Marbella vive una crisis de vivienda que expulsa a trabajadores esenciales y jóvenes del mercado inmobiliario pero el debate político sigue desplazándose hacia promesas futuras y proyectos aún por materializar.

Golazo

La ciudad está intentando convertirse en una especie de resort global administrado como si fuera una mezcla entre evento deportivo, marca de lujo y manual ISO. La Copa de SSMM el Rey y la Reina de Vóley Playa no es solo deporte. La escena está perfectamente diseñada: arena impecable, Mediterráneo de fondo, gradas temporales, cámaras de televisión, clima perfecto y un público que parece salido de un catálogo de turismo premium. Si uno mira rápido las imágenes, cuesta distinguir si es una competición deportiva o el anuncio de una aerolínea escandinava. Y ahí está la inteligencia del evento. El vóley (del 29 al 31) playa encaja con Marbella de manera natural porque comparte el mismo lenguaje visual que la ciudad lleva décadas vendiendo: exterior, clima, cuerpo, verano eterno y cierto aire internacional aunque luego la mitad del público termine preguntando dónde están las palmeras que nos protegen del inclemente sol. La clave no es que el torneo venga por segunda vez. Lo relevante es que repita. Ahí es donde Marbella quiere llegar: que el vóley playa y la ciudad empiecen a sonar juntos de forma automática, igual que ocurre con el golf. Porque hoy los ayuntamientos ya no compiten solo por turistas; compiten por imágenes. Y pocas imágenes funcionan mejor que un partido al atardecer frente al Mediterráneo retransmitido por televisión nacional. Otra noticia de calado: Las certificaciones Q y S (57). Hace años los destinos turísticos competían enseñando playas bonitas. Ahora también enseñan auditorías. Marbella ha entendido antes que muchos municipios que el turista premium ya no compra solo lujo; compra sensación de orden. Quiere creer que el destino funciona. Las certificaciones cumplen exactamente esa función: transformar algo abstracto —“Marbella ofrece calidad”— en algo medible, auditable y administrativamente certificado. Curioso el papel de los ayuntamientos turísticos. Antes organizaban ferias y fiestas. Ahora gestionan indicadores, métricas de sostenibilidad, eficiencia energética, accesibilidad, digitalización y protocolos de calidad como si fueran consultoras internacionales atrapadas dentro de un consistorio andaluz. Marbella ya no quiere parecer solo exclusiva. Quiere parecer eficiente. Ángeles Muñoz presentó el reconocimiento como una nueva prueba del posicionamiento de la ciudad dentro del mapa turístico español.  Con estas acreditaciones, señaló, el municipio alcanza un récord nacional de 57 certificaciones vinculadas al ICTES, sumando también la renovación de los distintivos del Palacio de Congresos Adolfo Suárez y del sistema de gestión como Destino Turístico Inteligente. Hamacas hasta por ocho años. Culminó el proceso de regularización de las concesiones de hamacas en todo el litoral del municipio con la entrega de las adjudicaciones correspondientes a los 132 lotes incluidos en la licitación pública, cerrando así una de las mayores reorganizaciones administrativas de los servicios de playa realizadas en la ciudad. Ángeles Muñoz, acompañada  y Diego López califió el momento como “un paso histórico hacia la modernización y la estabilidad definitiva de uno de los servicios más emblemáticos de nuestras costas”. Muñoz subrayó la seguridad jurídica a los profesionales del sector, permitiéndoles contar con un marco estable para invertir y planificar a medio plazo. Los nuevos contratos podrán alcanzar una duración de hasta ocho años.

Compromisos

Entre 2029 y 2030, Marbella entregará 500 VPP. Pareciera que de repente en Marbella se hubiese conocido que las VPP siempre han sido necesarias. Ahora Ángeles Muñoz nos dice que entre 3 o 4 años nos entregará 500 VPP. Es como hacer un reseteo, durante décadas Marbella perfeccionó una economía basada en urbanizaciones de lujo, hoteles, villas frente al mar y promociones orientadas al comprador internacional. Un proyecto que ha desembocado en una dificultad creciente para los que trabajan, han nacido y quieren vivir en la ciudad. Un atraco a mano armada, les robaron su ciudad. Al compromiso de Muñoz le salió por la calle de en medio Manuel Núñez al que le parece descabellado que conociendo cómo se manejan las cosas en el municipio se haga ese compromiso Para Manuel debemos esperar entre ¡7 u 8 años! Todo un plan de urgencia. Luego se enfadan las autoridades con uno. Lo cumbre es que Muñoz dijo de manera solemne: “Es un proyecto muy pensado, muy meditado, hecho dentro del propio Ayuntamiento” ¡Glup! Qué he hecho diosito.

