Trump: Desprecio por la vida
Teresa Gil • 2 de julio de 2025
Libros de ayer y hoy… Trump: el desprecio a la vida.

La vida del ser humano no le pertenece a los estados. Eso no está a discusión, cosa que no han entendido los que aplican la pena de muerte.
O crean condiciones para generarla. La apertura del penal Alcatraz de los Caimanes (Alligator Alcatraz) inaugurado por el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump con toda alharaca en Miami, expresa el desprecio que alguien tiene por la vida de los demás, cuando el derecho a nivel mundial ha tratado de generar vías humanas de transformación, de búsqueda de reinserción y en todo caso, penas que puedan cumplirse dentro de la dignidad de lo humano.
Crear una prisión que carece de todas las vías de esos cambios, aislado en un sitio sin comunicación en un gran humedal Everglades, rodeado de bestias acuáticas y en las peores condiciones, es una forma explícita de desprecio elemental a la vida y la creación paulatina de la destrucción.
En la gran mayoría de los países del mundo se han tratado de crear prisiones que conserven el halo humano en los que han sido criminales, porque en la medida en que estos vean valorada su vida, la misma sociedad gana, se enriquece con cambios y mejores formas de vida. Trump en su formación elemental, desconoce esos derechos.
PARA TRUMP LA LIBERTAD Y LA VIDA DE LOS DEMÁS, NO INTERESAN
La legislación interna define las sanciones que se deben de aplicar, pero hay principios internacionales y lo consigna la ONU al recalcar el respeto a la vida.
Eso significa en cualquier situación. Por eso extraña que haya todavía tantos países que tienen la pena de muerte, poderosos como China, Egipto, Estados Unidos, Irán, Irak entre otros. Frente a 112 que que la han eliminado, entre ellos México.
En este momento, la vida y la libertad de los demás para Donald Trump no tiene importancia y no hay que sorprenderse por el hecho, sino porque se produzca en estos tiempos. Los que ejercían el poder a lo largo de los siglos se creyeron dueños de las vidas ajenas.
Se mandaba a matar simplemente o ante la presión de los derechos que iban surgiendo, crearon sanciones específicas violatorias, entre ellas la pena de muerte.
Se argumentaba que estaban en la ley. La gran mayoría de los países en el mundo llegó a tener un tipo de pena de muerte, la inmersión envuelta en sacos, la guillotina, la horca, el fusil, la decapitación, la silla eléctrica, las pastillas mortales, la inyección letal, el gas, entre otras.
Y ahora, como lo está buscando Trump, un lugar inhóspito. Y tuvieron que surgir los grandes humanistas para que al filo de la presión social, las cosas vayan cambiando.
Pero siempre quedaron los malos resabios y las mentes alteradas. En Estados Unidos todavía hay 27 estados que se consideran dueños de la vida de sus ciudadanos y tienen vigente la pena de muerte.
En éstos se encuentran varios que nos pertenecieron Texas, Arizona, California, Nevada entre otros.
HASTA LOS REVOLUCIONARIOS MEXICANOS CAYERON EN LA VENGANZA PRIVADA
La no alternativa humanística, llevó a muchos países a aplicar la pena de muerte y pese a tener leyes, basándose de hecho en la venganza privada: el que a hierro mata, a hierro muere, como dice la biblia. Sobre todo en el caso de los atentados.
A los que atentaron contra Álvaro Obregón y al que lo mató, los fusilaron aplicando muerte por muerte.
Eso ha tratado de paliarse a través de leyes con sanciones de acuerdo al delito cuando no existe la pena de muerte, aunque en la vida real los delincuentes fueran muertos misteriosamente en las cárceles o en presuntos suicidios.
Lo que está tratando de hacer Trump con lo que él considera delincuentes peligrosos “migrantes criminales” que merecen la cárcel que les instala, es aplicar lo que se hace en otros países radicales.
Pero sirve además para alertar ideas cuando hay un movimiento casi global de humanizar las cárceles y en todo caso enfrentar los problemas que llevan al delito. Pero eso no creemos que a Trump le interese.
La opinión del autor no coincide necesariamente con la de Latinpress.es Colaboración especial para LatinPress®. laislaquebrillaba@yahoo.com.mx

