Marbella. - El Ayuntamiento de Marbella ha anunciado la concesión de casi 800.000€ en subvenciones a un grupo de asociaciones y fundaciones que trabajan en los ámbitos de la salud, la inclusión y la educación, una decisión que subraya el papel del municipio en la atención a los colectivos más vulnerables. Paralelamente, el consistorio ha autorizado nuevas rutas de transporte escolar para el presente curso, teniendo como objetivo mejorar la movilidad y la seguridad en los entornos educativos. Apoyo al tejido social local El portavoz municipal, Félix Romero, presentó las ayudas como una inversión en “servicios esenciales” que complementan la acción pública en áreas como la salud mental, la discapacidad y la asistencia a mayores. Las entidades beneficiarias son Cruz Roja Española, la Fundación Cudeca, AFESOL, AFA Marbella y el Banco de Alimentos de la Costa del Sol. Estas subvenciones, destinadas tanto a gastos corrientes como a programas específicos, consolidan el modelo de colaboración público-privada que se ha vuelto central en la gestión de políticas sociales a nivel local. En un contexto de encarecimiento del coste de vida y aumento de la demanda asistencial, la medida refuerza la estabilidad financiera de entidades que prestan atención directa a miles de vecinos. Las nuevas rutas El anuncio también incluyó la autorización de nuevas rutas de transporte escolar, que beneficiarán a una veintena de centros educativos, desde Las Chapas y Platero hasta Guadalpín y Vicente Aleixandre. El plan persigue no solo garantizar el acceso a la educación, sino también ordenar el tráfico y mejorar la seguridad en las horas punta, un problema recurrente en zonas escolares de alta densidad urbana. Ambas iniciativas —las subvenciones y las rutas escolares— se inscriben en una línea de gestión pragmática y de proximidad, centrada en responder a las necesidades cotidianas de los ciudadanos más que en grandes proyectos infraestructurales.

MARBELLA. España. — En lo que va de 2025, la Policía Local ha retirado 250 vehículos abandonados, levantado 919 actas por infracciones en materia de residuos sólidos frente a las 340 en 2024, y tramitado 365 denuncias contra patinetes y bicicletas que circulaban fuera de los espacios permitidos, en 2024 se gestionaron 186 denuncias. Para un municipio acostumbrado a convivir con el exceso de tráfico, ruido y ocio, los números dibujan un intento de recuperar el control sobre la convivencia urbana. El nuevo frente de las basuras El repunte de sanciones por residuos sólidos urbanos apunta a un endurecimiento de la vigilancia sobre el cumplimiento de horarios para depositar basura, especialmente en los polígonos industriales, donde la actividad comercial y la ausencia de control vecinal favorecen los abusos. Las multas parecen una declaración de intenciones, como el de imponer disciplina en un contexto donde la limpieza urbana afecta directamente la imagen turística —y, por tanto, la economía local—, la política de sanciones actúa como herramienta de mantenimiento reputacional. La grúa como símbolo de orden El otro gran frente son los vehículos mal estacionados o abandonados. En lo que va de año, 3.332 coches han sido retirados, en su mayoría por mal aparcamiento. Es una cifra que, leída con contexto, dice tanto de la presión urbana como de la transformación de la movilidad: más coches, menos espacio y una creciente intolerancia hacia la ocupación irregular del suelo público. En el fondo, el control del aparcamiento refleja una paradoja habitual en ciudades turísticas: mientras se fomenta la llegada de visitantes y el consumo, se intenta a la vez limitar los efectos secundarios de la congestión que esos mismos visitantes generan. El resultado es un modelo urbano que oscila entre la hospitalidad y el agotamiento. Los nuevos infractores: patinetes y bicicletas El aumento de denuncias a usuarios de patinetes eléctricos y bicicletas —que prácticamente se han duplicado respecto al año pasado— introduce otro debate: el de la movilidad personal y su integración en la ciudad. Los patinetes, que prometían una solución ecológica y ágil al tráfico, se han convertido en una fuente de conflicto en aceras y paseos marítimos. El objetivo no es sancionar, sino mejorar la convivencia”, explicó el portavoz policial Miguel Ángel Benítez. La frase podría figurar en cualquier manual de gobernanza urbana contemporánea: una mezcla de pedagogía y autoridad. Pero la frontera entre ambas cosas es difusa. Cada multa, cada vehículo retirado o patinete incautado, es también una señal de cómo la administración gestiona el espacio común. En el mejor de los casos, representa un esfuerzo por ordenar el caos; en el peor, un síntoma de una ciudad que se vuelve más reglamentada y menos tolerante con el desorden cotidiano.

