Pareciera que la estrategia diseñada por Donald Trump para debilitar a Nicolás Maduro, le está dando oxígeno político. La ofensiva militar bajo la bandera del narcotráfico y la seguridad de los EE.UU., ha desplazado el eje central del conflicto —el fraude electoral y la erosión democrática— hacia un terreno mucho más favorable para el dictador. Poco a poco el bloqueo marítimo y aéreo para presentar a Maduro como un criminal internacional ha ido perdiendo credibilidad, dando paso al viejo conflicto entre imperialismo y soberanía. Trump ha logrado que Maduro no aparezca como el más grande usurpador del sistema democrático venezolano, sino como un líder de la izquierda latinoamericana asediado por el imperio. El régimen sigue en pie, el control interno se ha reforzado y las alianzas con actores como China y Rusia han permitido amortiguar los efectos del aislamiento. Además, lejos de debilitar al poder bolivariano, ha contribuido a cohesionar al chavismo y desplazar la conversación internacional desde la democracia hacia la seguridad. La política exterior de Trump parece obedecer a una regla muy simple: cuanto más “malo” es el adversario, peor castigo hay que infligir. Para eso los asesinatos a lancheros, un submarino nuclear y el portaaviones más grande del mundo. Exagerado, ¿no? Un Maduro criminal, narcotraficante, terrorista, ya no es un político, así que lo que cabe es la fuerza de la policía para detenerlo, no para recuperar la democracia. En ese terreno el chavismo sabe moverse bajo la épica antiimperialista, y mientras tanto, el fraude electoral de julio de 2024 —el núcleo del problema— queda relegado y con él, el discurso de la oposición venezolana. Ahora parece que Maduro es más bueno y que su pecado es ser narcotraficante, no un ladrón de elecciones. Trump ha olvidado, con la misma rapidez que las comenzó, las sanciones directas al cogollito de Maduro, quizá porque fue idea de Obama y Biden. También menosprecia la cooperación europea, la de la ONU y la de la OEA. Incluso es tan torpe que utiliza los gobiernos de Brasil y Colombia para atacar al socialismo en la región. Lo peor es que Maduro que debería estar aislado políticamente, parece blindado simbólicamente. Trump ha cerrado cualquier salida negociada lo que ha empujado a Maduro a reforzar el control interno con la excusa de la amenaza externa. ¡Menudo error el del hombre naranja! La oposición venezolana es, quizá, la principal damnificada de este giro. Su relato sobre la dictadura y la libertad, ha quedado atrapado en un complicado dilema: Si apoya la ofensiva estadounidense, es un agente del imperio, si la crítica, entonces están blanqueando al régimen. Es decir, ya no es un actor principal sino colateral. Si Corina Machado y Edmundo González Urrutia se acercan mucho a Washington, están a favor de la guerra contra el narcotráfico, no contra el fraude; si están a favor de nuevas elecciones, serán ambiguos y traidores a la patria. Parece que la única salida es politizar la crisis: devolverla al terreno de la democracia, del voto robado y de las instituciones secuestradas. No al bloqueo general, no a la intervención militar; sí al reconocimiento electoral, al fortalecimiento de sindicatos, prensa y sociedad civil, y a la presión internacional coherente. La política maximalista de Trump no deslegitima al régimen venezolano, lo está revitalizando.