San Pedro Alcántara, Marbella. — En un momento en que el comercio electrónico y las grandes superficies presionan con fuerza, las pequeñas tiendas intentan redefinir su papel en la vida urbana y Marbella ha decidido poner el foco en ellas. El ayuntamiento respalda unas jornadas organizadas por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (Apymespa) junto con la Universidad de Málaga, que reunirán a expertos, empresarios y académicos los días 7 y 8 de octubre en la Oficina de Turismo de San Pedro. Con el lema: “El comercio minorista como elemento dinamizador de la recuperación urbana de los municipios”, la propuesta busca demostrar que las tiendas de barrio son algo más que escaparates: son nodos de empleo, cohesión social y vitalidad comunitaria. “Es difícil imaginar una ciudad sin comercios locales”, reconoció José María Moreno, vicepresidente de Apymespa. “Pero la competencia de las grandes superficies y el auge del comercio online nos obligan a repensar nuestras fortalezas y debilidades”. El programa incluye ponencias de especialistas en retail y urbanismo, como Celestino Martínez, Carlos García Perujo y Agustín Rovira Lara, además de mesas redondas con líderes empresariales de distintos sectores. Se debatirá sobre estrategias claras —no improvisadas, como subrayó el decano de la Facultad de Marketing y Gestión de la UMA, Benjamín del Alcázar— para fortalecer la competitividad de un sector que, según él, resulta esencial para la “revitalización de los centros urbanos”. El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, fue más directo: “El comercio minorista no solo genera empleo; mantiene vivo el pulso de la ciudad”. La cita se presenta como un laboratorio de ideas y contactos para comerciantes, emprendedores y agentes urbanos, en un escenario en el que la supervivencia de la tienda de proximidad se entrelaza con el futuro de la vida urbana misma. Toda la información sobre las jornadas se puede consultar aquí.

Marbella, España. — En pleno corazón de la ciudad y, a pocos metros de viviendas y comercios, se levanta el Pecho de las Cuevas, un enclave natural de más de cuatro hectáreas que, según Izquierda Unida, se encuentra sumido en el abandono. La denuncia parte de Manuel Núñez, líder local de Izquierda Unida (IU), quien describe el paraje como “un verdadero polvorín”: cubierto de maleza, arbustos secos y árboles caídos, un paisaje que, en sus palabras, refleja “el olvido sistemático de los espacios públicos por parte del Ayuntamiento de Marbella”. El señalamiento llega en un año especialmente sensible para España, marcado por numerosos incendios forestales y en un contexto de mayor vulnerabilidad climática. Núñez sostiene que la dejadez no solo representa un problema de conservación, sino un riesgo real para la seguridad de los vecinos al encontrarse en el centro del casco urbano. En 2021, el Ayuntamiento anunció un ambicioso proyecto de regeneración y recuperación medioambiental para la zona. Cuatro años después, IU afirma que poco ha cambiado: “El plan quedó en el olvido, como tantos otros, mientras se priorizan grandes eventos y operaciones de imagen”, reprocha Núñez, en referencia a la alcaldesa Ángeles Muñoz. El dirigente de IU recurre incluso a la normativa municipal, que obliga a los propietarios —incluido el propio Consistorio— a mantener sus parcelas limpias para garantizar salubridad y seguridad. “¿Cómo se puede sancionar a un vecino que no limpia su terreno, cuando el Ayuntamiento incumple en pleno centro urbano?”, plantea. La crítica se extiende también a la Ley estatal de Montes, que impone a los titulares de suelos forestales la obligación de mantenerlos en condiciones de seguridad como medida de prevención. En la práctica, advierte Núñez, la falta de gestión convierte el enclave en un ejemplo de la distancia entre la normativa y la realidad local. Izquierda Unida reclama ahora medidas inmediatas: la retirada de residuos, el desbroce de la vegetación seca y la revisión del arbolado. Al mismo tiempo, exige transparencia en la gestión, pidiendo al Ayuntamiento que identifique públicamente a la empresa adjudicataria del contrato de conservación y detalle los mecanismos de control para garantizar su cumplimiento. Para IU, la situación del Pecho de las Cuevas trasciende lo medioambiental. Es, aseguran, “una metáfora del modo en que se gobierna Marbella: una ciudad que exhibe modernidad y lujo, mientras descuida lo básico”.