En estos días, miles de familias venezolanas en Estados Unidos han recibido un golpe devastador. La Corte Suprema ha autorizado la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS), dejando en el limbo a más de 300.000 personas que, durante años, han vivido, trabajado y contribuido con honestidad y esfuerzo al país que les ofreció refugio. No hablamos de cifras, sino de seres humanos, de rostros. De madres que limpian hospitales, de padres que construyen edificios, de jóvenes que estudian con la esperanza de devolverle algo a su comunidad. Hablamos de abuelos que trabajan en las noches y en el día, cuidan a los nietos, mientras sus hijos trabajan doble jornada. Hablamos de ciudadanos que han hecho de la decencia su bandera, y que hoy se enfrentan al abismo de la deportación, la separación familiar y el desamparo legal. Elevamos la voz porque somos venezolanos, y sabemos lo que significa abrir los brazos. Venezuela ha sido tierra de oportunidades para millones de inmigrantes: portugueses, italianos, españoles, árabes, colombianos, chilenos, peruanos, chinos, y tantos más. Nuestra historia se ha tejido con solidaridad, y esa mezcla de culturas nos ha regalado una identidad rica, diversa y profundamente humana. Por eso, duele ver que hoy nuestros compatriotas reciban lo contrario. La decisión judicial no sólo suspende una protección migratoria. Suspende también la paz mental, la estabilidad emocional y el derecho básico a vivir sin miedo. Muchos de estos venezolanos huyeron de una crisis humanitaria, de persecuciones, del hambre y la desesperanza. En los Estados Unidos encontraron un respiro que hoy se convierte en angustia. Alzamos la voz por ellos porque -en las circunstancias actuales- el deber de cualquier gobierno no es levantar muros o redactar leyes. Es ser solidario, reconocer el valor humano detrás de cada historia migrante. Es entender que la justicia no puede ser ciega al sufrimiento. Y debe ser un compromiso colectivo exigir que las decisiones políticas no ignoren el rostro de la dignidad. A quienes hoy se sienten solos, les decimos: no lo están. Y a quienes tienen el poder de revertir esta injusticia, les pedimos que miren más allá del expediente, vean el corazón de cada familia que solo quiere vivir en paz, trabajar con honestidad y aportar a una sociedad que también sienten suya. La revocatoria del TPS carece de sustento legal, es una decisión política –no jurídica- trascendente, por eso tiene implicaciones de orden colectivo y humanitario. Así, vale recordar que la historia juzga implacablemente no solo lo que decidimos, sino cómo lo hacemos y cuáles son sus consecuencias. En definitiva, este es un momento en que la humanidad debe trascender a la política. ¡Dios bendiga a Venezuela! La opinión del autor no coincide necesariamente con la de LatinPress.es richcasanova@gmail.com Colaboración especial para LatinPress®

Marbella. España. — Frente al Ayuntamiento, representantes municipales y miembros de la asociación Afesol se reunieron este lunes para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, una jornada que este año pone el foco en quienes viven situaciones de emergencia: desde conflictos armados hasta catástrofes naturales o crisis económicas. La concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, leyó una declaración institucional que subrayó la fragilidad emocional de millones de personas expuestas a estas circunstancias. “Es necesario impulsar planes de prevención, intervención y reconstrucción que garanticen su bienestar”, afirmó, al tiempo que reconoció “la magnífica labor” de Afesol ofreciendo apoyo y atención especializada a quienes lo necesitan. Cintado insistió en la necesidad de aumentar los recursos públicos destinados a salud mental y de crear una red psicosocial sólida “que reduzca las vulnerabilidades ante estas circunstancias globales”. La edil también destacó que toda respuesta humanitaria “debe tener un enfoque multidisciplinar y con perspectiva de género”. Los miembros de Afesol, una asociación que lleva años trabajando con personas afectadas por trastornos mentales, recordaron que las emergencias no solo destruyen infraestructuras, sino también vínculos y rutinas. “Ante fenómenos impredecibles en los que las vivencias son extremas, hay que transmitir el mensaje de que las personas no están solas”, señalaron en su manifiesto. En sus palabras hubo también consejos sencillos para resistir: evitar la sobreinformación, compartir preocupaciones, expresar emociones y apoyarse en comunidades, incluso virtuales. En tiempos convulsos, dijeron, “la comunidad puede ser una tabla de salvación”.

