Denuncian falta de transparencia en las VPP
Manuel Osorio • 26 de febrero de 2026
OSP denuncia opacidad en la gestión de las 84 viviendas públicas en San Pedro Alcántara.
San Pedro Alcántara. Marbella. -
Para la organización política municipal, Opción Sampedreña, el caso de las 84 viviendas de protección pública en San Pedro Alcántara pone de manifiesto varios problemas estructurales en la gestión de la vivienda pública que van más allá de una promoción concreta: Falta de transparencia, deficiencias administrativas y un modelo de colaboración público-privada cuestionable.
Para el portavoz de OSP, Manuel Osorio, resulta grave que mes y medio después del sorteo, las personas adjudicatarias no dispongan de información esencial como el precio final, las condiciones económicas reales o la aplicación concreta de las ayudas anunciadas.
En una política pública tan sensible como la vivienda protegida, esta incertidumbre no es un detalle menor: afecta directamente a la planificación vital y financiera de las familias.
Precios
Las horquillas de precios contradictorias (de 170.000 -- 240.000€ inicialmente a 150.000 -- 260.000€ posteriormente) erosionan la confianza en el proceso. En vivienda protegida, la previsibilidad es tan importante como el precio en sí.
Exigir ahorros previos de hasta 80.000 euros plantea deja muy claro a qué perfil social está realmente dirigida esta promoción.
El suelo público
Para Osorio uno de los puntos más críticos es la venta del suelo municipal a promotoras privadas. El suelo público es, en teoría, la principal herramienta de las administraciones para abaratar el precio final de la vivienda. Cuando esa ventaja se pierde —o incluso encarece el resultado final— el objetivo social de la promoción queda seriamente comprometido.
El portavoz asegura que la venta del suelo crea un sobrecoste estimado de entre 25.000 y 32.000 euros por vivienda, lo que sugiere que el modelo elegido prioriza la viabilidad económica del promotor frente al interés general.
Esto resulta especialmente problemático tratándose de una promoción con alta demanda social (más de 3.000 solicitantes).
La inclusión de 400m² destinados a locales comerciales, que podrían haberse transformado en varias viviendas adicionales, plantea dudas legítimas sobre las prioridades urbanísticas. En un contexto de emergencia habitacional, cada metro cuadrado cuenta.
La incertidumbre sobre el destino final de estos locales y su posible venta en beneficio del promotor Vimpyca, aunque sea una entidad sin ánimo de lucro, exige máxima claridad, ya que cualquier rendimiento económico indirecto puede repercutir en el equilibrio del proyecto.
Procedimientos de adjudicación
Las dudas expresadas sobre adjudicaciones anteriores y el temor a que no se agoten correctamente los listados de suplentes afectan a un elemento clave: la legitimidad del sistema.
Sin reglas claras, públicas y verificables, el proceso pierde credibilidad y se alimenta la percepción de arbitrariedad.
Manuel Osorio también advierte que las solicitudes formales para conocer los precios no han sido atendidas con información concreta, sino remitidas a enlaces genéricos ya publicados.
Mientras tanto, las familias afectadas no saben si podrán afrontar la compra. Otro punto considerado como muy necesario de aclarar es la ayuda anunciada a las personas beneficiarias de 15.000€ para la entrada, cuya fórmula de aplicación no aparece claramente recogida en las bases de ejecución, por lo que no saben si se aplica al precio de la vivienda o si ese importe es ya habiendo descontado la ayuda.
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