San Pedro Alcántara. Marbella. - La instalación de 70 nuevas papeleras en San Pedro Alcántara, con un diseño más hermético y capacidad más que duplicada, simboliza algo más que un gesto de modernización urbana. Es un recordatorio de cómo las ciudades costeras, presionadas por la afluencia turística y las demandas de sus residentes, buscan constantemente fórmulas para mantener su espacio público limpio y atractivo. El Ayuntamiento de Marbella ha apostado por infraestructuras más resistentes y funcionales, con detalles tan específicos como ceniceros integrados para combatir un residuo tan común como incómodo: las colillas. El gesto, sin embargo, no es únicamente técnico. Es también político. El concejal de Limpieza, Diego López, apeló directamente a la “responsabilidad compartida” de los vecinos. En otras palabras: la inversión no servirá de nada si los ciudadanos deciden usar las papeleras como contenedores de basura doméstica. La insistencia en la corresponsabilidad revela un dilema cada vez más visible en la gestión urbana: los gobiernos locales pueden renovar, mejorar y optimizar los servicios, pero la verdadera eficacia se juega en el terreno de los hábitos cotidianos. Marbella no es una excepción. Los Horarios El debate más delicado, sin embargo, se encuentra en los horarios. El Consistorio mantiene unas franjas estrictas para sacar la basura: de 20.00 a 23.00 horas en verano, y de 19.00 a 23.00 en invierno. El argumento es claro: reducir olores y facilitar la recogida nocturna, sin embargo, algunos piensan que no es realista limitar a tres o cuatro horas un gesto tan básico como depositar residuos en una ciudad que vive, literalmente, hasta la medianoche. En un entorno turístico como el de San Pedro Alcántara, donde la vida social se prolonga y la actividad comercial se extiende más allá de la franja oficial, el riesgo es obvio: que la norma se incumpla sistemáticamente y las bolsas de basura aparezcan en las aceras a cualquier hora. Un escenario que convierte la regla en letra muerta y el esfuerzo institucional en un ejercicio frustrante. Así que, el equilibrio está en la gestión de las instituciones y el buen hacer de los ciudadanos.

San Pedro Alcántara, Marbella. — La tensión política en Marbella vuelve a trasladarse a la calle. Este viernes, 3 de octubre, vecinos de San Pedro Alcántara, Nueva Andalucía, Las Chapas y Marbella están llamados a concentrarse en la Plaza de la Iglesia de San Pedro para exigir un “cambio de rumbo” en la gestión municipal encabezada por la alcaldesa Ángeles Muñoz, del Partido Popular. El movimiento lo impulsa Opción Sampedreña (OSP), liderado por Manuel Osorio, un partido local que en los últimos años ha hecho de la denuncia del “abandono institucional” su bandera. Sus dirigentes aseguran que la situación actual se refleja en “playas sucias, colegios deteriorados, instalaciones deportivas cerradas y un paseo marítimo en estado de dejadez”. “El malestar ciudadano crece porque las promesas de inversión no llegan”, dijo Osorio, concejal de OSP, que acusa al ayuntamiento de priorizar “el maquillaje político” sobre las necesidades reales de los barrios. Entre las críticas también figuran la falta de mantenimiento en centros educativos, la ausencia de sombra en patios escolares y la cesión del recinto ferial a intereses privados, que —según el partido— limita el acceso de asociaciones locales. La protesta del viernes busca canalizar esa indignación en una convocatoria abierta a todos los residentes. La cita ha sido difundida en redes sociales y en reuniones vecinales con un mensaje directo: “Márchese, señora Muñoz”.

San Pedro Alcántara, Marbella. — El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado la construcción de 132 viviendas en régimen de alquiler tasado en San Pedro Alcántara, un proyecto de 13,1MM€ que se integra en el Plan Municipal de Vivienda. La promoción, situada en el ensanche sur, consta de dos edificios residenciales con garajes, trasteros, zonas verdes privadas y piscina comunitaria, afirmó Javier García, teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, al anunciar la medida. En la misma zona ya se levantan 84 viviendas protegidas, previendose aprobar en breve otras 40 en régimen de alquiler público. A ello se suman 143 inmuebles en desarrollo junto a la carretera de Ronda, destinados a la venta. En total, el consistorio calcula que en el corto plazo se pondrán en marcha 399 viviendas en San Pedro Alcántara. La meta es alcanzar unas 800 unidades en los próximos cinco años. Para Eduardo Díaz la clave será agilizar los plazos, permitiendo que las obras de urbanización y la construcción de las promociones avancen en paralelo. El Ayuntamiento también prepara un nuevo desarrollo residencial con un fuerte componente de vivienda protegida, que contribuiría a completar la trama urbana de San Pedro.