Marbella. - Según denunció esta semana el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Marbella, el programa público de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía sufre retrasos y fallos estructurales que están afectando a decenas de mujeres en el municipio. La portavoz socialista, Isabel Pérez, ha presentado una moción al pleno municipal reclamando una actuación “inmediata y exhaustiva” por parte de la Junta de Andalucía y su Consejería de Salud. “No podemos permitir que las mujeres de Marbella sigan esperando semanas o incluso meses para una prueba que puede salvarles la vida”, declaró Pérez, estamos ante un problema de salud pública y de igualdad. Entre las medidas reclamadas se incluye una auditoría del sistema de cribado, la fijación de plazos máximos de 30 días para las pruebas diagnósticas y el cumplimiento del compromiso de rebajar la edad de cribado para permitir mamografías preventivas antes de los 50 años. La moción también insta al Gobierno andaluz a reforzar los servicios de radiología y oncología, implantar sistemas de seguimiento con alertas automáticas y publicar informes periódicos con datos desagregados por municipio, para garantizar la transparencia y la equidad territorial. A nivel local, el grupo socialista propone la creación de un servicio municipal de información y acompañamiento a las mujeres que participan en el programa, campañas de sensibilización sobre la detección precoz, y un canal oficial de quejas e incidencias que permita trasladar los problemas directamente a la Consejería de Salud. “Desde el Ayuntamiento también hay una responsabilidad”, señaló Pérez. “Queremos ayudar a que ninguna mujer se sienta sola en este proceso. La prevención salva vidas, pero solo si el sistema funciona”. La moción plantea además la formación de una comisión municipal de seguimiento para evaluar los posibles impactos de los retrasos en las mujeres de Marbella, en coordinación con los centros de salud, garantizando siempre la confidencialidad de los datos personales.