Dentro del clásico municipal marbellí, la semana ha cerrado con más promesas y presupuestos que no convencen. En Marbella, la semana ha dejado un curioso contraste entre las certezas que se celebran y las promesas que siguen pidiendo prórroga. En el Hospital Universitario Costa del Sol , Dermatología, Aparato Locomotor y Neumología han logrado algo poco habitual en la política local: aprobar con nota. La certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía convierte a estos servicios en ejemplo de gestión clínica y mejora continua. Aquí no hubo alegaciones ni votos en contra, solo diplomas y una sensación poco frecuente de consenso. Fuera del hospital, el foco se desplazó al polígono industrial de San Pedro Alcántara, donde el Ayuntamiento ha firmado por fin el convenio para urbanizar su segunda fase. Para los propietarios, más que un trámite, es la salida de un limbo que frenaba inversiones y licencias. Para el Consistorio, un compromiso que ahora deberá superar la parte menos épica de la política municipal: cumplir plazos y ejecutar obras sin que el acuerdo se quede en titular. La residencia pública de mayores del Trapiche del Prado vuelve, una vez más, al centro del debate. Diego López fija ahora el 30 de junio de 2026 como fecha de apertura, mientras resuena la frase de la alcaldesa Ángeles Muñoz en 2024, cuando el objetivo era acabar la obra ese año y abrir en 2025. Y si algo ha puesto tensión política a la semana han sido los presupuestos municipales. OSP anuncia su voto en contra si no se incorporan partidas específicas para los distritos, convirtiendo la descentralización en el eje del conflicto. Izquierda Unida, por su parte, dispara con munición más gruesa: califica las cuentas de irreales, sitúa la vivienda en el centro del debate y propone desde un ambicioso plan municipal hasta un recargo fiscal que haría sudar a propietarios y pisos turísticos por igual. Golazo Certifican la calidad de Dermatología, Aparato Locomotor y Neumología del Hospital Universitario Costa del Sol. - Las unidades de Aparato Locomotor y Neumología han alcanzado el nivel Óptimo, el segundo más alto del modelo de acreditación, mientras que la Unidad de Dermatología ha logrado el máximo distintivo, el nivel Excelente, reservado a aquellos servicios que demuestran un grado sobresaliente de madurez organizativa, rigor clínico y cultura de mejora continua. La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es una entidad de evaluación y certificación que pertenece a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y está integrada en la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Los estándares de la ACSA están reconocidos por organismos de acreditación como la International Society for Quality in Healthcare (Isqua). Compromisos Se firmó el convenio de colaboración para urbanizar la segunda fase del polígono industrial de San Pedro Alcántara. - El convenio aprobado por el Ayuntamiento de Marbella representa, más que una solución técnica, un punto de inflexión político y económico. Para los propietarios, el limbo jurídico era una anomalía intolerable, un freno directo a la inversión, al acceso a la financiación y a la transmisión de activos. La recepción definitiva del polígono permitirá revalorizar las parcelas, normalizar licencias, facilitar operaciones de compraventa y atraer nuevas actividades. Ahora queda el resultado del examen: cumplir plazos, ejecutar obras y transformar un pacto sobre el papel en un polígono plenamente funcional. Telarañas El 30 de junio de 2026 se abrirá la Residencia Pública para Mayores. - La futura residencia pública para personas mayores del Trapiche del Prado avanza con acciones que, según el concejal Diego López , permitirá abrir el equipamiento en 2026. En 2024 Ángeles Muñoz fue explícita: “el objetivo es que durante este año se vaya concluyendo la obra y que en 2025 podamos aperturar la residencia de mayores pública”. Las actuales actuaciones —instalaciones, climatización, electricidad, revestimientos interiores y urbanización exterior— corresponden a la recta final de un proyecto complejo, tanto por su dimensión funcional como por su integración con un edificio histórico del siglo XVII. Diego López habla de plazos “firmes” y fija ahora el horizonte del 30 de junio como fecha de finalización. OSP anuncia su voto en contra a los presupuestos de Marbella. - El eje que vertebra buena parte del rechazo no es únicamente financiero sino territorial. La ausencia de presupuestos específicos para los distritos se ha convertido en el símbolo de un modelo de gestión percibido como excesivamente centralizado. Manolo Osorio dijo que en San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía hay proyectos aprobados por el Pleno que siguen sin ejecutarse: la accesibilidad en el puente del río Guadaiza hacia el recinto ferial, la renovación de la plaza Mariano Díaz Alonso, la falta de aparcamiento o la creación de nuevos parques caninos. El anuncio de un voto en contra si estas alegaciones no son incorporadas introduce un elemento de tensión política clara. Izquierda Unida califica a los presupuestos de irreales y propagandísticos. - El eje central es la vivienda. Manuel Núñez plantea un plan municipal de vivienda pública con una dotación de 10 millones de euros, rechaza la venta de suelo público y propone actuar directamente sobre las parcelas municipales evitando su venta y el consiguiente encarecimiento de los precios en hasta 30.000 euros por vivienda. Núñez no se queda corto, pide que la financiación se haga mediante un recargo del IBI (150%) a viviendas vacías y al alquiler turístico. Otra de las alegaciones es la recuperación de los presupuestos participativos con una dotación de 20 millones de euros, toda una crítica a la forma en que se toman las decisiones municipales.