Marbella. — En un país donde poseer vivienda se ha convertido en una quimera para buena parte de la clase media, Alejandro Criado, abogado urbanista y presidente del Club de Empresarios y Profesionales de Marbella, sostiene un argumento que descoloca el debate habitual: el verdadero problema no es la legislación urbanística, sino el acceso al crédito y la falta de oferta. Criado, en su doble papel como jurista especializado y portavoz de uno de los colectivos empresariales más influyentes de la Costa del Sol, se sitúa en un lugar privilegiado para observar la tensión entre el sueño español de la propiedad y las barreras que lo hacen cada vez más distante. En su última intervención trazó un paralelismo provocador: en los años 60 y 70, cualquier pareja con tres o cuatro hijos podía pagar una casa en 15 años, hoy, incluso un matrimonio sin hijos puede tardar 40, y a menudo se le empuja hacia el alquiler. Su diagnóstico es implacable: la banca ya no financia como antes, y la vivienda protegida, que representaba el 90% de lo que se construía en la España desarrollista, apenas alcanza el 10% en la actualidad. El trasfondo financiero de esta crisis es, a juicio de Criado, un cóctel envenenado. La “democratización” de las cajas de ahorro en 1985 abrió la puerta a la politización de sus órganos rectores, mientras que la burbuja de los 2000 dejó cicatrices en el sistema bancario que hoy se traducen en rigidez crediticia. “Los bancos no tienen capacidad suficiente para que los créditos puedan fluir”, lamenta. Marbella, epicentro del turismo residencial y del mercado inmobiliario de lujo, es un espejo ampliado de estas tensiones. La demanda extranjera sostiene precios elevados mientras que las familias locales, con salarios desconectados de ese mercado global, encuentran pocas opciones asequibles. Criado denuncia que la oferta de vivienda protegida es raquítica y que la actual legislación andaluza, junto con la Agenda Urbana nacional, limita todavía más la expansión del suelo disponible. El discurso de Criado desafía la narrativa más común, aquella que responsabiliza casi en exclusiva a la normativa urbanística de los males del mercado. Su lectura coloca el foco en el sistema financiero y en una política de vivienda pública prácticamente desaparecida desde los años 80. El abogado plantea, en definitiva, un dilema que va más allá de Marbella y de Andalucía: ¿puede España recuperar la capacidad de construir vivienda asequible para las nuevas generaciones o seguirá atrapada en un mercado donde la propiedad se convierte en lujo y el alquiler en condena? La respuesta, sugiere Criado, no está solo en los planes generales o en las leyes del suelo, sino en el corazón del sistema financiero y en la voluntad política de reactivar un parque público de vivienda que alguna vez sostuvo el acceso a la propiedad de millones de españoles.