Marbella. - Con la decisión de revocar definitivamente las 25 licencias que aún permitían la circulación de coches de caballos por el centro de la ciudad, Málaga se ha convertido en la primera gran urbe andaluza en poner fin a una práctica que, durante décadas, simbolizó el encanto turístico del sur de España. Lo que para algunos era una tradición pintoresca, para otros representaba una forma de explotación animal difícil de justificar en pleno siglo XXI. El Partido Animalista (PACMA) ha celebrado lo que considera una “victoria ética”, el resultado de más de una década de denuncias, campañas y diálogo institucional. La organización había documentado durante años las duras condiciones de los caballos: largas jornadas bajo el sol, escasos puntos de agua y descanso, y un control irregular de su estado físico. La presión dio resultado. Este lunes, el alcalde Francisco de la Torre anunció la revocación definitiva de las licencias, argumentando que la medida se tomó “pensando en el bienestar y la seguridad de los animales”. Marbella observa. Apenas a una hora de distancia, la ciudad costera sigue permitiendo los coches de caballos, aferrada a una imagen que considera parte esencial de su atractivo turístico. “Los turistas vienen buscando autenticidad, una experiencia romántica”, dicen los cocheros. Esa “autenticidad”, sin embargo, está cada vez más cuestionada por el cambio de sensibilidad social. Según activistas locales, la resistencia de Marbella responde menos a una falta de conciencia y más a un temor económico: el miedo a que eliminar los coches de caballos afecte la imagen de lujo y tradición que la ciudad proyecta hacia el exterior. En palabras de un portavoz de PACMA, “es el miedo a perder una postal que ya no encaja con los tiempos”. El contraste entre Málaga y Marbella ilustra un momento de transición en la relación entre turismo y bienestar animal. Lo que antes se vendía como parte del folclore, hoy se somete al escrutinio de una ciudadanía más atenta al sufrimiento animal y más exigente con la coherencia ética de sus destinos.

Marbella. — Desde que en el pasado mes de septiembre la Junta de Andalucía avanzara que había puesto en marcha una bolsa de suelo para unas 40.000 viviendas en los municipios con población de más de 100.000 habitantes, destacando el caso de Málaga donde aseguraban haber identificado suelo para hasta 8.5000 viviendas protegidas, en Marbella no han dejado de llover anuncios de futuras urbanizaciones VPP. El Ayuntamiento de Marbella parece decidido a cambiar el relato, anunciando en los últimos meses la aprobación de sucesivos desarrollos de vivienda protegida. La última iniciativa, respaldada esta semana por la Junta de Gobierno Local, se sitúa entre Hacienda Cortés y el Camino de los Pescadores, y contempla 270 nuevas viviendas protegidas sobre una superficie de 62.238m², donde más del 80 % del suelo se destinará a este tipo de inmuebles, una proporción que en Marbella resulta casi insólita. La declaración de conveniencia y oportunidad para la Actuación de Transformación Urbanística (ATU) en suelo rústico ya ha sido aprobada en Junta de Gobierno Local, según ha detallado el concejal del ramo, José Eduardo Díaz, quien ha subrayado que se trata de “un proyecto complementario al ya presentado en Arroyo Segundo, que completa la malla urbana de una de las áreas de mayor crecimiento del municipio”. “El proyecto no sólo es relevante por su dimensión, sino porque impulsa un modelo de ciudad compacta, con dotaciones que permiten a los vecinos desarrollar su vida cotidiana sin necesidad de desplazamientos”, explicó el concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, al anunciar la medida. El plan prevé 12.750m² de suelo para sistemas generales, con 9.000 destinados a equipamientos públicos y casi 3.000 para conexiones viarias, con el objetivo de mejorar la comunicación entre Río Real, Bello Horizonte, el polígono La Ermita y el Centro Comercial La Cañada. Esta promoción se suma a la proyectada en Arroyo Segundo, donde están previstas 532 viviendas protegidas, y a la reciente aprobación en San Pedro Alcántara de 132 unidades en alquiler tasado —a las que se añadirán otras 40 en los próximos meses—. En conjunto, más de 800 viviendas asequibles en distintas fases de desarrollo. Las “VPP”, como se conocen las viviendas de protección pública, se han convertido de repente en el emblema de una política municipal de reposicionamiento: una forma de responder a la presión social y a la dificultad de acceso a la vivienda, sin renunciar al crecimiento inmobiliario. Díaz sostiene que los promotores disponen de un año para presentar el proyecto completo, que avanzará en paralelo al nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). En el fondo, la apuesta tiene un doble propósito: diversificar el mercado residencial y proyectar una imagen de ciudad equilibrada, menos dependiente del lujo y más atenta a sus vecinos.