Marbella. - En el Hospital Real de la Misericordia, el intendente Francisco Javier Florentino Ruíz tomó posesión esta semana como nuevo jefe de la Policía Local de Marbella. El nuevo jefe policial estuvo arropado por autoridades municipales, representantes de distintos cuerpos de seguridad y su entorno personal, fue menos una ceremonia de llegada que la confirmación de una trayectoria larga y conocida dentro del propio cuerpo. Florentino Ruíz no es un perfil externo ni una figura importada para tiempos convulsos. Su carrera se remonta a los años noventa y ha pasado por distintos niveles de responsabilidad, una experiencia que el Ayuntamiento subrayó como clave en un momento en que la seguridad urbana se ha vuelto una cuestión central en el debate público local. Marbella es hoy una ciudad con una población flotante elevada, una intensa actividad turística y retos crecientes en movilidad, convivencia y control del espacio público. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, presentó el nombramiento como una apuesta por el conocimiento interno y la continuidad operativa. Destacó la formación académica del nuevo jefe —licenciado en Criminología y especialista en tráfico y seguridad vial— y su “visión completa” del funcionamiento del cuerpo. En su primera intervención como jefe, Florentino evitó los grandes anuncios y optó por un discurso medido, centrado en conceptos recurrentes en la seguridad urbana contemporánea: cercanía con los vecinos, participación ciudadana, transparencia y modernización. Habló de nuevas herramientas y estrategias adaptadas a los desafíos actuales, pero también de algo menos tangible y quizá más complejo: reconstruir y fortalecer la confianza entre la policía y la ciudadanía en una ciudad marcada por contrastes sociales y territoriales. Uno de los ejes que más insistió fue la coordinación institucional. En Marbella, donde confluyen Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y múltiples servicios de emergencia, la eficacia no depende solo de recursos, sino de engranajes que funcionen sin fricciones. Florentino subrayó la buena relación existente entre cuerpos, un elemento clave en un contexto en el que la seguridad ya no se concibe como compartimentos estancos. El nombramiento llega, además, en un momento en que el Ayuntamiento ha puesto el acento en la modernización tecnológica del cuerpo: sistemas de videovigilancia, control del tráfico, gestión de la movilidad y formación especializada. El reto para el nuevo jefe será traducir esa inversión en resultados perceptibles para una ciudadanía cada vez más exigente y atenta a los indicadores de seguridad. Más allá del acto institucional, la toma de posesión de Florentino representa una apuesta por la estabilidad en un entorno urbano que cambia rápido. Marbella no busca un jefe policial que inaugure una etapa rupturista, sino alguien que conozca los resortes internos, sepa dónde están las carencias y pueda pilotar una transición gradual hacia una policía más tecnológica, más cercana y mejor coordinada. El nuevo jefe asume el cargo con una ventaja poco habitual: conoce el terreno. Ahora deberá demostrar que ese conocimiento basta para afrontar una Marbella cada vez más compleja.

Marbella. - La futura residencia pública para personas mayores del Trapiche del Prado avanza con acciones que, según el concejal Diego López, permitirá abrir el equipamiento en 2026. Esta promesa incumplida insistentemente durante años, busca cerrar uno de los compromisos sociales más reiterados del actual mandato municipal. En 2024, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, fue explícita: “el objetivo es que durante este año se vaya concluyendo la obra y que en 2025 podamos aperturar la residencia de mayores pública”. Esa declaración situó el proyecto no solo como una prioridad presupuestaria, sino como un hito simbólico: la primera residencia pública municipal para mayores, en una ciudad envejecida y con una oferta residencial privada inaccesible para buena parte de la población. A finales de 2025, la obra no está concluida, pero sí en una fase avanzada que permite una lectura más matizada. Las actuales actuaciones —instalaciones, climatización, electricidad, revestimientos interiores y urbanización exterior— corresponden a la recta final de un proyecto complejo, tanto por su dimensión funcional como por su integración con un edificio histórico del siglo XVII. No se trata ya de estructura o cimientos, sino del momento en que una obra empieza a convertirse en un espacio habitable. Sin duda, la residencia no es solo un edificio nuevo, es un complejo asistencial que debe cumplir estándares sanitarios, de accesibilidad, eficiencia energética y seguridad, y que además convive con el Trapiche del Prado, rehabilitado como centro de interpretación cultural. Esta dualidad —equipamiento social moderno y patrimonio histórico— añade valor al proyecto, pero también complejidad técnica y administrativa. Diego López habla de plazos “firmes” y fija ahora el horizonte del 30 de junio como fecha de finalización. El énfasis en el buen ritmo de ejecución y en la coordinación con la Junta de Andalucía busca reforzar la idea de que el retraso no responde a desidia, sino a la magnitud del proyecto. Sin embargo, para la ciudadanía —especialmente para las familias que esperan plazas públicas— el debate es menos técnico y más tangible. La residencia fue anunciada como una respuesta urgente a una