Marbella. - El Ministerio de Justicia ha adelantado su decisión de ampliar las competencias de los juzgados de violencia de género para que asuman todos los delitos sexuales cuando la víctima sea mujer. Hasta ahora, estos juzgados sólo intervenían en casos relacionados con la pareja o expareja de la víctima. A partir del 3 de octubre, pasarán a conocer también delitos de agresión sexual, abusos y trata de mujeres, ampliando así su campo de acción en consonancia con el Convenio de Estambul, el tratado internacional que insta a los Estados a abordar la violencia contra las mujeres como un fenómeno integral y no fragmentado. 50 plazas La creación de 50 nuevas plazas judiciales y 42 de fiscales supone un cambio de paradigma ya que, por primera vez, los órganos especializados con formación en igualdad y perspectiva de género serán los que se encarguen de toda esta tipología delictiva. Las 50 plazas judiciales y las 42 de fiscales, se irán incorporando progresivamente a partir de octubre. El aumento de jueces, del 42%, será muy superior al aumento de carga de trabajo calculado por el CGPJ, que es del 12'9% de media. La medida, además, no se limita a reforzar la maquinaria judicial: busca prevenir la revictimización, un problema crónico del sistema en el que las víctimas se ven obligadas a repetir su testimonio ante múltiples instancias poco sensibilizadas. El ministerio también informó que, además, con la aprobación de la futura Ley para la ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial y fiscal, se podría llegar al 47% en los próximos meses. Más competencias con más jueces De las 50 plazas creadas, 8 entran en funcionamiento en octubre en Ayamonte y Marbella (Andalucía); Arona (Canarias); L'Hospitalet de Llobregat (Catalunya); Llíria y Vila-Real (Comunitat Valenciana); Manacor (Illes Balears) y Arganda del Rey (Madrid). Las 42 restantes entrarán en funcionamiento en diciembre cuando se creen los correspondientes Tribunales de Instancia. Entre tanto, el Ministerio dotará a los juzgados de los refuerzos temporales necesarios, a través de jueces sustitutos o de jueces en comisión de servicio. Ya se han autorizado las primeras medidas de refuerzo en Palencia, Ferrol (Galicia), Inca, Eivissa y Palma (Baleares), Las Palmas y Arrecife (Canarias) y Barcelona. Y tan pronto como reciba las nuevas solicitudes del CGPJ las aprobará. Marbella Marbella figura entre los primeros municipios en recibir uno de estos refuerzos judiciales. La ciudad, conocida como destino turístico de lujo, también enfrenta retos sociales profundos: un notable incremento de población flotante, desigualdades marcadas y una creciente preocupación por los delitos vinculados a la explotación sexual. Ya han sido convocadas las 41 nuevas plazas de fiscales creadas en junio y la número 42 ya ha sido adjudicada. Hasta su plena incorporación, el ministerio también aprobará todas las medidas temporales de refuerzo que la Fiscalía considere necesarias. Las 7 primeras ya han sido autorizadas para que se incorporen en las próximas semanas. La llegada de un juzgado reforzado con competencias ampliadas envía el mensaje de que la lucha contra la violencia de género y la trata no se detiene en los centros metropolitanos, sino que alcanza territorios donde la presión social y económica puede invisibilizar estas problemáticas. En este sentido, Marbella se convierte en un laboratorio de cómo los nuevos juzgados especializados pueden operar en zonas con alta diversidad social y demográfica, donde confluyen residentes locales, migrantes y un turismo masivo que a menudo alimenta redes de explotación. La apuesta del Gobierno responde a una lógica evidente: la violencia contra la mujer se combate con leyes, pero también con más medios y formación a quienes deben garantizar que esas leyes se cumplan. La creación de plazas y el despliegue progresivo en ciudades como Marbella reflejan un intento de pasar de la teoría a la práctica.

Marbella. — El Ayuntamiento anunció que cerrará 2025 con una inversión superior a los 27MM€ en seguridad, la mayor cifra en la historia de la Policía Local de la ciudad. La partida, presentada este fin de semana por el concejal de Seguridad, José Eduardo Díaz, refleja una apuesta por consolidar a Marbella como un destino turístico seguro y reforzar los recursos del cuerpo. “Para este equipo de Gobierno es una prioridad absoluta”, afirmó Díaz, quien presidió el acto institucional en honor a los patronos de la Policía Local en el Teatro Ciudad de Marbella. Según el edil, la estrategia municipal combina la ampliación de personal con la modernización tecnológica, incluyendo la expansión del sistema de videovigilancia y la consolidación de unidades especializadas, como la de drones y la de playas. En los últimos años se han incorporado 80 nuevos agentes y cerca de 40 mandos, con 20 plazas más previstas para 2026. “La ciudad es hoy reconocida como un destino seguro, y ese es el resultado de una gestión basada en la inversión constante en medios, tecnología y capital humano”, sostuvo Díaz. El evento sirvió también para entregar condecoraciones a agentes y colaboradores. Entre los reconocidos estuvieron los policías Juan Manuel Ramallo, Steven Michael Lander y Alejandro Castillo, galardonados por su trayectoria; así como Francisco Javier Flores, jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil; José María Toribio, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía; y el empresario Joaquín Sáez.

