospital, es no entrar en el fondo. Romero se preguntó ¿Qué es lo que hace el ayuntamiento? respondiéndose que cuando una situación en la que una administración autonómica apuesta por la ciudad, pues nosotros remamos a favor de las obras y, si podemos ayudar en algo, ayudamos. El caso es que al PSOE le duele que tengamos uno de los mejores hospitales de Andalucía, que vayamos a tener una Ciudad de la Justicia a nivel de capital de provincia. Nosotros haremos todo lo que sea necesario si la Junta dispone de los recursos para dotar a un centro de salud de personal y tecnología pero no dispone de un edificio. ¡Claro que eso lo haremos! Pese a las tensiones, el portavoz aseguró que el Ayuntamiento evalúa “cada moción con seriedad” pero advirtió que “hay que leer la letra pequeña”.

MARBELLA. — En un esfuerzo por fomentar un verano activo, accesible y formativo para la juventud local, el Ayuntamiento de Marbella ha lanzado una nueva edición de su programa “Verano Joven”, que este año se presenta con un enfoque inclusivo y una oferta de actividades gratuitas más amplia que nunca. El programa, que aúna las iniciativas “Verano Joven” y “Activa Marbella”, ha sido anunciado por los concejales Alejandro González (Juventud) e Isabel Cintado (Derechos Sociales), quienes subrayan el objetivo común de “ofrecer una experiencia divertida y saludable” para los jóvenes del municipio, con especial atención a la inclusión de personas con diversidad funcional. Entre las actividades más destacadas se encuentran cinco excursiones, que combinan clásicos del calendario estival, como Isla Mágica (20 de julio) y la Playa de Tarifa (26 de julio), con nuevas propuestas como una jornada de buceo en Almuñécar (16 de agosto) y una visita al parque acuático Bahía Park de Algeciras (30 de agosto). También se celebrará un taller de surf en El Palmar (23 de agosto). La oferta se completa con actividades acuáticas como kayak, paseo en barco, parasailing, motos de agua, hinchables flotantes y, por primera vez, jet car. Todas las excursiones incluyen transporte en autobús con salidas desde Marbella y San Pedro Alcántara. El programa también contempla talleres formativos impulsados por el área de Derechos Sociales, con 148 plazas repartidas en siete cursos que abarcan desde socorrismo hasta formación en comunicación audiovisual, pasando por maquillaje, manicura y licencia de navegación. Tanto la programación completa como el formulario de inscripción están disponibles en la página web municipal: www.marbella.es.

Marbella. - En muchas ciudades del mundo, desde Lisboa hasta Los Ángeles, el auge del alquiler turístico ha reconfigurado el espacio urbano en nombre del beneficio inmediato. Pero en Marbella, la transformación tiene un nombre y un rostro propio. Mientras la ciudad se convierte en un escaparate para visitantes temporales, el nuevo coordinador de Izquierda Unida, Manuel Núñez, clama por frenar lo que él describe como una “plaga”. Al otro lado, en silencio o en negación, está la alcaldesa Ángeles Muñoz, del Partido Popular. Lo que se libra en Marbella no es solo una batalla sobre licencias y normativas, es una disputa sobre el modelo de ciudad. Núñez lo tiene claro: “Marbella no puede seguir perdiendo su identidad, ni expulsando a su gente en nombre de la especulación”. Sus advertencias, respaldadas por cifras del Registro de Turismo de Andalucía y el INE, revelan que el 15% del parque de viviendas del municipio ya está destinado al uso turístico, más de 15.000 viviendas en un territorio que supera incluso a la capital de la provincia en densidad de pisos turísticos. Mientras tanto, Ángeles Muñoz insiste en que las viviendas turísticas no suponen un problema real para el acceso a la vivienda. Su postura no solo contrasta con la percepción de amplios sectores sociales, sino que contradice incluso el estudio encargado por su propio gobierno municipal a la Universidad de Málaga, donde se concluye que la proliferación de pisos turísticos está alterando el acceso a la vivienda, desfigurando el tejido social y dificultando la contratación de profesionales en sectores esenciales. La crítica de Núñez señala una falta de voluntad política para asumir que Marbella, bajo su actual modelo de desarrollo, ha cruzado una línea roja. Lo que comenzó como un fenómeno puntual, se ha transformado en una maquinaria que expulsa a residentes, encarece los alquileres y convierte a los barrios en decorados para Instagram. En su propuesta, Izquierda Unida no solo pide una moratoria inmediata en la concesión de nuevas licencias, sino también medidas fiscales —como un recargo en el IBI y la tasa de basura para las VUT. La idea no es acabar con el turismo, sino ponerle límites razonables. En palabras de Núñez: “Hay que recuperar el derecho a la ciudad para quienes vivimos y trabajamos en ella”. Pero esa visión choca con el discurso oficial del Ayuntamiento, donde predomina una narrativa triunfalista basada en el crecimiento turístico como sinónimo de éxito. En ese relato, las tensiones sociales, la expulsión de los jóvenes, la conversión de bloques residenciales en hoteles encubiertos o la desaparición del comercio de proximidad quedan relegadas a daños colaterales, cuando no negadas abiertamente. La pregunta de fondo es incómoda y profundamente política: ¿para quién se gobierna una ciudad? ¿Para quienes invierten en ella desde fuera o para quienes la habitan cada día? Manuel Núñez plantea esta cuestión con claridad. Ángeles Muñoz, por ahora, responde con silencio o evasivas.