demanda histórica. Cada mes adicional sin apertura prolonga una carencia estructural: la falta de recursos públicos para una población mayor que crece más rápido que la red de servicios sociales. El proyecto se mueve en una línea delicada. Por un lado, es innegable que Marbella está invirtiendo cerca de 10 millones de euros en un equipamiento que no genera rentabilidad económica directa, algo poco habitual en una ciudad donde gran parte del suelo y la inversión pública se orientan al turismo. Por otro, el retraso respecto al calendario inicialmente anunciado erosiona la credibilidad de los compromisos políticos, aunque la obra avance de forma sostenida. Si finalmente abre sus puertas en 2026, aunque sea en la segunda mitad del año, el gobierno municipal podrá reivindicar haber cumplido el fondo del compromiso, aunque no su calendario exacto. Si, por el contrario, la apertura se desplaza de nuevo, el proyecto pasará a engrosar la lista de infraestructuras sociales prometidas que llegan tarde, incluso cuando llegan bien hechas.

San Pedro Alcántara. Marbella. - Las críticas de OSP, a las cuentas del Partido Popular para 2026, se suma a las del partido socialista de Marbella, dejando en el ambiente una clara disputa por la falta de descentralización, realismo fiscal y el alcance del poder municipal. Para OSP es fundamental quién decide, desde dónde y para quién se gobierna la ciudad. Las críticas formuladas por Opción Sampedreña coinciden en un diagnóstico común: las cuentas nacen condicionadas, con previsiones de ingresos discutidas por los propios informes técnicos y con una parte sustancial de los recursos indisponible desde el inicio del ejercicio, convirtiéndolos en unos presupuestos poco ejecutables y a expensas de ajustes posteriores. Sin embargo, el eje que vertebra buena parte del rechazo no es únicamente financiero. Es territorial. Para OSP la ausencia de presupuestos específicos para los distritos —una figura clave en un municipio que se rige por la Ley de Grandes Ciudades— se ha convertido en el símbolo de un modelo de gestión percibido como excesivamente centralizado. Para el partido, esta carencia no es una omisión técnica, sino una decisión política que limita la capacidad de los barrios para definir sus propias prioridades. San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía concentran buena parte de estas críticas. En ambos distritos, proyectos aprobados por el Pleno siguen sin ejecutarse, mientras las decisiones presupuestarias continúan concentrándose en el núcleo central del Ayuntamiento. Entre las actuaciones no ejecutadas Manolo Osorio citó la accesibilidad en el puente del río Guadaiza hacia el recinto ferial o la renovación de la plaza Mariano Díaz Alonso, medidas para paliar la falta de aparcamiento o la creación de nuevos parques caninos. El cuestionamiento se extiende también al reparto del gasto. Mientras el presupuesto global crece, partidas vinculadas a colectivos sociales permanecen congeladas desde hace años, en contraste con el aumento de la publicidad institucional. Daniel Máhiquez, secretario general de OSP, denunció que, pese a que el gasto global aumenta un 10%, las ayudas a colectivos sociales permanecen congeladas desde 2021, mientras que otras, como la publicidad institucional, se incrementan de forma muy superior en un contexto preelectoral. Para OSP, esta asimetría revela una jerarquía de prioridades que privilegia la visibilidad política frente a la intervención social directa, especialmente en un contexto preelectoral. Las alegaciones Las propuestas presentadas como el reforzar las subvenciones sociales, dotar de recursos propios a los distritos o poner en valor infraestructuras y patrimonio local, buscan equilibrar el mapa de poder dentro del municipio. El NO avisado El anuncio de un voto en contra si estas alegaciones no son incorporadas introduce un elemento de tensión política clara. No se trata de una oposición testimonial, sino de una advertencia explícita: sin cambios sustanciales, las cuentas no contarán con el respaldo de quienes cuestionan su legitimidad territorial y social. En la práctica, el presupuesto queda así sometido a una disyuntiva clásica de la política local: aprobarse como expresión de estabilidad institucional o abrirse a modificaciones que reconozcan la diversidad interna de la ciudad. En ciudades complejas y fragmentadas como Marbella, los presupuestos funcionan tanto como instrumentos financieros como mapas de poder. Si el gobierno municipal incorpora o no las alegaciones dejará un mensaje político valorativo del ayuntamiento especialmente sobre los distritos: considerándolos como espacios administrativos o actores con capacidad real de decisión. Daniel Máhiquez, advirtió que el presupuesto nace supeditado a la aprobación del plan de ajuste por parte del Ministerio de Hacienda y con más de 67 millones de euros en recursos indisponibles desde el inicio del ejercicio. A esta circunstancia se suma una previsión de ingresos que, según los propios informes municipales, podría reducirse en hasta 37 millones de euros, lo que implica que las cuentas arrancan con una merma superior a los 100 millones, comprometiendo su ejecución real. Desde OSP se ha advertido del crecimiento de la deuda municipal, que podría superar los 270 millones de euros a finales de 2026, una situación que, a juicio de la formación, acabará repercutiendo en la ciudadanía a través de mayores cargas fiscales.