Telarañas

La escena volvió a repetirse. En el pleno municipal del pasado viernes 29 el Partido Popular y VOX, juntos, rechazaron una propuesta del PSOE para destinar la Residencia de Tiempo Libre y el Albergue África a vivienda pública y alojamiento temporal para sanitarios, docentes y jóvenes trabajadores que no pueden asumir los precios actuales de la vivienda en el municipio. En lugar de debatir sobre esos inmuebles concretos, la mayoría del PP optó por dirigir la atención hacia otra reivindicación: reclamar al Gobierno de España la cesión del edificio de Capitanía de la Marina para futuras promociones de vivienda protegida. Nada se dijo, sin embargo, sobre el edificio vinculado a Juan Antonio Roca. La portavoz socialista, Isabel Pérez, calificó la situación de “insostenible y socialmente inaceptable”. Su crítica apunta a una contradicción difícil de ignorar en una ciudad donde resulta cada vez más habitual encontrar profesionales esenciales obligados a desplazarse largas distancias para trabajar o incluso a residir temporalmente en caravanas por la imposibilidad de acceder a un alquiler. Quizá el detalle más revelador llegó después del pleno. En el comunicado remitido por el Ayuntamiento a los medios para resumir los acuerdos alcanzados, el portavoz municipal, Félix Romero, no mencionó en ningún momento la Residencia de Tiempo Libre. El silencio resulta llamativo porque intenta desplazar la conversación desde una solución inmediata hacia proyectos futuros, políticamente menos comprometidos y administrativamente más cómodos. Romero aseguró además que “el Ayuntamiento viene trabajando desde hace años en iniciativas vinculadas a la vivienda pública y al alquiler asequible”. Una afirmación que inevitablemente choca con una realidad conocida por miles de residentes: Marbella continúa siendo uno de los mercados inmobiliarios más inaccesibles de Andalucía para trabajadores con rentas medias. Sobre quién gestionará la futura Residencia para Mayores, Ángeles Muñoz lo dejó claro:  será un equipamiento público porque el inmueble pertenece a la Junta de Andalucía, pero su gestión diaria recaerá en una empresa privada seleccionada mediante concurso. Así también se lo había adelantado un par de días antes a Latinpress.es: Mire, la gestión será pública”... El funcionamiento cotidiano del centro no corresponderá al Ayuntamiento, sino a una empresa especializada. Mientras tanto, otro conflicto vuelve a situar al Ayuntamiento de Marbella bajo presión. El partido animalista PACMA ha solicitado formalmente acceso a información pública tras la muerte de varios gatos comunitarios y la aparición de otros animales con síntomas compatibles con un posible envenenamiento en la urbanización Medina de Banús. La formación recuerda que la Ley 7/2023 obliga a los ayuntamientos a gestionar las colonias felinas mediante censos actualizados, programas de esterilización, identificación y atención veterinaria. Lo que comenzó como una denuncia vecinal podría terminar convirtiéndose en una cuestión de cumplimiento legal y responsabilidad institucional. La seguridad ciudadana constituye otro de los focos de confrontación política. Manolo Osorio insiste en denunciar un aumento de la inseguridad en San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía, señalando robos en comercios, actos vandálicos y una creciente sensación de abandono en determinados barrios. Según sostiene, el gobierno municipal utilizó el voto de calidad de la alcaldesa para bloquear una propuesta de “plan de choque” contra la inseguridad al considerar que no era necesaria. Sin embargo, añade, poco después se reforzó la presencia policial en algunas de las zonas señaladas por vecinos y comerciantes. Para la oposición, esa reacción supone el reconocimiento implícito de un problema que previamente se había negado. Pero es probablemente el urbanismo donde se está librando la batalla más importante. Ángeles Muñoz ha mantenido reuniones con empresarios de San Pedro Alcántara y del polígono de La Ermita para avanzar en una modificación de las normas urbanísticas que, según el Ayuntamiento, busca adaptar la regulación vigente a las necesidades actuales del tejido productivo. Los contactos continuarán. Lo que todavía no está claro es si ese mismo esfuerzo de interlocución se extenderá a colectivos vecinales, asociaciones ciudadanas y otros actores sociales afectados por los cambios. Desde IU-Por Andalucía Marbella observan la operación con creciente preocupación. Su portavoz, Manuel Núñez, advierte que las viviendas protegidas anunciadas por el gobierno local para 2029 y 2030 podrían tardar realmente entre siete y ocho años en estar disponibles. Además, alerta que la reforma urbanística puede acabar transformando los polígonos industriales en espacios cada vez más orientados hacia servicios turísticos, alojamientos y actividades de restauración. La acusación es contundente: un posible modelo de “urbanismo a la carta”.