Marbella. - Cuando un ayuntamiento asume con fondos propios las competencias de una administración superior, algo se ha roto en la arquitectura institucional. Eso es lo que denuncia Isabel Pérez, portavoz del PSOE en Marbella, quien llevará al pleno municipal una moción que no solo interpela a la Junta de Andalucía, sino que revela un modelo de financiación territorial donde los ayuntamientos ricos pagan con deuda lo que otros resuelven con transferencias. Desde hace años, el Ayuntamiento de Marbella ha financiado infraestructuras que —según el reparto competencial— deberían ser ejecutadas por la Junta: centros de salud, carreteras, accesos judiciales. El caso más llamativo: el futuro Palacio de Justicia, donde hasta los accesos viales —que discurren por terreno autonómico— serán costeados con fondos municipales, una situación que, según Pérez, se ha hecho insostenible. La moción no solo exige inversiones; va más allá: pide que la Junta condone la deuda restante de un anticipo reintegrable de 2007, que aún asciende a 40 millones de euros y se extenderá hasta 2047. ¿Qué haría Marbella con esos 40 millones? La pregunta no es menor. Si la Junta pagase estos adelantos, Marbella no solo dejaría de cargar con el peso de esa deuda anual, sino que: Liberaría entre 2 y 3 millones de euros al año durante más de dos décadas. Se tendría mayor capacidad de maniobra política, social y urbanística. Con ese alivio financiero, el ayuntamiento podría, completar el saneamiento integral de sus playas, construir un estadio público no solo para el deporte profesional, sino para integrar actividad física, ocio y dinamización de los barrios. Revertir parcialmente el plan de ajuste municipal, reduciendo la dependencia de créditos bancarios y evitando recortes en servicios públicos clave. Dotar de más recursos a programas sociales y de vivienda, especialmente necesarios en una ciudad donde la presión inmobiliaria hace estragos en la clase media y trabajadora. La propuesta del PSOE plantea un dilema ético-administrativo. Si un municipio ha asumido obras que no le corresponden, ¿no debería al menos compensar ese esfuerzo? ¿No se estaría incentivando, de lo contrario, la insumisión presupuestaria? Puede que la moción no prospere, al menos en lo inmediato. Pero deja sembrado un debate más amplio sobre cómo se distribuyen las cargas y responsabilidades en el Estado autonómico. Si el Gobierno andaluz devuelve a Marbella parte de lo que esta ha adelantado, no sólo corregirá una anomalía financiera; también enviará un mensaje claro: los municipios que cumplen no serán castigados por ello.

MARBELLA. — En una zona cada vez más poblada, el concejal de obras Diego López ha avanzado que la nueva infraestructura sanitaria, el centro de salud de Nueva Andalucía, está al 65 % de ejecución, esperando una inauguración en octubre. El proyecto es el reflejo de una tensión persistente entre el crecimiento urbano acelerado y un sistema público de salud que lucha por mantenerse al ritmo de las necesidades. Con una inversión respaldada por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella, la nueva instalación añadirá 400m² a los 300 ya existentes del consultorio actual. Ocho consultas médicas, dos de ellas pediátricas, nuevas salas de enfermería, áreas de espera y espacios accesibles pretenden ofrecer un alivio a una población que lleva años denunciando la saturación y la falta de personal médico. A esta nueva buena que las autoridades locales celebran como ejemplo de la cooperación institucional y modelo de gestión, muchos vecinos se preguntan si el nuevo edificio es suficiente cuando lo que falta es personal sanitario, recursos estructurales y una mejor gestión del tiempo de atención. Lo que flota en el ambiente son las listas de espera interminables. Andalucía desde 2023 está por debajo de la tasa de profesionales de la medicina en Atención Primaria por cada 1000 habitantes (incluyendo a médicos de familia y pediatras de Atención Primaria); la tasa estatal era, en 2023, de 1.03 por cada 1000 habitantes y la andaluza es de 0.99. Además, Andalucía, al igual que otras regiones españolas, ha vivido un crecimiento poblacional notable, especialmente en zonas costeras como Marbella, donde el turismo y la inmigración han transformado pueblos en pequeñas ciudades. Sin embargo, el presupuesto sanitario no siempre ha seguido ese ritmo. A ello se suma el creciente envejecimiento de la población, un fenómeno que en la práctica significa más pacientes crónicos, más demanda de visitas domiciliarias y una mayor presión sobre los servicios comunitarios. Hoy los pacientes no se satisfacen con nuevas cámaras de cemento y tecnología punta, lo que están pidiendo son médicos, enfermeros y administrativos, no solo en muros. La Consejería de Salud y Consumo aún no ha detallado públicamente cuántos nuevos profesionales serán asignados al centro una vez que esté operativo, lo que mantiene el escepticismo en parte del personal sanitario y entre asociaciones vecinales. Para los residentes de Nueva Andalucía, octubre marcará un hito. Pero el verdadero desafío comenzará después de cortar la cinta, cuando los pacientes crucen la puerta esperando no solo un lugar nuevo, sino una atención digna, eficiente y humana.