Marbella. - Las nueve alegaciones presentadas por Izquierda Unida a los presupuestos municipales de Marbella para 2026 no funcionan como un catálogo disperso de reivindicaciones sectoriales, conforman una impugnación del modelo de ciudad que el gobierno municipal viene consolidando desde hace años. El eje central de la propuesta es la vivienda. (1) La alegación que plantea un plan municipal de vivienda pública con una dotación de 10 millones de euros no se limita a pedir más inversión, sino que introduce una ruptura conceptual: rechaza la venta de suelo público como mecanismo habitual de financiación y propone, en su lugar, que el Ayuntamiento actúe directamente como promotor, para ejecutar directamente la parcelas municipales evitando su venta y el consiguiente encarecimiento de los precios en hasta 30.000 euros por vivienda. (2) La financiación mediante un recargo del IBI (150%) a viviendas vacías y al alquiler turístico apunta a una redistribución explícita de cargas, trasladando parte del coste de la crisis habitacional a quienes, según IU, se benefician de ella. (3) En paralelo, la modificación de la tasa de basuras introduce un principio poco habitual en la fiscalidad local de Marbella: la progresividad ambiental. Penalizar a las actividades más contaminantes y a las viviendas turísticas supone reconocer que el impacto urbano no es homogéneo y que el modelo económico dominante genera externalidades que hasta ahora han sido asumidas por el conjunto de la población. (4) La cuarta gran línea de las alegaciones es la participación ciudadana. La recuperación de los presupuestos participativos con una dotación de 20 millones de euros no es solo una propuesta económica, sino una crítica a la forma en que se toman las decisiones municipales. IU plantea devolver a la ciudadanía una capacidad de decisión directa sobre una parte sustancial del gasto público, algo que contrasta con un modelo de gobernanza más centralizado y orientado a la comunicación institucional. Las propuestas en materia social y de equipamientos ( 5 el centro juvenil municipal y 6 la adecuación del paraje de Puerto Rico como parque periurbano) refuerzan una idea sobre la infrautilización del espacio público como herramienta de cohesión social. Frente a una ciudad pensada para la inversión y los visitantes, Núñez habla de infraestructuras para la vida cotidiana de residentes jóvenes y familias. El bloque dedicado a la movilidad (7) es especialmente revelador. Retomar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y destinar tres millones de euros a reforzar el transporte público implica asumir que el actual modelo, basado en el uso intensivo del vehículo privado, es incompatible con una ciudad en crecimiento. Finalmente, las dos últimas alegaciones (8) la reducción de la publicidad institucional y (9) la eliminación de partidas que corresponden a otras administraciones— funcionan como cierre político. IU no solo cuestiona en qué se gasta el dinero, sino para qué se utiliza el presupuesto exigiendo menos inversiones ajenas y más atención a competencias propias. Las nueve alegaciones presentan una alternativa exigente pero coherente, que desplaza el foco del crecimiento económico hacia la redistribución, la sostenibilidad y la participación. Más allá de su viabilidad inmediata, el valor de la propuesta reside en obligar al gobierno municipal a responder si los presupuestos de Marbella están diseñados para gestionar una ciudad real o para sostener una imagen. Las alegaciones de Izquierda Unida no buscan tanto corregir cifras como disputar el relato de éxito sobre el que se construye la cuenta municipal.