MARBELLA. — La diputada nacional marbellí, Isabel Pérez, ha declarado que el Gobierno de España, ha anunciado una inversión de 1,8MM€ destinada a la rehabilitación de 12 pasarelas peatonales en los municipios de Marbella y San Pedro Alcántara. El proyecto busca mejorar la seguridad vial y promover una movilidad más sostenible en uno de los enclaves turísticos más transitados del país. Según Pérez, las actuaciones incluyen la renovación estructural, mejora de la accesibilidad y refuerzo de la seguridad en pasos elevados que conectan zonas residenciales separadas por vías de alta densidad de tráfico. “Es una apuesta clara por la seguridad de nuestros vecinos y vecinas y por una movilidad más humana”, afirmó Pérez. En una región donde el vehículo privado sigue siendo dominante y la planificación urbana ha priorizado históricamente las carreteras, la iniciativa adquiere un valor simbólico: reconecta físicamente y socialmente espacios urbanos fragmentados, y refuerza el mensaje de un Estado presente también en la periferia costera, más allá de los grandes núcleos metropolitanos. El anuncio se enmarca en la estrategia del Ejecutivo socialista de modernizar infraestructuras con criterios de sostenibilidad y cohesión territorial, una línea de acción que ha cobrado fuerza con la gestión de los fondos europeos Next Generation. Aunque la inversión pueda parecer modesta en el contexto nacional, su impacto local es significativo. La mejora de las pasarelas supone una recuperación del espacio público y un refuerzo tangible de la seguridad ciudadana.

Marbella. - RealAdvisor ha publicado que en Marbella los precios de la vivienda han seguido una trayectoria ascendente que consolida su posición como uno de los mercados inmobiliarios más caros de España. En los últimos doce meses, el precio de las casas ha aumentado un 10%, mientras que los pisos han registrado un alza del 8,1%. En los últimos cinco años, el precio por metro cuadrado ha subido un 52,3% en el caso de las casas y un 39,3% en los pisos, reflejo de una demanda sostenida impulsada por compradores internacionales, segundas residencias y el auge del turismo residencial de alto nivel. Un mercado donde el lujo define el promedio Precios de casas El precio mediano de una casa en Marbella (29602) alcanza los 3,191 millones de euros, con el 80% de las propiedades oscilando entre 849.000 y 17,5 millones. El metro cuadrado se sitúa en torno a 6.747 euros, una cifra que rivaliza con los distritos más caros de Madrid y Barcelona. Precios de pisos Los pisos, aunque más accesibles, mantienen también precios elevados: el valor mediano es de 806.956 euros, con un rango habitual de entre 381.000 y 2,234 millones. El precio medio por metro cuadrado — 6.354 euros — muestra la fortaleza del mercado incluso en las tipologías más pequeñas. Calles donde el metro cuadrado supera los 8.000 euros Algunas direcciones se han convertido en sinónimo de exclusividad, la calle Arturo Rubinstein encabeza el ranking con 8.627€, le siguen la Avenida de España, 7.500€. Calle Azorín, 7.424€. Calle Carlos Mackintosh, 7.001€. Avenida Duque de Ahumada, 6.727€. Arrabal la Caridad, 6.573€. La Caridad, 6.274€. Avenida de Ceuta 6.250€. Calle Camilo José Cela, 6.200€. Estas calles concentran la parte más codiciada del mercado, donde la proximidad al mar, la privacidad y la oferta de servicios premium determinan la cotización de cada metro cuadrado. Alquileres El alquiler se ha convertido en mercado dominado por el turismo de alto poder adquisitivo. El precio medio del alquiler mensual de una casa en Marbella asciende a 10.734 euros, con un rango que se extiende desde 2.857 hasta más de 59.000 euros. En términos anuales, el alquiler promedio por metro cuadrado alcanza los 272 euros, muy por encima de la media nacional. Los pisos, por su parte, se alquilan por una mediana de 2.386 euros mensuales, con un rango habitual de entre 1.126 y 6.608 euros, y un precio medio anual de 225 euros por metro cuadrado.