Marbella. - La ciudad ha lanzado un plan de conservación de centros educativos que combina dos elementos poco habituales en la gestión pública: planificación a largo plazo (5 años) y financiación estable (1.3MM€) La ciudad invertirá 1,3MM€ cada año, durante los próximos cinco años, para ejecutar actualmente más de 180 intervenciones en colegios, guarderías y bibliotecas. El programa no se limita a reparaciones menores, incluye desde el cambio de cerraduras y persianas hasta obras más ambiciosas como la renovación de pistas deportivas, impermeabilización de cubiertas, adaptación de accesos para estudiantes con movilidad reducida o la sustitución de luminarias por sistemas LED. Este último punto conecta con una tendencia global: reducir la huella energética de los edificios escolares, un frente donde España aún arrastra retrasos respecto a países del norte de Europa. El valor simbólico de estas inversiones también es significativo. En declaraciones durante una visita al CEIP Juan Ramón Jiménez, la directora del centro afirmó que las mejoras convierten al colegio “en el hogar que todos queremos para los estudiantes”. Esa frase trasciende lo técnico: un edificio escolar no es solo ladrillo y pintura, sino un espacio donde se construye comunidad y se moldea la experiencia educativa. El reto, como siempre, estará en la ejecución. La experiencia internacional muestra que los planes de mantenimiento a cinco años corren el riesgo de diluirse por cambios políticos, retrasos en adjudicaciones o sobrecostes imprevistos. Marbella, al adjudicar a una empresa local y definir un contrato marco, parece haber apostado por un modelo de gestión más cercano, con capacidad de respuesta inmediata. Si cumple su promesa, el municipio se convertirá en un ejemplo de cómo invertir en la escuela pública no solo mejora aulas, sino también fortalece el tejido social.

Marbella. – Para Alejandro Criado, abogado urbanista y presidente del Club de Empresarios y Profesionales de Marbella, el debate sobre la vivienda en España no está donde la mayoría lo sitúa. Ni las normativas urbanísticas, ni la maraña burocrática explican por sí solas por qué una pareja joven tarda hoy hasta 40 años en pagar una vivienda que sus padres, con varios hijos y salarios modestos, podían liquidar en 15. El verdadero nudo, sostiene, está en dos factores que se retroalimentan: la dificultad de acceder a crédito y la escasez de oferta. El argumento arranca en el pasado. En los años 60, España construía hasta 200.000 viviendas protegidas al año, el 90% del total. Hoy esa cifra apenas alcanza las 8.000 o 10.000, menos del 10%. En paralelo, los bancos han endurecido las condiciones de acceso a hipotecas tras el estallido de la burbuja en 2008 y los excesos de las cajas de ahorro en los años 80 y 90. Donde antes se financiaba incluso el 110% del valor de una vivienda, ahora el límite es el 80%, lo que se traduce rápidamente en que para un piso de 250.000€, una familia debe aportar 75.000 en ahorros previos, una barrera que excluye a gran parte de los jóvenes. A la contracción del crédito se suma un problema elemental de oferta. En 2008 sobraban 600.000 viviendas; hoy falta un millón. La lógica es básica: cuando la demanda supera a la oferta, los precios se disparan. Y en un mercado donde la vivienda protegida es residual, la presión recae en el segmento privado, encareciendo aún más el acceso. Criado se aparta de un lugar común en la conversación pública: el peso de las leyes urbanísticas. La liberalización del suelo en 1998, recuerda, amplió las posibilidades de construcción, aunque los ayuntamientos mantuvieron la capacidad de proteger terrenos. Sobre la legislación andaluza actual, afirma, añade trabas con informes sectoriales que ralentizan los planes generales. La actual legislación andaluza, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), dice, tiene poca disposición para la construcción de vivienda, y añade otra dificultad: la gran cantidad de informes sectoriales que requieren los planes generales. Y la Agenda Urbana de 2019 fija un horizonte en el que las ciudades “no crezcan”, consolidando una política que, en su visión, prioriza la contención sobre la asequibilidad. El análisis de Criado ilumina una paradoja española: mientras las políticas oficiales se concentran en ordenar el territorio, la brecha entre salarios y precios de vivienda se amplía hasta hacer casi imposible el acceso. El país que hace seis décadas ofrecía vivienda accesible a la mayoría, hoy enfrenta una generación atrapada entre alquileres elevados, hipotecas prohibitivas y la promesa lejana de un mercado que no construye lo suficiente.