San Pedro Alcántara. Marbella. - El acuerdo para culminar la segunda fase del Polígono Industrial de San Pedro Alcántara es el resultado de un proceso largo, marcado por la desconfianza mutua y la presión acumulada de más de cien empresarios que durante años han operado en un entorno sin recepción municipal ni servicios completos. El convenio aprobado por el Ayuntamiento de Marbella representa, más que una solución técnica, un punto de inflexión político y económico. El primer encuentro formal entre los empresarios y el Consistorio se produjo cuando ambas partes asumieron que el bloqueo ya no era sostenible. El pasado 25 de septiembre se constituyó en un serio intento de llegar a un acuerdo, pero estuvo marcado por los empresarios reclamando la recepción inmediata del polígono y una mayor implicación económica municipal, mientras que el ayuntamiento no fue a una negociación sobre el “si”, sino sobre el “cómo” y, sobre todo, el “quién pagaba”. Para los propietarios, el limbo jurídico era una anomalía intolerable, un freno directo a la inversión, al acceso a la financiación y a la transmisión de activos, mientras que para el ayuntamiento, la existencia de un polígono industrial inacabado desde los años noventa erosionaba el discurso institucional de ordenación y modernización urbana. El punto de giro llegó cuando ambas partes coincidieron en un diagnóstico compartido: sin una entidad que representara a los propietarios, cualquier solución sería inviable. La constitución de una entidad urbanística se convirtió así en la condición previa para desbloquear el proceso. Para los empresarios, suponía aceptar una mayor corresponsabilidad financiera y de gestión; para el ayuntamiento actuar como interlocutor único y garantía de ejecución ordenada. La inversión, cercana a los tres millones de euros, se reparte de forma proporcional entre los propietarios, con el ayuntamiento asumiendo su parte como titular de suelo y comprometiéndose además a inversiones estratégicas en saneamiento y abastecimiento. No hay rescate público ni delegación total en el sector privado, sino un modelo híbrido que reparte riesgos y responsabilidades. Desde el punto de vista empresarial, el pacto implica asumir costes ganando seguridad jurídica. La recepción definitiva del polígono permitirá revalorizar las parcelas, normalizar licencias, facilitar operaciones de compraventa y atraer nuevas actividades. Es una apuesta a medio plazo en un entorno económico que hasta ahora penaliza la estabilidad. El ayuntamiento resuelve una anomalía urbanística de más de veinte años y cierra un expediente incómodo, además de reforzar la imagen de gestión eficaz. El proceso, sin embargo, ha dejado una lección clara: el desbloqueo no llegó por un gesto unilateral, sino por la convergencia de intereses tras años de desgaste. Ahora queda el resultado del examen: cumplir plazos, ejecutar obras y transformar un pacto sobre el papel en un polígono plenamente funcional. Si en 2026 el área es finalmente recepcionada, el caso de San Pedro Alcántara quedará como ejemplo de cómo la presión del tejido productivo local puede forzar acuerdos institucionales largamente aplazados. Si no, volverá a confirmar que, en urbanismo, los consensos tardíos siempre caminan sobre una línea fina entre la oportunidad y el desencanto. La segunda fase del Polígono Industrial se sitúa en una parcela de 94.000m² cuyo desarrollo quedó inconcluso tras un proceso iniciado entre 1994 y 2000. La inversión prevista asciende a 2,87MM€ destinados a completar infraestructuras esenciales como viales, saneamiento, redes eléctricas, abastecimiento de agua y sistemas de gestión de residuos. Los propietarios de la segunda fase deberán constituirse en una entidad urbanizadora que asumirá la contratación y ejecución de las obras, mientras que el Ayuntamiento participará como propietario del 7% de los suelos y ejercerá la posterior recepción de las infraestructuras.

