Pedirán a La Junta condone la deuda a Marbella
Isabel Pérez • 14 de julio de 2025
Pedirán a La Junta de Andalucía que pague las facturas adelantadas por Marbella y condone la deuda.
Marbella. -
Cuando un ayuntamiento asume con fondos propios las competencias de una administración superior, algo se ha roto en la arquitectura institucional.
Eso es lo que denuncia Isabel Pérez, portavoz del PSOE en Marbella, quien llevará al pleno municipal una moción que no solo interpela a la Junta de Andalucía, sino que revela un modelo de financiación territorial donde los ayuntamientos ricos pagan con deuda lo que otros resuelven con transferencias.
Desde hace años, el Ayuntamiento de Marbella ha financiado infraestructuras que —según el reparto competencial— deberían ser ejecutadas por la Junta: centros de salud, carreteras, accesos judiciales. El caso más llamativo: el futuro Palacio de Justicia, donde hasta los accesos viales —que discurren por terreno autonómico— serán costeados con fondos municipales, una situación que, según Pérez, se ha hecho insostenible.
La moción no solo exige inversiones; va más allá: pide que la Junta condone la deuda restante de un anticipo reintegrable de 2007, que aún asciende a 40 millones de euros y se extenderá hasta 2047.
¿Qué haría Marbella con esos 40 millones?
La pregunta no es menor. Si la Junta pagase estos adelantos, Marbella no solo dejaría de cargar con el peso de esa deuda anual, sino que:
- Liberaría entre 2 y 3 millones de euros al año durante más de dos décadas.
- Se tendría mayor capacidad de maniobra política, social y urbanística.
- Con ese alivio financiero, el ayuntamiento podría, completar el saneamiento integral de sus playas, construir un estadio público no solo para el deporte profesional, sino para integrar actividad física, ocio y dinamización de los barrios.
- Revertir parcialmente el plan de ajuste municipal, reduciendo la dependencia de créditos bancarios y evitando recortes en servicios públicos clave.
- Dotar de más recursos a programas sociales y de vivienda, especialmente necesarios en una ciudad donde la presión inmobiliaria hace estragos en la clase media y trabajadora.
La propuesta del PSOE plantea un dilema ético-administrativo. Si un municipio ha asumido obras que no le corresponden, ¿no debería al menos compensar ese esfuerzo? ¿No se estaría incentivando, de lo contrario, la insumisión presupuestaria?
Puede que la moción no prospere, al menos en lo inmediato. Pero deja sembrado un debate más amplio sobre cómo se distribuyen las cargas y responsabilidades en el Estado autonómico.
Si el Gobierno andaluz devuelve a Marbella parte de lo que esta ha adelantado, no sólo corregirá una anomalía financiera; también enviará un mensaje claro: los municipios que cumplen no serán castigados por ello.
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