Istán. - Cuando la Sierra de las Nieves fue declarada Parque Nacional, el reconocimiento no sólo elevó el valor ecológico de uno de los últimos refugios del pinsapo en Europa; también obligó a repensar la manera en que sus pueblos se organizan para convivir con un espacio natural de máxima protección. Esta semana, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves dio un paso decisivo en esa dirección al aprobar una actualización jurídica que busca adaptar la institución a la nueva realidad del parque y convertirla en una herramienta clave para el desarrollo sostenible de la comarca. La Mancomunidad, que agrupa a ocho municipios —Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera— abre ahora la puerta a la incorporación de otras localidades vinculadas al Parque Nacional o a su zona periférica de protección, entre ellas Ronda, Benahavís, Igualeja o Parauta. La ampliación, además de territorial, también es política ya que se busca construir una gobernanza común para un espacio que trasciende los límites municipales. Para José Miguel Marín, presidente de la Mancomunidad y alcalde de Istán, la declaración del Parque Nacional impulsó el que nos adaptemos a su marco estatutario para estar a la altura del reto ambiental, social y económico que se presenta como comarca. Los nuevos estatutos, reunidos en 48 artículos, establecen como ejes estratégicos la promoción de un desarrollo económico compatible con la conservación, el impulso de un turismo de calidad y bajo impacto, y la protección de actividades tradicionales —como la ganadería extensiva o el aprovechamiento forestal sostenible— que han contribuido durante siglos a preservar el paisaje. Más allá de los objetivos económicos, la reforma refuerza los mecanismos de cooperación institucional y participación ciudadana. El texto incorpora fórmulas para coordinar a las administraciones locales con los niveles autonómico, estatal y europeo, y para integrar en la toma de decisiones a asociaciones, empresas locales y propietarios de terrenos dentro del espacio protegido. “No es solo una actualización administrativa”, resume su presidente. “Es una hoja de ruta para el futuro”.

Marbella.— El Hospital Universitario Costa del Sol ha obtenido esta semana un nuevo reconocimiento a la calidad de su atención sanitaria con la certificación de tres de sus unidades clínicas por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). Las unidades de Aparato Locomotor y Neumología han alcanzado el nivel Óptimo, el segundo más alto del modelo de acreditación, mientras que la Unidad de Dermatología ha logrado el máximo distintivo, el nivel Excelente, reservado a aquellos servicios que demuestran un grado sobresaliente de madurez organizativa, rigor clínico y cultura de mejora continua. La evaluación de la ACSA destaca en las unidades de Aparato Locomotor y Neumología resultados especialmente sólidos en ámbitos como los derechos del paciente, la continuidad asistencial, la seguridad clínica y la gestión por procesos. En Aparato Locomotor, los evaluadores subrayan la integración de la investigación en la práctica clínica y la presencia de un especialista en medicina familiar en la planta de hospitalización, una medida orientada a mejorar la atención integral de pacientes con patologías complejas. La unidad cumple el 85% de los estándares exigidos. En Neumología, que alcanza el 79% de los criterios evaluados, el informe pone el acento en la investigación clínica, la educación terapéutica al paciente y la implantación de consultas en acto único, un modelo que permite realizar diagnóstico, valoración y tratamiento en una sola visita. La unidad mantiene además una estrategia consolidada de prevención en enfermedades respiratorias de alto impacto, como el asma y la EPOC, y cuenta con acreditaciones de excelencia de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica para sus unidades de Asma y Sueño. La Unidad de Dermatología, certificada con el nivel Excelente tras cumplir cerca del 95% de los estándares, ha sido reconocida por su liderazgo en promoción de la salud y prevención del cáncer de piel. Desde 2021 impulsa el Proyecto Soludable, una iniciativa que extiende la fotoprotección y la educación sanitaria a ámbitos como el escolar, el laboral y el turístico, y que ha recibido numerosos premios a nivel nacional. La ACSA también resalta su intensa actividad investigadora, la estandarización de procesos clínicos y la consolidación de una metodología de mejora continua. Con estas acreditaciones, el Hospital Universitario Costa del Sol suma 15 unidades certificadas por la ACSA, un balance que refuerza su posición como uno de los centros de referencia en calidad asistencial en el sistema sanitario público andaluz Certificación ACSA La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es una entidad de evaluación y certificación que pertenece a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y está integrada en la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Su actividad de certificación se dirige a los centros y unidades sanitarias y de servicios sociales, a las competencias de los profesionales sanitarios y a la formación continuada, según el modelo de certificación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, buscando siempre la excelencia en la atención sanitaria y favoreciendo una cultura de la mejora continua. Los estándares de la ACSA para la certificación de centros y unidades están reconocidos por organismos de acreditación como la International Society for Quality in Healthcare (Isqua).